La impotencia de un hombre con discapacidad al que han okupado su piso en Barcelona y deben más de 50.000 euros

La historia de Fermín, un barcelonés con una discapacidad reconocida del 78%, encarna una de las aristas más dolorosas y menos visibles del fenómeno de la ocupación ilegal: cuando la víctima también es «vulnerable», pero queda desprotegida por un sistema que prioriza la vulnerabilidad de otros.

Desde hace cinco años, Fermín no recibe ni un euro del alquiler de su vivienda de la calle Valencia, en Barcelona. La casa, heredada de su padre y reformada con mucho esfuerzo para garantizarle un futuro digno, está hoy ocupada por una familia que dejó de pagar en 2021. La justicia dio la razón al propietario y ordenó el desahucio, pero la ejecución se frenó al considerarse a los ocupantes «vulnerables» por tener dos hijos menores.

Mientras tanto, Fermín, que debido a su discapacidad no comprende la situación, vive en un centro ocupacional en Madrid, el Juan de Austria, y depende por completo de los cuidados y la gestión de su primo y tutor legal, Alberto.

El piso fue durante años el tesoro familiar. Alberto recuerda que su tío, gestor de profesión, «trabajó como un animal» para asegurar el futuro de su hijo discapacitado. Tras la muerte del padre y la madre de Fermín, y ante la imposibilidad de su propia madre, madrina del joven y con problemas de salud, Alberto asumió la tutoría.

En 2005, él y su familia decidieron reformar a fondo el piso para alquilarlo y así financiar los gastos médicos, terapias y necesidades específicas de Fermín. «Lo dejamos muy apañado», explica: dos dormitorios, dos baños, renovado y listo para ser una fuente estable de ingresos.

Durante años funcionó sin problemas: primero lo alquiló un joven gallego, luego otra pareja, también gallega. Todo fue bien hasta 2019, cuando entró el nuevo inquilino, un ciudadano cubano, con su pareja y sus hijos.

La pandemia, el punto de inflexión

El primer año también fue normal. El choque llegó con la Covid. Alberto, intentando ser flexible en un momento difícil, rebajó el alquiler a la mitad durante tres meses. Pero después llegaron las excusas: impagos parciales, retrasos constantes, promesas que nunca se cumplían.

«Yo era muy pavo y me creía las mentiras», admite Alberto, recordando cómo la ocupante le explicaba que expulsaría al padre del padrón para obtener ayudas como madre soltera. En 2021, la familia dejó de pagar por completo. Ese año se inició el procedimiento judicial.

El juicio por impago anuló el contrato y fijó una fecha de lanzamiento: el 31 de marzo de 2022. Pero nunca se ejecutó. El desahucio quedó «paralizado» porque la familia ocupante fue considerada «vulnerable».

La paradoja, denuncia Alberto, es que Fermín también lo es: «mi primo es vulnerabilísimo: 78% de discapacidad, va a peor, necesita supervisión constante. ¿Y aun así su vivienda no se puede recuperar?». Pero La vulnerabilidad de los menores prevaleció. La de Fermín, no.

50.000 euros de deuda

La situación económica para el tutor es devastadora. El piso genera cero ingresos, pero sí todos los gastos asociados, como los de comunidad, derramas, IBI y mantenimiento general. Y la deuda acumulada ronda los 50.000 euros. «Es que se dice pronto: son 900 euros al mes que dejamos de percibir», lamenta Alberto. Y añade, indignado: «si el Gobierno dice que no se les puede echar, que pague el Gobierno; si lo dice la Generalitat, que pague la Generalitat; si lo dice el Ayuntamiento, que pague el Ayuntamiento».

Uno de los elementos que más irritan a Alberto es la figura del padre de los menores, que según él vive entre viajes y apariencia de éxito personal.«Va por la vida de coaching, publicando vídeos en París, en Andorra, en la nieve… mientras están dejando un agujero de 50.000 euros a un discapacitado», denuncia.

La sensación de injusticia se mezcla con la impotencia. Alberto reconoce que ha llegado a su límite emocional: «hay días que me dan ganas de ir y prender fuego a la casa. Es desesperación pura». Entre otras cosas, por el desgaste que supone luchar «contra un muro administrativo que no ofrece salidas».

Y es que, efectivamente, la clave del conflicto está en el choque entre dos vulnerabilidades: la de una familia con dos menores y la de un hombre discapacitado sin capacidad de defenderse ni generar ingresos. Para Alberto, el sistema «solo reconoce una de ellas», y permite a esa familia que no pague el alquiler. Una situación que ejemplifica de esta manera: «tú dile al Ayuntamiento que no pagas el IBI. Enseguida te persigue. Pero si un inquilino no paga, que se quede en tu casa. Esto no es justo», lamenta.

Por todo ello, Alberto considera que tiene que haber «excepciones». No pide que «hagan una ley para mi caso», pero recuerda que «mi primo no es un fondo buitre, no es un banco, no es un gran tenedor. Es una persona discapacitada». Si no pueden echar a los okupas, asegura, pide que les den alternativas.