Un alcalde de Junts reclama que los municipios con «tensiones demográficas» puedan decidir a quién empadronar

El alcalde de Vic, Albert Castells (Junts), ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el crecimiento demográfico acelerado en municipios medianos de Cataluña, después de que el Instituto Nacional de Estadística confirmara que la ciudad ha superado oficialmente los 50.000 habitantes.

Con 50.796 vecinos registrados, 1.266 más que el año anterior, la capital de la comarca de Osona se convierte ya en la 24ª ciudad más poblada de Cataluña y entra en un nuevo umbral administrativo que implicará un aumento del número de concejales y cambios en la asignación de recursos, algunos beneficiosos y otros menos favorables.

Castells, que desde hace meses ha alerta de lo que describe como una «emergencia sociodemográfica», ha reclamado que los ayuntamientos que atraviesan situaciones de fuerte presión poblacional puedan disponer de autonomía para limitar o vetar nuevos empadronamientos.

Según el alcalde, la ciudad vive «un crecimiento que los servicios públicos no pueden absorber», con especial incidencia en ámbitos como la sanidad y, sobre todo, la educación, donde asegura que las escuelas están «al borde del colapso». Desde que empezó el curso, el municipio ha recibido más de un centenar de alumnos de matrícula viva, en un sistema educativo que ya estaba tensionado.

En los últimos treinta años, Vic ha crecido un 68%, más del doble que la media catalana. Cada mes registra alrededor de 250 altas en el padrón y, a lo largo de un año, unos 5.000 movimientos administrativos entre altas y bajas. Castells argumenta que el flujo constante de nuevas llegadas, procedentes tanto de otros municipios como de la inmigración internacional, desborda la capacidad local: «Si hablamos de que la Cataluña de ocho millones está saturada, imaginemos qué ocurre en una ciudad que ha crecido al doble de ritmo que el país», ha dicho.

El alcalde sostiene que la medida permitiría frenar un crecimiento que considera «insostenible» y evitar lo que describe como un «efecto llamada» hacia las ciudades medianas. Paralelamente, ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para solicitar una reunión urgente y ha vuelto a pedir que el gobierno catalán reclame la gestión del padrón, competencia que actualmente depende del Gobierno. «Las soluciones no son fáciles, pero sin instrumentos para equilibrar la población con los recursos, entraremos en una fase de gran complejidad», ha advertido.

Un debate que se extiende más allá de Vic

La propuesta no es aislada. En los últimos meses, varios alcaldes han expresado inquietud por la presión demográfica en sus municipios y han planteado fórmulas para limitar temporalmente nuevos empadronamientos o ajustar los criterios de acceso.

En ciudades del área metropolitana, algunos alcaldes han sugerido estudiar mecanismos transitorios de control del padrón en barrios donde la llegada masiva de nuevos residentes está tensionando los servicios sociales y educativos. También en municipios turísticos o con fuerte demanda residencial, especialmente en la costa gerundense y tarraconense, se ha abierto el debate sobre pausas administrativas en los nuevos empadronamientos durante ciertos periodos, con el argumento de evitar la sobrecarga en temporadas de máxima ocupación.

Aunque estas propuestas no han cristalizado en medidas concretas, reflejan un incremento del malestar en consistorios que aseguran disponer de recursos «muy por debajo» de la presión real que asumen. Varios alcaldes coinciden en que el padrón se ha convertido en una herramienta insuficiente para gestionar cambios demográficos acelerados y reclaman revisar el modelo, ya sea aumentando financiación, reforzando competencias o permitiendo cierto margen de decisión local.

Mientras Vic reclama autonomía para decidir quién se empadrona, otros municipios temen que esta medida pueda generar desigualdades territoriales o incluso desplazar problemas hacia localidades vecinas. El propio Castells ha subrayado que no contempla «expulsar» o derivar a ciudadanos hacia otros municipios, sino que su propuesta busca abrir un debate estructural: «Esto también es un aviso para las alcaldías de la comarca que hoy no viven esta situación de colapso».

El Ayuntamiento de Vic convocará en enero una reunión con todos los grupos del consistorio para abordar conjuntamente la situación demográfica, en un momento en que la presión sobre los servicios públicos y la discusión sobre las competencias municipales vuelven a ocupar el centro del debate político local.