Ximo Puig
Comunidad Valenciana
Más «discriminación» lingüística de Puig: imponer el dominio del valenciano para ser funcionario
El presidente de la Generalitat negocia con sus socios nacionalistas la manera de implantar en las oposiciones el manejo de la lengua regional como requisito y no como mérito
Desde que en 2015 Ximo Puig firmara con Compromís el Acuerdo del Botánico para hacer un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana presidido por el socialista, la primacía del idioma regional se ha ido ramificando en todos los ámbitos de la sociedad en detrimento del castellano: desde el cultural al institucional, pasando por el educativo.
Esta política lingüística se está viendo acrecentada en tiempo y forma después de la rúbrica del Pacto del Botánico 2 en junio de 2019, con los mismos socios, aunque esta vez con Podem dentro. Una de las últimas muestras de ello es la posible puesta en marcha del reglamento surgido tras la aprobación de la Ley de Función Pública Valenciana.
Según pactaron PSPV-PSOE y Compromís, dicho reglamento sería el último trámite legal para que el Gobierno valenciano pudiera exigir el dominio del valenciano a la hora de optar a una plaza de funcionario en cualquier campo de la administración autonómica mediante unas oposiciones.
Según explica el diputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Luis Arquillos, si saliera el reglamento adelante supondría «sustituir el conocimiento acreditado del valenciano como mérito por un requisito», aspecto que para el parlamentario –que ha estado cuarenta años en la administración central– sería un claro ejemplo de «exclusión».
Por su parte, el diputado del Partido Popular en la cámara autonómica José Antonio Rovira, justifica la postura de su formación «en contra de cualquier tipo de requisito lingüístico» porque afectaría «al personal de la función pública en general, también al del sector sanitario».
Precisamente, en el marco de aplicación es donde residen las discrepancias entre los socialistas del PSPV-PSOE y los nacionalistas de Compromís. Mientras los primeros «quieren imponer el requisito en aquellos puestos de atención directa al público», los segundos «pretenden ir, lógicamente mucho más lejos», asegura Rovira.
Para ello, continua el popular, «siguen extendiendo el catalán –porque para ellos es catalán– a todos los niveles y pretenden que todos los funcionarios tengan un nivel altísimo de valenciano-catalán para cualquier tipo de puesto de trabajo, incluida la Sanidad».
En esta línea, Arquillos se pregunta irónicamente sobre la postura socialista de excluir a los sanitarios: «¿Por qué a un médico no se le exige cierto conocimiento de valenciano y a un ingeniero de caminos o a un administrativo sí?». Según el representante naranja, esto se debe a que, debido a la pandemia «y sin haber aplicado el criterio lingüístico, ya se dieron cuenta de que faltan médicos y demás profesionales sanitarios».
Para el diputado de Ciudadanos, ya en un tono serio, la aplicación del requisito lingüístico «no tiene sentido» porque supone «discriminación»: «Cuanto más estricta y excluyente sea la política lingüística, en más sectaria se convierte», afirma Arquillos.
El parlamentario naranja y el popular, a su vez, insisten en el carácter discriminativo de la norma porque, tal como recuerdan ambos, en la región hay ciudadanos «valencianoparlantes y castellanohablantes». Así, mientras Rovira afirma que tanto unos como otros «son ciudadanos de la Comunidad Valenciana y han de tener los mismos derechos porque la lengua no puede ser un problema, sino símbolo de riqueza», Arquillos apunta que al igual que está sucediendo «en otras comunidades como Cataluña o Baleares, se está excluyendo a gente igual preparada o más» que la que conseguiría plaza por dominar el valenciano y por ello insta a que prime «la constitucionalidad de igualdad, mérito y concurrencia» en las oposiciones.
¿Guerra o 'postureo'?
Respecto a las discrepancias entre PSPV-PSOE y Compromís por el ámbito de aplicación de la obligatoriedad del valenciano, Rovira señala que ambas formaciones «tienen una guerra que no saben adónde nos va a llevar».
En cambio, Arquillos remarca que se trata de «postureo porque tienen escollos para sacarlo adelante, ya que se han metido en un callejón sin salida». Para el parlamentario de Ciudadanos, las discrepancias mostradas son una forma de decir: «Bueno, a ver, donde dijimos ‘sí’ porque nos tenían pillados y había que sacar adelante la legislatura y sus acuerdos, ahora, a la hora de la verdad, ese ‘sí’ tan rotundo que dimos no puede ser de esa manera». Por lo tanto, según el representante naranja, «lo dicen para suavizar y alisar que no puede ser tal como pensaban en un principio e imponía Compromís».
Según los plazos marcados en la propia Ley de Función Pública Valenciana, el reglamento que incluye la implementación del valenciano como requisito a la hora de opositar, se tendría que haber desarrollado durante el año siguiente a la aprobación de dicha ley por las Cortes o, lo que es lo mismo, como máximo en abril de 2022.
Por ello, acerca de si saldrá adelante el reglamento en esta legislatura –las elecciones son el 23 de mayo, por lo que las Cortes se disolverán 54 días antes–, Arquillos espera que no se apruebe, tanto por su carácter «excluyente» como para poder dar «más tiempo, sobre todo al PSPV-PSOE, para que piensen, reflexionen y maduren lo que han hecho con la Ley de Función Pública».
Igualmente, Rovira también confía en que este mandato terminará sin el desarrollo normativo de la imposición del valenciano, aunque recalca lo que su partido haría en caso de llegar a la Generalitat con el reglamento en vigor: «Una de las primeras medidas que tomaríamos sería derogar cualquier requisito lingüístico en la Función Pública, principalmente, si afecta al sector sanitario».
Comentarios
