Mónica Oltra y Aitana Mas
Comunidad Valenciana
El verdadero legado de Oltra que reivindica «orgullosa» Aitana Mas: un sistema de dependencia colapsado
La nueva vicepresidenta valenciana «hace propia» la gestión de su antecesora, marcada por las listas de espera, la falta de 22.000 plazas en residencias y no haber construido ninguna en casi ocho años
Durante el mes que lleva en el cargo, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad, Aitana Mas, no ha dejado escapar la ocasión durante sus comparecencias de «reivindicar el legado» en la gestión de su antecesora, Mónica Oltra, hacerlo «propio» y se ha venido mostrando «orgullosa» de su ejecutoria.
Sin embargo, desde la oposición en las Cortes, no comparten el optimismo de Mas. Así, la portavoz adjunta del Partido Popular en el parlamento autonómico, Elena Bastidas, pide que la número dos del Consell «rectifique» para mejorar unos datos «inasumibles para cualquier sociedad».
Para apoyar esa petición, Bastidas aporta cifras que cuestionan la gestión de Compromís en cuanto a dependencia. Concretamente, la popular apunta que, aunque las listas de espera para la concesión de ayudas a la dependencia han bajado un 11,72 %, «en el conjunto de España la reducción ha sido del 16,71 %».
Con ello, la diputada destaca que actualmente en la Comunidad Valenciana «hay catorce mil personas entre lista de espera y expedientes pendientes de tramitación» a los que hay que añadir «otros quince mil de responsabilidad patrimonial y que los ha de gestionar la Conselleria».
En cuanto a los expedientes a la espera de tramitación, la diputada de Ciudadanos en las Cortes María Quiles critica que haya valencianos que estén «esperando casi dos años para que le resuelvan la prestación. Eso no puede ser». «En 2021 fallecieron en la Comunidad 4.111 personas sin haber visto resuelta su petición de ayuda. Eso equivale a once valencianos muertos al día», asegura Quiles, que también apunta que desde que gobierna el Botánico, esta cifra asciende hasta los «36.000».
Como consecuencia de ello, el Síndic de Greuges (la figura del Defensor del Pueblo valenciano) recibe multitud de quejas al respecto: «Es intolerable que el 37 % de las reclamaciones estén relacionadas con la dependencia», lamenta Quiles.
Asimismo, la popular Bastidas recuerda que por «normativa» los expedientes tienen que ser resueltos en seis meses y por ello el Partido Popular propone que, una vez transcurrido ese tiempo, «se considere como silencio administrativo y se conceda automáticamente la ayuda a la dependencia».
En lo que Bastidas y Quiles también coinciden es en criticar que fue la propia Oltra quien prometió que en enero de 2022 no habría ningún ciudadano de la Comunidad Valenciana en lista de espera: «Lo anunció a bombo y platillo, por activa y por pasiva y hoy tenemos los datos que tenemos», asegura la popular.
Faltan 22.000 plazas en residencias
Otro de los aspectos más cuestionados del legado de Mónica Oltra es el relacionado con las plazas en las residencias públicas. Al respecto, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), José María Toro, lamenta que actualmente «falten veintidós mil plazas».
Según pone de relieve Toro, la región es «la comunidad de todas con más déficit en número de plazas», hecho que también critica Quiles, apostillando que con el Consell de PSOE, Compromís y Podem, los dependientes valencianos están «a la cola de toda España». Así, la diputada de Ciudadanos cuestiona que el Gobierno valenciano «no haya construido ni una sola residencia pública en los casi ocho años que lleva gobernando».
Para intentar solucionar este «problema», según lo califica Toro, la Generalitat ha impulsado el plan Convivint. Sin embargo, dicha iniciativa «solo contempla la creación de 3.600 plazas, un quince por cien de las necesidades». «Nos gustaría que nos explicasen qué va a pasar con el 85 por cien restante, más aún siendo una sociedad con un mayor envejecimiento y unas necesidades de dependencia más avanzadas», apunta Toro, que también señala que faltan plazas «en centros de día y de personas con problemas de salud mental».
Por otra parte, tanto Oltra como Mas siempre han elogiado que la Conselleria de Igualdad haya aumentado el número de ayudas a los dependientes, así como la cuantía de las mismas.
Sin embargo, Bastidas rebate la veracidad de esa afirmación: «Es cierto que han aumentado un cinco por cien el importe de las ayudas, pero en 2020 lo recortaron un 5,5 %», señala la popular. En su opinión, «si a ello le añadimos un IPC del 10,2 %, el resultado es que los dependientes valencianos pierden poder adquisitivo».
El destinatario de las ayudas a las dependencias también es punto de controversia a la hora de valorar la gestión de Compromís en Igualdad. Sobre ello, Bastidas explica que dichas ayudas pueden ser «profesionales –las que van orientadas a contratar a un trabajador externo– o familiares –cuando el cuidado lo ejerce un miembro de la familia». Así, según la popular, «el 78 % de las nuevas prestaciones son para cuidados familiares, que además son un 66 % más baratas».
Este aspecto supone que «mayoritariamente son las mujeres» las que ejercen esas labores de cuidado a un familiar: «El sistema de dependencia low cost que han implantado PSOE y Compromís castiga y encierra a las mujeres en sus casas retrocediendo décadas. Antes nos metían nuestros maridos en las casas y ahora lo hace la izquierda valenciana. No parece muy feminista ni progresista», asegura Bastidas.
En el mismo sentido se expresa Toro, que recalca que la ley de Dependencia especifica que los cuidados tienen que ser «profesionales» y solo será de tipo familiar de forma «excepcional». Para el presidente de AERTE, esta diferenciación se hizo «para no sobrecargar a las familias, aunque en la Comunidad Valenciana se está haciendo al revés, seguimos repitiendo el modelo tradicional de cuidados». Para Toro, el hecho de que sean principalmente las mujeres quienes se encargan de los cuidados familiares, provoca «un impacto de género muy grande».
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