Illa ignoró el informe que advertía de que prohibir la compra de pisos para invertir era inconstitucional

Poco le duró el respiro vacacional a Salvador Illa. El presidente de la Generalitat cerró el curso político el pasado viernes, pero apenas han pasado unos días de agosto y el dirigente del PSC ya ha encajado un sonoro revés a una de sus medidas estrella en materia de vivienda: el polémico veto a la «compra especulativa» de vivienda –esto es, para invertir–, que este martes recibió un severo reproche por parte del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE).

El CGE, la más alta institución jurídico-consultiva de la Generalitat de Cataluña, hizo público un dictamen realizado en respuesta a sendos recursos interpuestos por los grupos parlamentarios de PP y Junts en el que constataba que la propuesta para modificar la ley de urbanismo impulsada por el Govern y los Comunes –con el apoyo de ERC– vulnera los artículos de la Constitución relativos a los derechos a la propiedad y a la herencia, así como a los que se refieren a la libertad de empresa.

El CGE también señaló una falta de «suficiente certeza y previsibilidad» en la norma, destacó que el texto vulnera el principio de seguridad jurídica y apuntó que también contraviene el Estatuto de Autonomía en lo relativo a la competencia en materia de derecho civil. Además, según el CGE, también se invade la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales.

Illa estaba avisado

Aunque el dictamen no es vinculante, sí marca el camino que puede tener la norma si llegara a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, cosa que el PP ya ha anunciado que hará en el caso de que Illa y sus socios no den marcha atrás. El análisis del CGE es contundente e inequívoco, pero no es nuevo: hace un mes se hizo público un informe que iba en la misma dirección que el dictamen del CGE, pero fue ignorado por Illa y por su consejera de Vivienda, Sílvia Paneque.

Se trata del estudio que presentó la asociación de propietarios de viviendas Som Habitatge, elaborado por los profesores Sergio Nasarre y Héctor Simón, responsables de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili (URV). «La conclusión es clara: tal y como está planteada ahora, la ley es inconstitucional», resumía Cristina Rúbies, miembro de la junta de SH, en la rueda de prensa de presentación del estudio.

Este martes, los propietarios celebraban que el CGE les diese la razón: «Más escuchar y menos sectarismo», reclaman a la Generalitat en una publicación en X. En la misma red social, el profesor Nasarre añade que «lo más lamentable es que el Govern y Salvador Illa amparen e impulsen esta iniciativa».

Por su parte, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) ha exigido la «retirada inmediata» de la proposición de ley tras conocerse las conclusiones del CGE. Su presidente, Xavier Vilajoana, tilda el dictamen de «demoledor» y asegura que este «deja claro que esta proposición de ley no se aguanta ni por las formas ni por el contenido».

A la casilla de salida

Aunque el dictamen del CGE no es vinculante, como decíamos, su contundencia obliga al gobierno autonómico a replantearse su estrategia si no quieren que la nueva ley nazca en otoño herida de muerte. En la práctica, esto supone volver a la casilla de salida, algo que han reconocido de forma tácita tanto la propia Sílvia Paneque como la líder del grupo parlamentario de los Comunes, Jéssica Albiach.

En un comunicado, Paneque cargaba contra «la mercantilización de la vivienda», que consideraba «un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema para la mayor parte del pueblo de Cataluña», pero reconocía entre líneas que la norma tal y como está redactada no aguantará el escrutinio de los tribunales: de ahí que se comprometa a "buscar todas las medidas legales y las maneras que sean posibles de acuerdo con el Estatuto para proteger el derecho a la vivienda”.

En una línea similar, Albiach manifestaba su discrepancia del análisis realizado por el CGE, y señalaba el compromiso de «seguir explorando los márgenes legales» para hacer de la vivienda en Cataluña «un derecho y no un activo financiero», en colaboración con entidades como el Sindicat de Llogateres («sindicato de inquilinas») para ver los «siguientes pasos» a tomar.