Illa desaprovecha sus dos primeros años de mandato a pesar de tener a la oposición desarbolada

Sobre el papel, Salvador Illa lo tenía todo de cara para que su primera legislatura al frente de la Generalitat de Cataluña fuera un éxito arrollador. A la conjunción casi astronómica de gobiernos socialistas en todas las plazas importantes para su negociado –en la Moncloa, en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona, así como en la mayoría de grandes ciudades catalanas– se le sumaba una oposición en estado de shock.

Atorados estaban en ERC, que habían perdido 13 escaños, sufrían una sangrienta guerra interna por el control del partido y habían optado por investir al dirigente socialista para evitar una debacle electoral aún mayor. Atorados estaban –y en buena medida están– en Junts, con la mirada puesta en Waterloo, atados a Pedro Sánchez y con una Sílvia Orriols que hace dos años ya asomaba los colmillos. Ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont –uno inhabilitado, el otro prófugo– estaban presentes en el Parlament.

Los dóciles Comunes-Sumar nunca han sido un quebradero de cabeza para los socialistas y, pese a su contundencia y oposición frontal, la aritmética parlamentaria no daba al PP ni a Vox suficiente influencia como para condicionar políticas esta vez. Todo ello permitía a los socialistas soñar con una legislatura plácida, basada en la gestión serena, la recuperación económica y el restablecimiento de la normalidad institucional tras los años del procés.

Así, Illa ganó las elecciones de forma clara, rearmó el tripartito con los Comunes y ERC y fue investido el 8 de agosto de 2024, en un día empañado por el fugaz regreso y no menos fugaz fuga de Puigdemont. Dos años después, no obstante, el viento que henchía las velas del gobierno de Illa se ha desvanecido, y el balance de la primera mitad de legislatura es de una sucesión de crisis.

De Rodalies a las aulas

Entre los quebraderos de cabeza que han sobrepasado al Govern destaca la crisis de Rodalies. La red de trenes de Cercanías ya funcionaba mal, pero el trágico accidente de Gelida (Barcelona) este mes de enero –que coincidió con la hospitalización de Illa durante un mes– provocó varios días sin trenes, y varios meses de incidencias y retrasos, cuyos ecos aún se notan.

Desde la Generalitat aseguran que las soluciones están al caer, y que pasan por mejorar las vías, los trenes y la gobernanza. Esto último, dicen, pasa por traspasar la gestión de la infraestructura a la nueva empresa mixta entre el Gobierno y la Generalitat. Con todo, como apuntaba el analista Joan López hace unos días, Illa no puede escudarse en la incompetencia de Renfe ni Adif, ya que ambas están controladas por el ministerio de Óscar Puente.

Al enfado mayúsculo de miles de ciudadanos por la movilidad se le han sumado durante los pasados meses otras crisis sectoriales. La más notable es el enfrentamiento con los docentes, que cerraron el pasado curso con movilizaciones en la calle y ya han advertido que su intención es volver a la carga en septiembre.

Al conflicto sindical se le suma la polémica por el fiasco en la elaboración de las pruebas PISA, por el que la oposición plantea pedir la comparecencia de Illa ante el Parlament al iniciarse el curso, y también la polémica por la infiltración de agentes de los Mossos d'Esquadra en asambleas de docentes.

Vivienda y menores

Además de los maestros, también han salido a la calle los campesinos, los médicos e incluso los bibliotecarios… aunque la principal patata caliente que tiene la Generalitat sobre la mesa es la crisis de la vivienda, para la cual lleva ofreciendo recetas intervencionistas pactadas con la extrema izquierda y prometiendo 250.000 viviendas que se están construyendo a un ritmo demasiado lento.

El último varapalo en este sentido ha sido el dictamen emitido hace unos días por el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre la proposición de ley para prohibir la «compra especulativa» de vivienda; esto es, para invertir. Según el CGE, la medida vulnera la Constitución y contraviene sus artículos relativos a los derechos a la propiedad y a la herencia, así como a los que se refieren a la libertad de empresa.

Antes de terminar, conviene recordar que en el arranque del mandato hubo un gran escándalo al destaparse una red de pederastia y abusos sexuales en la que se había visto involucrada al menos una menor tutelada por la Generalitat, así como un entramado de presunta malversación e irregularidades económicas en entidades del tercer sector vinculadas a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

La respuesta del Govern fue, en la práctica, cambiar el nombre del organismo responsable. La investigación abierta por el Parlament en aquel momento se cerró hace dos semanas, en el último pleno antes de verano, con un dictamen que achaca las irregularidades a múltiples factores externos y no fija ninguna responsabilidad política.

Todo ello se suma a la defensa cerrada de Pedro Sánchez que ha venido realizando Illa desde el arranque de la legislatura a medida que se sucedían las informaciones sobre los casos de presunta corrupción en el seno del PSOE y el Gobierno. El presidente catalán ha criticado las actuaciones judiciales contra el entorno familiar de Sánchez y también ha pedido respetar la presunción de inocencia con respecto a Zapatero.

Las últimas piezas del puzle son la aprobación de los Presupuestos –un hito para el que Illa ha necesitado los dos años casi enteros– y la pugna por la reforma de la financiación autonómica, el llamado «cupo catalán», pactado con ERC, que volverá a los titulares el 4 de septiembre, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La vuelta del verano será, también, el arranque de un curso electoral, marcado por los comicios municipales en mayo de 2027, y que servirán como test de estrés para medir las fuerzas del socialismo en una comunidad crucial para el PSOE a nivel nacional.