El alcalde de Valencia Joan Ribó en una imagen reciente
Censura en Valencia: Compromís y PSOE buscan limitar las preguntas y temas a tratar en los plenos
El Gobierno valenciano ha lanzado un nuevo reglamento orgánico que la oposición tilda de «mordaza»
hasta ahora había libertad absoluta pero eso puede cambiar. El próximo jueves el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Compromís y PSOE en coalición, debatirá en pleno la aprobación de una modificación en el ROP (Reglamento Orgánico del Pleno) que pretende limitar las preguntas, mociones o asuntos a tratar por parte de la oposición con tal de «mejorar el funcionamiento de los servicios», apoyan.
Entre las modificaciones previstas se propone limitar a dos las mociones que cada partido pueda presentar en las comisiones y a tres las preguntas por concejal, sólo pudiendo preguntar el edil que sea miembro de la misma. Además, incluye eliminar las cinco preguntas adicionales por grupo en el pleno. Unos cambios sustanciales, pues hasta ahora no existe límite alguno y cualquier concejal puede participar en la labor de fiscalización, sea o no adscrito.
En cuanto a los asuntos a tratar, el nuevo reglamento impedirá que un tema sea tratado de forma recurrente puesto que cuando un asunto salga en pleno habrá que esperar seis meses para poder preguntar de nuevo por lo mismo. Finalmente, el proyecto de modificación también fija cómo deben realizarse las preguntas: de forma «escueta y estricta formulación de una sola cuestión o interrogante».
Para el Gobierno valenciano se trata de unas modificaciones necesarias ya que «actualmente, a excepción de Valencia, las seis ciudades más grandes del Estado fijan un límite a las iniciativas de control», señalan.
Sin embargo, desde la oposición no se ha acogido la futura medida con buenos ojos. El PP ha tildado los cambios previstos de «cacicada» y consideran que se trata de un «reglamento mordaza» cuyo objetivo es «anular la labor de fiscalización de la oposición en el Ayuntamiento».
Las quejas son ya sonadas. El PP ha presentado una moción para exigir al Ejecutivo que retire y paralice el proyecto y asegura que está estudiando acudir a los tribunales si el Gobierno valenciano sigue adelante con este nuevo reglamento. Los populares piden que se redacte un nuevo reglamento que siga las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo.
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