Imagen de archivo de unos socorristas de la Cruz Roja en una playa de Canarias
Un pueblo de Gerona renuncia al C1 de catalán para no quedarse sin socorristas
El consistorio ha retirado del pliego la obligación de acreditar el título de catalán ante la falta de empresas capaces de cubrir el servicio con ese requisito
Tal y como adelantó Crónica Global, un municipio de la provincia de Gerona ha renunciado a exigir el nivel C1 de catalán a los socorristas que prestarán servicio en sus playas este verano, al constatar que ninguna de las empresas interesadas podía garantizar suficientes profesionales con ese perfil lingüístico. La decisión supone retirar del pliego de condiciones la cláusula que obligaba a acreditar ese título de catalán para poder optar al contrato de socorrismo, en una comarca donde la presión por el uso de la lengua propia suele ser especialmente intensa.
Un ayuntamiento gerundense cede ante la realidad
El consistorio de este pueblo de la Costa Brava ha tenido que modificar las bases del concurso tras comprobar que las compañías candidatas no podían cubrir las plazas si se mantenía la exigencia lingüística, lo que ponía en riesgo la puesta en marcha del servicio de vigilancia en las playas. Según la información adelantada por Crónica Global, las empresas Aquasos, Esproade y Pro-activa, vinculada a Òscar Camps (Open Arms), se han visto afectadas por esta circunstancia.
La renuncia al C1 de catalán no supone que desaparezca el uso de la lengua en el servicio, pero sí elimina el listón formal que se había marcado el consistorio para contratar a los socorristas. El cambio se justifica, según los datos conocidos, por la prioridad de garantizar la seguridad en el litoral frente a la imposición de un requisito lingüístico que en la práctica dejaba desierto el concurso o limitaba de forma extrema las opciones de adjudicación.
Precedentes en los tribunales y en otras administraciones
El caso de este pueblo de Gerona se suma a otros episodios en los que la imposición del catalán como requisito ha acabado corrigiéndose por decisión judicial o por razones de oportunidad política. Una sentencia tumbó, por ejemplo, la exigencia de catalán para una plaza de peón en el cementerio de Vic, así como para un puesto de chófer en el Parlamento de Cataluña, al considerar desproporcionaria esa condición para las funciones a desempeñar.
La decisión de este municipio contrasta con la línea seguida por el propio Ayuntamiento de Gerona, que ha incorporado en sus contratos públicos cláusulas muy estrictas sobre el uso del catalán. Tal y como informó este diario, el consistorio gerundense exige a las empresas adjudicatarias que se dirijan siempre en catalán a la institución y que utilicen esta lengua en rótulos, publicaciones, avisos y cualquier comunicación vinculada al contrato, bajo amenaza de penalizaciones.
Además, se impone que el personal destinado a la atención e información a la ciudadanía acredite un «conocimiento suficiente» de catalán, presentándolo como un gesto de compromiso con la identidad del país. Esa política maximalista en la ciudad de Gerona convive ahora con el giro pragmático de un municipio de su provincia, que ha optado por rebajar el listón lingüístico para asegurar un servicio esencial como el socorrismo en temporada alta.
Los hechos en Gerona reavivan el debate sobre hasta qué punto el catalán debe ser un requisito inexcusable para acceder a determinados empleos, especialmente en ámbitos donde la escasez de profesionales es evidente. Mientras el nacionalismo insiste en que la lengua debe mantenerse como filtro de acceso a la función pública, otros sectores subrayan el derecho de los ciudadanos a contar con servicios básicos –sanitarios, educativos o de seguridad– aunque el personal no cuente con el título oficial de catalán.
La tensión entre ambas posiciones se proyecta también sobre la normativa estatal de extranjería, donde el Gobierno ha aclarado recientemente que el conocimiento de las lenguas cooficiales no puede imponerse como requisito para la obtención inicial de permisos de residencia y trabajo, pese a las pretensiones de la Generalitat. En este contexto, la rectificación de un ayuntamiento de la provincia de Gerona para no exigir el C1 a los socorristas ilustra hasta qué punto la realidad acaba desbordando, en ocasiones, los intentos de convertir la política lingüística en un filtro absoluto.
Desde El Debate se ha intentado recabar la versión del departamento de prensa del Ayuntamiento afectado sobre las razones concretas de este cambio en el pliego y sus posibles efectos de cara a futuras contrataciones, pero, al cierre de este artículo, no se ha obtenido respuesta.
