Se disparan las denuncias por «vulneración lingüística» en Cataluña, pero solo una de cada diez acaba en multa

Más de la mitad de las denuncias tramitadas por la Agencia Catalana de Consumo (ACC) entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 se dirigieron contra supuestas vulneraciones de los llamados «derechos lingüísticos» de los consumidores en Cataluña.

En concreto, fueron 2.342 expedientes los relacionados con el uso del catalán en la atención y en la rotulación comercial, según datos del Departamento d’Empresa i Trabajo revelados por su titular, Miquel Sàmper, en el Parlament y adelantados por RAC1. Sin embargo, solo 207 de estos casos han terminado en sanciones económicas, menos del 9 % del total.

La mitad de las denuncias

En el periodo analizado, la ACC tramitó 4.462 denuncias, de las que 2.342 estaban directamente vinculadas a supuestas vulneraciones de derechos lingüísticos. Esto significa que más de la mitad de las quejas gestionadas por este organismo de la Generalitat están relacionadas con el uso del catalán en la actividad comercial.

Según la información de la emisora catalana, estos expedientes incluyen situaciones como la ausencia de información en catalán en carteles o contratos, la atención al cliente únicamente en castellano o la rotulación que no se ajusta a las exigencias lingüísticas fijadas por la normativa autonómica.

Muchas quejas, pero pocas sanciones

Pese al volumen de denuncias, solo 207 han acabado en una sanción económica, lo que supone menos del 9 % del total de quejas presentadas por motivos lingüísticos. En la práctica, esto significa que la inmensa mayoría de expedientes se cierra sin multa, bien porque los establecimientos corrigen la situación tras el aviso administrativo, bien porque los hechos no derivan finalmente en infracción sancionable.

La ACC analiza cada caso y prioriza la mediación y los requerimientos previos antes de abrir un expediente sancionador. Solo en los supuestos de incumplimiento reiterado o de mayor gravedad se acaba imponiendo una sanción económica.

De las más de 2.300 denuncias relacionadas con la lengua, 701 han dado lugar a una inspección por parte de la ACC. En estas actuaciones, los servicios de inspección han detectado 620 incumplimientos en materia de derechos lingüísticos tal y como los interpreta la Administración catalana.

En 270 de esos casos, los establecimientos afectados han corregido la situación tras el requerimiento oficial, mientras que 207 han terminado en multas económicas. El resto de expedientes continúa pendiente de resolución dentro del procedimiento administrativo, según la información hecha pública a partir de la respuesta parlamentaria del conseller Sàmper.

Política lingüística y efectos sobre comercios y consumidores

Las cifras encajan con el refuerzo de la política lingüística impulsada por los gobiernos de la Generalitat, que han ampliado las obligaciones de uso del catalán tanto en el ámbito educativo como en el comercial y de atención al público. Al mismo tiempo, diversos estudios alertan de un retroceso en el uso social del catalán, especialmente entre los jóvenes, donde solo una minoría lo utiliza de forma exclusiva con su grupo de amigos.

Este escenario alimenta el debate sobre el equilibrio entre la protección de la lengua propia y la libertad de empresa y de elección de los consumidores en una comunidad oficialmente bilingüe. Mientras el Govern insiste en los «derechos lingüísticos» como eje de su agenda identitaria, asociaciones empresariales y parte del tejido comercial muestran su preocupación por la presión regulatoria, el impacto en pymes y pequeños negocios y el riesgo de nuevas tensiones en la convivencia cotidiana.