La policía actuó basándose en una interpretación incorrecta de la ley
Okupación ilegal
Una familia recupera su vivienda en Gerona pero debe devolverla a los okupas
El abogado criticó la falta de protocolos claros para las fuerzas de seguridad, lo que deriva en intervenciones contradictorias y arbitrarias
Gerona se mantiene como uno de los puntos más críticos de España en materia de okupación ilegal de viviendas. Los datos oficiales del Ministerio del Interior muestran que en 2024 se contabilizaron 16.426 denuncias por intrusiones en propiedades, un 7,4 % más que en 2023. De todas ellas, más de 7.000 correspondieron a Cataluña, concentrando así una parte importante del problema nacional.
En este contexto, el municipio de Ripoll ha adoptado medidas poco convencionales para el país, como interrumpir el suministro eléctrico en domicilios okupados, algo habitual en otros países europeos pero todavía excepcional en España.
El abogado José María Español, experto en este tipo de casos, comentó en La Linterna de COPE que la situación sigue siendo compleja. A su vez, explicó un incidente reciente en Gerona que refleja las contradicciones de la ley y las dificultades que enfrentan los propietarios.
Señaló que la aparición de empresas que se dedican a «okupar al okupa» —okupando temporalmente la vivienda para permitir su recuperación— demuestra que la normativa actual no logra resolver el problema. Según Español, cuando surgen soluciones fuera del marco legal, es un claro indicio de que la legislación vigente no cumple su función.
La indefensión de los propietarios
Por otro lado, el abogado relató en una entrevista con El Debate el caso que ilustra las dificultades legales que enfrentan los propietarios. En esta situación, los dueños consiguieron entrar en su vivienda mientras los okupantes ilegales no se encontraban dentro de ella.
No obstante, al solicitar la intervención de la policía municipal para formalizar la recuperación del inmueble, los agentes les indicaron que debían retirarse. La explicación que se dio fue que los okupantes habían presentado un vídeo mostrando que dormían y cocinaban en la vivienda, alegando que ya llevaban más de 48 horas residiendo allí, lo que complicaba cualquier actuación inmediata por parte de las autoridades.
Según explica, el supuesto plazo de 48 horas «no aparece en ninguna parte del Código Penal» y, por tanto, no confiere ningún derecho a los okupantes, ni siquiera bajo la normativa civil catalana. A pesar de ello, la policía actuó basándose en una interpretación incorrecta de la ley, prolongando innecesariamente la situación de indefensión de los propietarios.
La situación vivida en Gerona no es un hecho aislado. En otros municipios catalanes, como Badalona, se han implementado estrategias similares a las de Ripoll, incluyendo el corte de suministros para desalentar la okupación ilegal.
Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo desigual. Mientras tanto, las mafias organizadas se aprovechan de los vacíos legales y de la lentitud de los procesos judiciales, agravando un problema que ya afecta a miles de familias en toda la región.
