Fachada de la Ciudad de la Justicia de Valencia

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Comunidad Valencia

La Fiscalía investiga el caso de un joven autista recluido cuatro años en una habitación por no tener residencia

El Defensor del Paciente acusa al Gobierno valenciano de «dejación de funciones y falta de humanidad»

La gestión de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana hace tiempo que atrae el foco de los medios de comunicación y no, precisamente, por sus logros conseguidos para diversos colectivos sociales.
La última polémica que salpica al departamento dirigido por la vicepresidenta autonómica, Aitana Mas, ha sido la confirmación de que la Fiscalía Provincial de Valencia está investigando el caso de un joven de 31 años con autismo que lleva cuatro años recluido en una habitación de su domicilio en Manises debido a la falta de plazas en una residencia.
El Ministerio Público ya ha abierto las diligencias procesales correspondientes y, de hecho, ya ha procedido a requerir a la Consejería de Igualdad la documentación que ha considerado relevante a la hora de esclarecer las razones por las que el chico no está viviendo en un centro de la Administración adaptado a sus necesidades.
La investigación de la Fiscalía es de oficio y llega tras la petición del propio Defensor del Paciente, que le instó a estudiar la situación del joven tras la denuncia de sus padres. Estos, según fuentes conocedoras del caso, llevaban cuatro años esperando la confirmación de una plaza en una residencia para el chico, ya que la convivencia con él se habría vuelto insostenible ante los brotes violentos que sufría.
En esta línea, los progenitores han manifestado que su hijo rompía todo en casa e, incluso, llegó a morderles y pegarles, por lo que ya estaban en un punto en el que no podían «más». «Necesitamos que trabajen con él para que sea feliz. Vemos que esto se alarga y la Consejería no contesta», han indicado a un medio local.
En su escrito a la Fiscalía, el Defensor del Paciente es contundente: «Lo que se manifiesta es de una gravedad que no podemos ni callar ni dejar de pedir una investigación de oficio», señala.
En esta línea, continúa argumentando que la situación familiar en la que viven los afectados es de «suma urgencia» y acusa a la Consejería de «dejación de funciones y falta de humanidad».
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