El exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena
Tribunales
La justicia investiga al exconsejero de Interior de Aragonès por adjudicaciones irregulares en Tarragona
Se le investiga como cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación cometido por Félix Alonso Cantorné, diputado en el Congreso
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga al diputado de ERC en el Parlament Joan Ignasi Elena, como cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación por el que se investiga en el Tribunal Supremo al exalcalde de Altafulla (Tarragona) y diputado en el Congreso de los Comunes, Félix Alonso Cantorné.
Según ha avanzado El País y constata el auto recogido por Europa Press, la sala Civil y Penal del TSJC ha acordado asumir la competencia para la instrucción de una causa iniciada en la plaza 4 del Tribunal de Instancia del Vendrell (Tarragona) por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas por parte del Ayuntamiento de Altafulla.
La resolución firmada y notificada este miércoles, reconoce la competencia de la sala Civil y Penal, de acuerdo con el criterio expresado por la Fiscalía, para asumir la competencia, dado que Elena –que fue consejero de Interior durante la pasada legislatura, con Pere Aragonès al frente de la Generalitat de Cataluña– es aforado.
El TSJC investiga los contratos menores que el Ayuntamiento de Altafulla firmó entre 2017 y 2019 con la consultora Sinergia Energia Dret i Media Ambient SLP, participada y administrada por Elena, por servicios de asesoramiento jurídico, que habrían infringido la Ley de Contratos del Sector Público entonces vigente.
«Indicios suficientemente sólidos»
El tribunal entiende que existen «indicios suficientemente sólidos de responsabilidad criminal en determinados procesos de contratación pública, en los que también pudieron participar como cooperadores presuntos» Elena y otra persona.
El auto sostiene de forma «provisional, presunta y meramente indiciaria» que el consistorio realizó contratos menores para evitar la licitación pública de estos servicios al haberse concertado los investigados en su propio interés y violentando los principios y las reglas en materia de contratación pública, que exigían una licitación pública basada en el respeto a la transparencia y al tratamiento igualitario entre los licitadores y candidatos.
Los pagos
Por estos servicios, Sinergia recibió 1.300 euros de forma mensual, emitiéndose 13 facturas con el concepto de asesoramiento, si bien fuera de contrato se habrían emitido 9 facturas más por igual importe por conceptos similares.
En total, la suma de las 22 facturas emitidas entre noviembre de 2017 y julio de 2019, pagadas por el Ayuntamiento de Altafulla a la mercantil de los investigados, ascienden a 25.046,67 euros, que superaron el precio del contrato que era de 15.600 euros.
Asimismo, se investiga a la adjudicación a Sinergia, también mediante la figura del contrato menor, de los pliegos para la planificación del Casal municipal de La Violeta, por la que la consultora cobró 5.000 euros sin IVA, si bien «se trataba de una de las tareas que habitualmente eran realizadas por el personal municipal».
Considera el tribunal que se habría hecho un uso indebido de la prórroga y de la figura del contrato menor, que se habría actuado en contra de los informes desfavorables de la interventora municipal y en ausencia de los informes necesarios del Secretario del Ayuntamiento, y que se habría contratado a empresas dirigidas por personas que «supuestamente mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde (Sumar En Comú Podem)».
El TSJC sostiene que Elena no podía desconocer la normativa relativa a la contratación pública, tanto por su experiencia pública como profesional, pues además de ser abogado había sido alcalde de Vilanova i la Gertrú entre 2005 y 2011.
