Asociaciones de vecinos y alcaldes catalanes quieren salir de las zonas tensionadas con límites al alquiler

El Consejo General del Notariado informó de que en mayo de este año las transacciones inmobiliarias en Cataluña cayeron un 4,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En junio, las operaciones en el mercado libre crecían un 1,07% mientras la vivienda protegida experimentaba una alarmante caída del 15,33%.

Detrás de esta paralización de operaciones está la ley de vivienda catalana, aprobada el año pasado por la izquierda –el PSC, los Comunes, ERC y la CUP– que establece una serie de medidas restrictivas de la actividad inmobiliaria. Una de las más llamativas, y que da mayor inseguridad jurídica, es la de restringir la venta de inmuebles protegidos que lleguen al vencimiento de la protección, prolongando su restricción de salida al mercado mientras el lugar donde están sea considerado zona tensionada.

Más de 25.000 pisos se ven afectados por esta situación, provocando una paralización del mercado inmobiliario donde más se necesita. En 2026, el total de viviendas afectadas es de 6.700 y hasta 2030 el número de pisos afectados será de 25.536. En Badia del Vallés (Barcelona) hay más de 2.500 viviendas afectadas por esta moratoria, y esto explica que allí haya nacido la Plataforma contra la Ley 11/2025. Al no poderse poner a la venta estos pisos se restringe aún más la poca oferta existe y, en consecuencia, suben aún más los precios.

El lugar de creación de esta plataforma vecinal contra la medida estrella del gobierno de Illa no es anecdótico, dado que Badia del Vallés es uno de los municipios con menor renta per cápita de Cataluña y un feudo electoral del PSC. Los promotores de la asociación recuerdan que ellos no son ningún fondo, sino ciudadanos particulares y que muchos de ellos contaban con la venta de esa vivienda para afrontar su jubilación y que ahora pagan ellos las consecuencias de la falta de planificación.

Revisión de la lista

El gobierno autonómico revisó a principios de verano la lista de zonas tensionadas, donde se impide la venta de inmuebles protegidos que hayan llegado a su vencimiento temporal y con precio máximo regulado.

Tras el análisis de los datos el ejecutivo regional, encabezado por el socialista Illa, ha incrementado hasta 302 las zonas afectadas, incluyendo 53 nuevas zonas y excluyendo a 22. Entre las excluidas están Figueres y Banyoles, capitales del Empordà y el Pla de l’Estany respectivamente, ambas en Gerona, y las dos gobernadas por Junts.

Los gobiernos locales de ambos municipios han celebrado su exclusión dado que consideran que así podrán tomar medidas más eficaces para dinamizar el mercado de la vivienda. El alcalde de Banyoles es el presidente de la Diputación de la Gerona y el de Figueres es uno de los grandes cargos electos del partido de Carles Puigdemont. Ambos han reconocido en declaraciones a la agencia ACN el problema de vivienda de sus municipios, pero han celebrado la nueva calificación al ofrecerles más margen para actuar.

Las 302 zonas afectan a 118 municipios y alcanzan al 72,9% de la población catalana. Entre los agraciados por la liberación hay barrios de Lérida, Tortosa, Granollers, Mollet del Vallés, Parets, Montmeló, Cervera o El Papiol además de las ya citadas Figueres y Banyoles.

Entre las que han sido incorporadas hay municipios del Baix Llobregat como Martorell o Sant Andreu de la Barca, Vila-Seca en Tarragona, Tordera, Llagostera, Cardona o la fronteriza La Junquera.