La obsesión por echar a la Policía de Vía Laietana ignora las torturas realizadas allí por los anarquistas

Dado que, al parecer, Barcelona es un oasis sin problemas, la prioridad la semana pasada pasaba por declarar la comisaría de la Policía Nacional en la Vía Laietana como Lugar de Memoria Democrática por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Más allá de la ironía, lo cierto es que esta declaración simbólica ha servido para que los Comunes se colgasen la medalla por el logro.

Barcelona en Comú es la marca de Sumar en Barcelona: estaba liderada por Ada Colau hasta hace unos meses y cuenta con nueve regidores en el Ayuntamiento. Ahora bien, si alguien pensaba que con la mera declaración iban a quedar contentos, estaba equivocado: ahora quieren que la Policía Nacional abandone el edificio. A poder ser, fuera de Cataluña.

El abanderado de este odio a la Policía en los Comunes es Jordi Rabassa, regidor en Barcelona e historiador reconvertido a político. Rabassa ha centrado sus estudios en la historia local de Barcelona, el movimiento obrero y la recuperación de la memoria de la guerra, la dictadura y la transición. De ahí su obsesión con esta comisaría.

El problema es que se centra en lo que a él le interesa, porque pasa por alto que durante la II República ese mismo edificio estuvo vinculado a miembros del anarcosindicalismo y la izquierda radical. Pero, claro, este tema no les interesa y lo importante es reivindicar lo que ocurrió durante el franquismo y aquello que se ha puesto de moda llamar «régimen del 78». Allí Rabassa centra todos sus esfuerzos, y no en explicar la realidad de todo lo que pasó y más en la época de Dionisio Eroles como jefe de las patrullas de control.

El terror de Eroles

Cuando Rabassa fue regidor de Ciutat Vella mandó una carta a la jefatura, donde les pedía que abandonaran aquel lugar, porque su intención y la de Barcelona en Comú era convertirlo en un museo contra la tortura. Es cierto que hubo torturas allí, pero también lo es que las cosas no fueron muy diferentes en la época de Eroles, que creó un rondín propio y un servicio de información, anexos ambos a su cargo policial.

Ese servicio de información de Eroles colaboraba y compartía datos, investigaciones y noticias con el servicio de investigación e información del CNT, dirigido por Manuel Escorza del Val. En aquella época nombrar el apellido Eroles imponía respeto, temor y terror. Entre 1920 y 1935 estuvo constantemente entrando y saliendo de prisión acusado de atentados y sabotajes varios.

Su nombre aparece en el sumario por la extorsión y asesinato de 46 hermanos maristas que pretendían escapar a Francia. Según esta acusación, se podría haber apropiado de parte de los 200.000 francos que la orden había pagado en concepto de rescate. Pero todo esto no le interesa a Rabassa, sino lo ocurrido durante la dictadura y la transición. Eroles fue asesinado en 1941 por anarquistas pertenecientes al Grupo Ponzán al haberse negado a revelar dónde tenía escondido su botín.

Rabassa se ha puesto la medalla y, por redes, se puede ver una fotografía suya con la frase: «Es un hito de las entidades memoriales de las personas represaliadas que desde hace 40 años no han parado de reivindicar y trabajar para conseguir que se dignifique el espacio». Añadiendo que «este reconocimiento no ha de ser sólo administrativo o acabar siendo una placa».

Por eso piden que la Policía Nacional Abandone ese edificio. Y para rematar la jugada, la líder de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento, Janet Sanz, ha manifestado que «ahora es preciso que marche la Policía Nacional para que sea plenamente un espacio de memoria antifranquista».

La realidad es que el gobierno del socialista Jaume Collboni es partidario de que una parte del edificio albergue el despacho del jefe superior y las dependencias administrativas. El resto del edificio, incluidos los calabozos, se ha de preservar tal y como está, aunque aún se ha de diseñar todo el espacio de memoria democrática que se pretende ofertar al ciudadano. Esto está provocando un enfrentamiento entre los dos partidos que, actualmente, son socios de gobierno, aunque lo previsible es que la sangre no llegue al río.