Una muerte anunciada: los vecinos llevaban dos años denunciando el local okupa donde apuñalaron a una mujer

La muerte violenta de una mujer, que se ha producido esta semana en una antigua ferretería ocupada del centro de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha reabierto el debate sobre la impunidad, la degradación urbana y la lentitud administrativa ante situaciones de ocupación conflictiva.

Y es que el crimen se produjo en un espacio que los vecinos llevaban cerca de dos años señalando como un foco constante de problemas, y sobre el que habían alertado reiteradamente tanto a la propiedad como a las administraciones.

Los hechos ocurrieron en una antigua ferretería cerrada de la calle Santa Anna, con acceso a unas viejas naves situadas en los patios interiores de la manzana delimitada por las calles Major, Santa Anna, Provença y Roselles, una zona céntrica de la ciudad. Según han explicado los Mossos de Esquadra, el aviso se recibió el jueves alrededor de las siete de la tarde por una pelea. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de una mujer que había sido apuñalada.

Dos años de quejas y más de 700 firmas

Para los vecinos del entorno, el desenlace era cuestión de tiempo. Desde hace casi dos años, denuncian un «continuo de gritos y peleas» en el interior del recinto, que se había convertido, según relatan, en un foco de consumo y tráfico de drogas, conflictos violentos y situaciones de riesgo. La comunidad llegó a recoger más de 700 firmas para reclamar el desalojo de un espacio que consideran peligroso.

«¿Qué más tiene que pasar?», se pregunta una de las vecinas que vive justo encima del lugar donde se produjo el apuñalamiento. Desde su balcón, explica, ha sido testigo habitual de discusiones, ruidos nocturnos y escenas de violencia. Asegura que convivir con el local ocupado se había vuelto insostenible.

Los residentes sostienen que los problemas se agravaron especialmente durante el último año y medio, cuando, según su versión, se instaló en el lugar un «clan» de personas con problemas de drogadicción. Añaden que las antiguas naves habían sido subdivididas para realquilar habitaciones y que el trasiego de personas era constante, tanto de día como de noche. Alertan, además, de la presencia frecuente de chicas muy jóvenes, algunas de ellas menores de edad.

Amenazas, miedo y episodios violentos previos

Una vecina del edificio contiguo al local ha relatado que el espacio estaría ocupado por una banda delictiva conocida como Las Panteras, y que está identificada policialmente. Según su testimonio, hace apenas quince días el presunto líder del grupo ya habría resultado herido por arma blanca en el mismo recinto.

La mujer describe un clima de miedo permanente en el barrio: amenazas a vecinos, consumo de drogas a plena vista y una sensación constante de inseguridad. «No se puede dormir. Hay vecinos que han sido amenazados, chicas jóvenes que han tenido problemas, incluso intentos de entrar en portales», relata. Asegura que las familias viven con angustia por la seguridad de los niños y niñas del entorno, y que los episodios violentos no eran nuevos. De hecho, recuerda que hace dos semanas ya aparecieron restos de sangre tras otra pelea nocturna, un incidente que, según los vecinos, fue minimizado inicialmente por el Ayuntamiento.

Actuaciones limitadas y sin desalojo

Ante la presión vecinal, el Ayuntamiento de Hospitalet, asegura, había llegado a establecer vigilancia policial permanente frente al local para identificar a las personas que entraban y salían. Esta medida redujo el número de ocupantes, pero no logró acabar del todo con la actividad en el interior.

La propiedad del inmueble, un fondo de inversión, también había presentado denuncia a finales de 2024 para recuperar la titularidad del espacio, cuando la ocupación ya llevaba aproximadamente un año.

Tras el crimen de este jueves, el consistorio ha comenzado a tapiar de forma subsidiaria algunos accesos y dependencias interiores del local. Sin embargo, no puede clausurar completamente el espacio porque todavía permanecen en su interior siete personas y no existe, por ahora, una orden judicial de desalojo. El Ayuntamiento ha ofrecido a estas personas un alojamiento temporal con el objetivo de poder vaciar definitivamente las naves.

Medidas que no han sido suficientes, para la presidenta del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Hospitalet, Sonia Esplugas, quien ha lamentado la muerte de la mujer y ha asegurado que se trata de una «crónica de una muerte anunciada». El PP sostiene que llevaba tiempo alertando de la situación a raíz de las denuncias vecinales y ha acusado al gobierno municipal socialista de falta de firmeza ante las ocupaciones conflictivas.

Esplugas ha defendido que el Ayuntamiento debería actuar con mayor determinación dentro del marco legal y ha reclamado diferenciar entre situaciones de vulnerabilidad social y ocupaciones vinculadas a mafias o a conflictos graves. «No se puede confundir la atención social con la permisividad», ha señalado, por lo que ha reclamado una respuesta más contundente contra las ocupaciones conflictivas y, al mismo tiempo, políticas sociales para quienes realmente lo necesiten.

Para los vecinos, sin embargo, el debate llega tarde. Insisten en que la tragedia no es un hecho aislado, sino el desenlace de una situación largamente advertida. Una muerte que, aseguran, podría haberse evitado.