El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Educación, Esther Niubó, en una imagen de archivo
Educación
Illa se atrinchera tras el fiasco de PISA: «total confianza» en Niubó pero sin fecha para saber qué ocurrió
El Govern reitera que la consejera de Educación no dimitirá, pese a las exigencias de la oposición
El gobierno de la Generalitat de Cataluña afronta un inicio de curso escolar atravesado por una doble crisis: la amenaza de huelga el primer día de colegio –algo que los de Salvador Illa dan ya por descontado– y el escándalo por la exclusión de los resultados de los alumnos catalanes en las pruebas PISA, fruto de una serie de irregularidades en la selección de los alumnos que serían evaluados.
El problema fue que, de los 2.545 alumnos que tenían que realizar la prueba, 591 fueron excluidos por presentar necesidades educativas especiales o por tener dificultades de aprendizaje: un 23,3% del total, cuando la OCDE recomienda no superar el límite del 5%. Según confirmó la propia consejera de Educación este lunes, el Ministerio de Educación avisó hasta en siete ocasiones a la Generalitat de que se estaban excediendo, pero sus avisos fueron ignorados sistemáticamente por parte del Consejo Superior de Evaluación (CSE), el organismo responsable.
«Ha habido personas que no estuvieron a la altura de las responsabilidades que tenían encargadas», reconoció el lunes la consejera de Educación, Esther Niubó. Desde la consejería han intentado dar carpetazo al asunto anunciando tres expedientes a las tres personas que consideran responsables de no haber trasladado la información correcta a los centros –dos funcionarios y un alto cargo–, y cesando a la ‘número dos’ del departamento, Teresa Sambola, que fue sustituida este mismo martes por Marta Clari, hasta ahora gerente del área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad en el Ayuntamiento de Barcelona.
Desde el Govern consideran que, sacrificado este chivo expiatorio, ya pueden seguir adelante hacia una «nueva etapa». La dimisión de Niubó no está sobre la mesa, pese a que ella misma reconocía que la marcha de Sambola no tiene una vinculación directa con el fiasco de PISA. Así lo reiteraba este martes la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque: «Total confianza en la dirección política y las políticas que [Niubó] está desplegando».
Pese a los vendavales, el líder del PSC cierra filas con su consejera, ignorando los reclamos de la oposición para que la cese: el PP, Vox, Junts, Aliança Catalana lo han pedido, pero sus exigencias han caído en saco roto. «El presidente Illa ha manifestado su total confianza en ella, y pensamos que es el camino adecuado», insistía Paneque en rueda de prensa.
El fondo de la cuestión
Más allá de la responsabilidad política y de los errores o negligencias en la transmisión de los avisos a posteriori, lo que falta por conocer en este caso es qué ocurrió para que solamente cinco de los 51 centros catalanes seleccionados para realizar las pruebas PISA excluyesen al porcentaje correcto de alumnos en un inicio.
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, este martes
Niubó exculpó a las direcciones de los centros y asumió que «la responsabilidad está en el departamento», y aseguró que en marzo de 2025 se ofreció a los centros una información «correcta pero incompleta». Expertos consultados por El Debate dudan de la versión de la consejera e hipotetizan con una confusión –interesada o no– entre dos categorías: las necesidades educativas especiales (NEE) y las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
Las NEE incluyen a los alumnos con discapacidades intelectuales o físicas, y también a aquellos con trastornos graves de la conducta o con enfermedades crónicas, y suponen un subgrupo dentro de las NEAE. Las guías de PISA especifican que los «estudiantes no se pueden excluir solamente por un mal rendimiento académico o por problemas normales de disciplina».
De todas maneras, para saber si lo ocurrido es esto u otra cosa sería necesario conocer los documentos y las instrucciones que recibieron los centros seleccionados en 2025. Esto es precisamente lo que reclama conocer el sindicato Profesores de Secundaria, que ya ha anunciado que ha realizado una solicitud de acceso a la información pública para recibir estos documentos.
Preguntada al respecto por El Debate, Paneque se limitó a decir que «todos los documentos, informaciones o transcripciones que se tienen sobre las pruebas PISA se harán públicos cuando se acaben los expedientes que se están incoando», pero evitó dar una fecha o una estimación temporal al respecto.
Cabe recordar que en la última edición de las pruebas PISA, en 2022, Cataluña obtuvo mínimos históricos en Matemáticas, Ciencias y Lectura: en esta última prueba, la comunidad bajó 20 puntos, equivalentes a un curso académico. El 8 de septiembre se publicarán los resultados de PISA 2025, pero los resultados catalanes –si es que la OCDE decide incluirlos pese a todo, con una advertencia– no serán comparables con la serie histórica ni con el resto de regiones de España.