El veto de Illa a comprar pisos para invertir es inconstitucional, según el ente consultivo de la Generalitat

Duro revés para la política de vivienda de Salvador Illa. Este martes, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) –la más alta institución jurídico-consultiva de la Generalitat de Cataluña– ha hecho público un dictamen concluyendo que la ley propuesta por el gobierno catalán para prohibir la llamada «compra especulativa» de vivienda vulnera el derecho a la propiedad privada.

El CGE responde con este dictamen a los recursos solicitados por los grupos de Junts y el PP en el Parlament, y constata que la proposición de ley de modificación de la ley de urbanismo para la limitación de las compras especulativas de vivienda vulnera los artículos de la Constitución relativos a los derechos a la propiedad y a la herencia, así como a los que se refieren a la libertad de empresa.

El órgano también ha señalado una «falta de la suficiente certeza y previsibilidad» en la norma, promovida por los Comunes –la marca catalana de Sumar– y por el Govern de Illa, con el apoyo de ERC.

Asimismo, el CGE constata que el texto vulnera el principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución, así como el Estatuto de Autonomía, en lo relativo a la competencia en materia de derecho civil. También apuntan que invade la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales.

El dictamen, aunque no es vinculante, va en una línea similar al informe elaborado por los profesores de la Universidad Rovira i Virgili (URV) Sergio Nasarre y Héctor Simón, presentado hace unas semanas por Som Habitatge. El CGE también rechaza la forma en la que se está tramitando la proposición de ley, que es la de lectura única, sin escuchar a los representantes municipales y recortando plazos legislativos.

​El PP advierte a Illa

Tras conocer el dictamen del CGE, la portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha advertido al Govern de que su formación llevará la prohibición de la compra especulativa al Tribunal Constitucional (TC) si Illa desoye las conclusiones del órgano consultivo y prosigue con la tramitación de la norma.

En un comunicado, Roldán celebra que el CGE haya dado la razón al PP, y haya «desmontado de arriba abajo esta ley comunista». Para los populares, la conclusión del CGE acredita que la ley es «una chapuza», que nació «vulnerando derechos fundamentales, invadiendo competencias y atacando principios básicos» del Estado de derecho.

Roldán ha acusado también a los Comunes y al Govern de «haber pretendido disfrazar de urbanismo lo que en realidad era comunismo puro y duro al regular excesivamente el derecho civil y la propiedad privada». «Es una norma que ni en la forma ni en el fondo resisten el mínimo análisis jurídico, y así lo venimos advirtiendo desde el principio, porque era una ley confiscatoria, que generaba inseguridad y asusta a la inversión», concluye.

Por su parte, la secretaria de organización de Junts, Judith Toronjo, ha celebrado el dictamen «contundente» del CGE y ha lamentado que el Govern haya actuado «al dictado de las políticas fallidas de la ciudad de Barcelona con Colau de los Comunes».