Corriente Social Cristiana carga contra el Parlament por su declaración sobre el aborto y denuncia un «silencio cómplice»

La Corriente Social Cristiana ha criticado duramente la declaración aprobada recientemente por el Parlament de Cataluña en defensa del derecho al aborto, respaldada por PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP. La entidad considera que el posicionamiento de la Cámara catalana llega después de que esos mismos grupos ignoraran su petición de condenar los incidentes ocurridos el pasado 17 de septiembre en la parroquia de Santa Maria de Montalegre, en Barcelona.

Según denuncia la organización, un grupo de activistas feministas irrumpió entonces en un acto en el que varias mujeres pretendían compartir públicamente su experiencia tras haber abortado. La protesta obligó a interrumpir el encuentro y fue necesaria la intervención policial para que pudiera reanudarse.

A raíz de esos hechos, La Corriente trasladó varios escritos a los grupos parlamentarios reclamando una condena pública de lo sucedido, así como medidas para garantizar la libertad de expresión y de reunión. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron respuesta. Por ello, consideran que la posterior aprobación de una declaración favorable a la cultura de la muerte evidencia una «doble vara de medir» por parte de las formaciones que la respaldaron.

La organización sostiene que el debate no solo atañe a la cuestión del aborto y que afecta también a la libertad de expresión. En su comunicado, acusa a los partidos firmantes de amparar determinadas posiciones ideológicas mientras ignoran o minimizan actos de coacción cuando afectan a quienes mantienen opiniones contrarias.

Junto a esta crítica, la entidad insiste en su rechazo a la cultura de la muerte desde una perspectiva ética y demográfica. La Corriente alerta de que Cataluña atraviesa una crisis de natalidad y sostiene que el número de abortos tiene consecuencias sociales, económicas y poblacionales. En este sentido, reclama políticas públicas orientadas a fomentar la maternidad y a apoyar económicamente a las familias.

Asimismo, denuncia que las administraciones destinan recursos públicos a entidades vinculadas a la promoción del aborto, mientras que, a su juicio, las organizaciones dedicadas al acompañamiento de mujeres embarazadas reciben escaso respaldo institucional. También considera insuficientes las ayudas por nacimiento y advierte de que tener hijos supone un importante factor de riesgo de pobreza para muchas familias.

La entidad concluye defendiendo que la protección de la vida debe situarse en el centro de la acción política y asegura que continuará promoviendo campañas públicas para difundir su posición. La más reciente ha estado visible durante los últimos días en las calles de Barcelona, bajo el lema: «La vida es el primer derecho: ¡Protejámosla!».