El alcalde de Gerona, Lluc Salellas, en una imagen de archivo
Gerona multará a las empresas que no usen el catalán con hasta el 5 % del contrato: «Un precedente peligroso»
El Ayuntamiento fija sanciones de hasta el 5 % del precio del contrato a las compañías que no operen en catalán
Gerona ha incorporado en sus pliegos de contratación una nueva cláusula lingüística que permitirá multar con hasta un 5 % del precio de adjudicación a las empresas que trabajen para el Ayuntamiento y no utilicen el catalán en su relación con la Administración local, según una exclusiva publicada por El Mundo.
Una cláusula lingüística con sanciones económicas
La medida figura ya en los pliegos de condiciones del Consistorio para concurrir a contratos públicos y establece un mecanismo coercitivo para obligar a las adjudicatarias a prestar sus servicios en catalán, bajo amenaza de penalización económica si no lo hacen. En el contrato del servicio de limpieza de la muestra floral de Gerona, Temps de Flors, se especifica que la empresa contratista «tiene que utilizar el catalán» en todas sus relaciones con el Ayuntamiento derivadas de la ejecución del contrato.
Además, se exige que tanto la adjudicataria como sus subcontratas empleen al menos el catalán en rótulos, publicaciones, avisos y demás comunicaciones generales vinculadas a la prestación del servicio, conforme al pliego al que ha accedido en exclusiva El Mundo. Aunque este tipo de cláusulas lingüísticas se ha extendido en distintas administraciones catalanas en los últimos años, el Ayuntamiento gerundense introduce ahora la novedad de asociarlas a sanciones económicas por incumplimiento.
El documento municipal advierte a las empresas licitadoras de que, si no respetan las «obligaciones en materia lingüística», centradas en el uso del catalán, se les podrá imponer una penalidad que oscilará entre el 0,1 % y el 5 % del precio de adjudicación del contrato. El importe concreto se determinará en función del grado de intencionalidad, el número de destinatarios afectados, la posible reincidencia y el perjuicio causado, de acuerdo con los criterios recogidos en los pliegos destapados por la información de El Mundo.
La ciudad está gobernada por el alcalde de la CUP, Lluc Salellas, investido gracias a los votos de Junts y ERC frente a la candidata más votada en 2023, la socialista Sílvia Paneque, hoy portavoz del Govern de Salvador Illa y consellera de Territorio. Tras conocer la práctica del Consistorio, la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana ha presentado un recurso en el que reclama anular las cláusulas lingüísticas y sus penalidades por considerar que actúan como barreras a la libre concurrencia y que vulneran la doctrina del Tribunal Constitucional, que rechaza situar al castellano en posición subordinada frente a otra lengua oficial.
Su presidente, Ángel Escolano, advierte a El Mundo de que el Ayuntamiento está creando «trabas lingüísticas» sin justificación para imponer el uso exclusivo del catalán mediante coacciones, lo que, a su juicio, sienta un precedente «muy peligroso» para las empresas que opten por dirigirse en castellano a la Administración.
