El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el valenciano Ximo Puig, en una imagen de archivo
Comunidad Valenciana Sánchez aviva la tensión con Puig y le lleva al TC por torpedear la ampliación del puerto de Valencia
El Gobierno considera que el tripartito invade competencias estatales y supone una nueva grieta entre ambos mandatarios socialistas
Otra piedra en el camino, que diría José Luis Ábalos. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) una ley del Ejecutivo valenciano no parece que vaya servir como bálsamo para reconducir ni calmar la deteriorada relación entre ambos mandatarios.
Concretamente, la decisión afecta al artículo 173 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2022 (aprobada hace un año). En este instrumento administrativo que los gobiernos, sea cual sea su signo político, utilizan para 'colar de Matute' enmiendas y cesiones varias de última hora, el tripartito de izquierdas pretendía legislar sobre la ordenación del territorio.
Así, las formaciones del Ejecutivo regional –PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem–, enmendaron su propia ley con tal de que se aprobase la disminución de la distancia mínima entre las zonas con actividades económicas que puedan suponer un riesgo para la salud y otros supuestos respecto a viviendas, centros educativos o de uso terciario especial.
El problema que advierte el Gobierno central es que del texto se infiere que esa normativa a aplicar afectaría al conjunto de infraestructuras, entre ellas, los puertos que son de titularidad estatal como los cinco que hay a lo largo de la Comunidad Valenciana.
Esto sería causa, por tanto, de un choque o una invasión de competencias entre administraciones y afectaría, principalmente, al recinto portuario de Valencia, cuya ampliación está en el aire por las divisiones políticas en la izquierda regional, empeñada en frenar el proyecto.
Recurso a un tripartito inestable
Este asunto no pasaría de una simple anécdota propia de la actividad gubernamental en un país tan descentralizado como España, pero la derivada política que encierra no es baladí.
Más allá de que llegar al Alto Tribunal lleva aparejado 'per se' un fracaso a la hora de poder llegar a un acuerdo, también supone un torpedo por partida triple a la línea de flotación del tripartito valenciano en general y de su presidente, Ximo Puig, en particular.
Primeramente, de cara a la opinión pública y a las batallas parlamentarias con la oposición, que el Gobierno, y a más a más siendo de tu propio color, considere que incumples la Constitución y recurra a los tribunales para arreglarlo es un claro gesto de debilidad, como el equipo que sale al campo perdiendo 1-0.
Además, el Ejecutivo autonómico no destaca, precisamente, por ser la quintaesencia de la estabilidad y de la paz interna, por lo que la gestión que de Presidencia y consejerías hacia dentro se haga de esta situación puede añadir más dosis de tensión. De darse, a priori, el más perjudicado podría ser el PSPV-PSOE, puesto que tanto sus socios nacionalistas de Compromís como los comunistas de Unides Podem tienen meridianamente claro que la bandera ecologista es suya y no piensan cederla.
De hecho, tanto unos como otros en todo momento se han manifestado en contra de la ampliación del puerto de Valencia utilizando argumentos ecologistas, por lo que la presentación de la enmienda en cuestión fue analizada como la maniobra idónea para frenar la expansión del recinto portuario a pesar de contar con el visto bueno empresarial y de vecinos, así como su notable impacto económico.
Por último, el recurso de Sánchez en ningún caso puede servir para acercar posturas en su relación con Puig. Esta se encuentra francamente maltrecha desde el instante en que el valenciano hizo caso omiso a las directrices de la Moncloa en materia de impuestos y anunció, siguiendo la estela de Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, una rebaja fiscal del IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros en el tramo autonómico cuando hasta ahora el Gobierno central en pleno se había opuesto a esta medida o similares por activa y por pasiva.
En este sentido, la enmienda recurrida no lleva la firma de Puig, sino de los tres portavoces parlamentarios en el momento de la tramitación en las Cortes Valencianas. Sin embargo, al haber pasado antes por el Consejo de Ministros, el escrito del Ejecutivo sí lleva la de Pedro Sánchez, con la correspondiente importancia simbólica que estos hechos tienen.
Respecto a las valoraciones políticas a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, fuentes del Partido Popular acusan al Gobierno de la Generalitat Valenciana de «mentir» y de «estar jugando con las ilusiones de los vecinos afectados».
En esta línea, recalcan que el PP votó «en contra de esa enmienda por considerarla una «artimaña política sucia», que no iba a solucionar «nada» y recuerdan que su formación ya advirtió al tripartido de izquierdas que la vía utilizada «no era la correcta» y que terminaría en el Constitucional «por invasión de competencias».
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Mamen Peris reprocha a Puig y sus socios de coalición esta situación y cree que es fruto de que hayan convertido la Ley de Acompañamiento en un «cajón de sastre que está generando mucha inseguridad jurídica».
«Estamos notando que las enmiendas no pasan por el filtro de los letrados de las Cortes y de los servicios jurídicos, por lo que se pueden cometer gazapos legales y conculcar competencias», asegura Peris.
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