La historia de terror de una mujer que cedió su piso para alquiler social: impagos, habitaciones ilegales en Airbnb y media vivienda quemada

La vivienda, o mejor dicho, la dificultad de acceso, es una de las principales preocupaciones de los catalanes. Pero hay situaciones que explican por qué se retiran pisos del mercado del alquiler, como la inseguridad jurídica con la que se encuentran los propietarios. Y este es el caso de la propietaria de una vivienda. Un caso que ha denunciado Som Habitatge, que se presenta como una comunidad de propietarios «comprometida con la protección de los derechos y la mejora del mercado de la vivienda».

Pues bien, una socia de esta entidad decidió ceder su piso como vivienda social para que lo gestionara la Generalitat. Pero lo que vino después fue «un desastre tras otro». Una familia marroquí fue la agraciada, pero dejó de pagar suministros (generó deudas de más de un año), subarrendó habitaciones a turistas y provocó daños graves en el inmueble. De hecho, algún miembro de esta familia o algunos de los ocupantes de las habitaciones «quemaron medio piso».

Cuando se les comunicó que debían dejar la vivienda por el alquiler ilegal de habitaciones, la ocupante dejó claro que no iban a marcharse, que no tenían intención de dejar la vivienda. Y lo cierto es que, desde entonces, el portero de la finca no la ha visto, y la Policía sospecha que podría estar alquilando de nuevo las habitaciones o incluso haber «vendido» las llaves a otros okupas.

Los okupas son propietarios de un centro de estética de lujo

Y luego hay otra cuestión a tener en cuenta. Si pudo acceder a la vivienda, esa familia es porque el Ayuntamiento de Barcelona la consideró «vulnerable». Pero la inquilina tiene un centro de estética «lujoso» en una zona considerada acomodada. Y, mientras tanto, ella y su familia, según Som Habitatge, habrían percibido ilegalmente más de 30.000 euros en concepto de alquiler del piso durante más de tres años, mientras el contrato de cesión no se ejecutaba adecuadamente. Y, además, calculan que el alquiler mensual de las habitaciones en Airbnb les proporcionaba unos ingresos de unos 8.000 euros que cobraba la hija mayor que, por otro lado, también podría constar como propietaria del centro de estética.

¿Y qué hacían las administraciones? Pues ni el Ayuntamiento de Barcelona ni la Generalitat se preocuparon nunca de comprobar nada. «Han sido muy generosos pagando cada mes su alquiler, a precios muy por debajo de los de mercado», lamenta Som Habitatge.

La propietaria del piso, en situación de alquiler y con contrato próximo a vencer, se enfrenta ahora a la difícil realidad de encontrar una nueva vivienda en una ciudad con precios de alquiler altos y escasez de oferta. Con la situación actual, podría verse obligada a abandonar su barrio de toda la vida, quizá incluso su ciudad.

Mientras tanto, la ocupante sigue en el piso sin pagar alquiler ni suministros. Y la Generalitat no ayuda nada, porque no ha facilitado información clara sobre dónde se ha presentado la demanda de desahucio, ni sobre qué pasos puede dar la propietaria para recuperar su vivienda. «Si tú no pagas una multa te embargan la cuenta, pero ella está causando un grave perjuicio a la persona que ha puesto el piso a su disposición y a todos los ciudadanos que pagan impuestos, mientras que a ellos les sale gratis», ha lamentado Som Habitatge.

Tampoco hay que perder de vista que Cataluña es líder en la ocupación ilegal de viviendas. Fue la comunidad autónoma que más casos registró el año pasado, con 7.009 denuncias, lo que representa más del 42 % del total nacional. Y entre enero y octubre de este año se habían registrado 4.345 casos, según datos de los Mossos, aunque es una cifra ligeramente inferior que en el mismo período del año anterior.