Alumnos en un centro educativo

Alumnos en un centro educativo

Más de 160 escuelas catalanas amenazan con dejar a los niños sin colonias para presionar a la Generalitat

Centros educativos de todo Cataluña anuncian que cancelarán salidas y viajes el curso 2026-2027 si Educación no mejora sus condiciones laborales y de recursos

Más de 160 escuelas e institutos de Cataluña se han adherido ya al manifiesto «Aturem sortides i colònies» y han lanzado un aviso contundente: si el Departamento de Educación no atiende sus demandas de mejora laboral y de recursos, el próximo curso 2026-2027 no organizarán colonias ni salidas escolares. La iniciativa, que ha ido creciendo en pocas semanas, sitúa a la Generalitat ante un pulso que afecta de lleno a las familias y, sobre todo, a los alumnos que podrían quedarse sin una de las experiencias educativas más valoradas del curso.

Un pulso a la Generalitat a costa de las colonias

El movimiento surge de un colectivo de docentes que ha impulsado el manifiesto «Aturem sortides i colònies», donde se comprometen a suspender estas actividades si la conselleria no introduce mejoras claras en sus condiciones de trabajo. Los profesores denuncian que, hoy por hoy, las colonias y excursiones dependen en gran medida del voluntarismo del claustro, que asume horas extra, desplazamientos y responsabilidad fuera del horario lectivo sin una compensación real ni en tiempo ni en recursos.

Según los promotores, más de 160 centros de todo el territorio se han sumado ya a la protesta y la lista sigue abierta. El calendario que plantean fija la medida de presión para el curso 2026-2027, lo que deja unos meses a la Generalitat para abrir una negociación seria antes de que la amenaza se convierta en una realidad que afectaría a miles de alumnos catalanes.

Familias entre el apoyo y la preocupación

Las asociaciones de familias y la aFFaC han expresado su apoyo a las reivindicaciones del profesorado, al considerar que la situación actual es insostenible y que las colonias no pueden descansar sobre el sacrificio personal de los docentes. En declaraciones recogidas por 3Cat, representantes de familias han subrayado que la protesta pone «sobre la mesa un problema estructural» de recursos y de reconocimiento del trabajo del profesorado.

Al mismo tiempo, muchas familias muestran una profunda preocupación por el hecho de que la medida de presión se traduzca en que los hijos se queden sin colonias ni salidas. Padres y madres recuerdan que los alumnos «no tienen ninguna culpa» del conflicto laboral y temen que sean ellos los principales perjudicados si la Generalitat y los docentes no llegan a un acuerdo a tiempo.

El valor educativo de las colonias, en cuestión

Tanto las asociaciones de familias como entidades del ámbito educativo insisten en que las colonias y excursiones no son un lujo ni un simple complemento, sino una parte esencial del proyecto educativo. La Alianza Educació 360, por ejemplo, ha recalcado que estas actividades fomentan la convivencia, el trabajo en equipo, la autonomía personal y el contacto con la naturaleza, y que tienen un impacto especialmente positivo en los alumnos de entornos más vulnerables.

En este contexto, voces del sector alertan de que la eventual cancelación de colonias agravaría las desigualdades, ya que muchas familias no pueden ofrecer por su cuenta experiencias similares a sus hijos. De ahí que el debate se haya desplazado rápidamente hacia la responsabilidad de la administración autonómica para garantizar que estas actividades se mantengan sin que dependan únicamente del esfuerzo extra de los docentes.

La Generalitat, presionada para dar respuesta

Con la adhesión de más de 160 centros al manifiesto, el conflicto trasciende el ámbito local y se convierte en un problema de alcance nacional en el sistema educativo catalán. El Govern queda así emplazado a dar una respuesta concreta a las reclamaciones de los claustros si quiere evitar un escenario en el que miles de niños vean recortadas de facto sus oportunidades educativas fuera del aula.

Las próximas semanas serán clave para comprobar si el Departamento de Educación abre una negociación real que permita desactivar la amenaza antes de que llegue el inicio del próximo curso. Mientras tanto, las familias observan con inquietud un pulso político y laboral cuyos efectos, de no resolverse, podrían pagarlos los más pequeños.

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