El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, en un momento de la entrevista
Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude «La malversación también es cautivar a gente para que esté a tu servicio»
Joan Llinares rechaza el lucro particular como única causa de malversación porque corrupción es «destinar los impuestos a objetivos perversos»
«Su problema se llama tres por ciento». Esa famosa frase pronunciada por Masqual Maragall marcó un antes y un después en la política. El socialista se refería a un presunto cobro de comisiones por parte de Convergencia y Unión. Hoy, la persona que sacó a la luz esa trama de corrupción, Joan Llinares, es el actual director de la Agencia Valenciana Antifraude y atiende a El Debate.
–¿Cuál es el ámbito de actuación de la Agencia?
–Están en la ley que aprobaron las Cortes Valencianas en 2016 y son las tres grandes competencias que aparecen en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la que España es uno de los países firmantes. Una es prevenir la corrupción trabajando por las buenas prácticas en el ámbito de la Administración. Otra es investigar aquellos casos que se puedan detectar dentro de las administraciones públicas y la tercera es la de proteger a aquellas personas que informan, denuncian o alertan sobre corrupción y malas prácticas. Nuestro ámbito territorial es la Comunidad Valenciana y el subjetivo, todas las administraciones salvo la del Estado, incluidas las personas físicas y jurídicas que reciben fondos públicos.
–¿Cómo garantizan la imparcialidad en sus actuaciones?
–Por un colectivo de funcionarios de carrera. Aquí no hay nadie que no haya hecho su oposición y están elegidos siempre buscando al funcionario ejemplar, profesional, que en su carrera se haya podido encontrar con las situaciones contra las que venimos a luchar. Por ley tenemos que ser imparciales, por lo que el fraude no tiene ideología y la neutralidad se garantiza por un grupo de funcionarios tan excepcional como el que tenemos.
–Se suele asociar la Comunidad a la corrupción. ¿Tal fue el nivel o hubo mucha 'pena de telediario'?
–Una mezcla induce a la otra. He trabajado muchos años fuera de la Región, pero siempre he 'ejercido' de valenciano y eso suponía que me dijeran infinidad de veces «oye, ¿qué pasa en Valencia?». Es cierto que hubo una época donde hemos llegado a tener las tres presidencias provinciales imputadas y alguna condenada, alcaldes, consejeros en la cárcel como el que ejercía de jefe de una banda desde dentro de su administración robando a la gente más pobre del planeta, quedándose con el dinero para un hospital que se tenía que construir en Haití y con la colecta que al Generalitat abrió cuando ocurrió el terremoto. Dantesco. ¿Se puede alcanzar un nivel de miseria mayor que ese? Venimos de allí y eso representa la punta del iceberg, pero la corrupción no tiene color.
En España se ha llegado a distinguir entre corrupción mala si el dinero se lo quedaba el político y buena si lo hacía el partido. Pero todo es corrupción
–¿Cómo define la corrupción?
–Es la degradación, la ausencia de ética de aquél que, viéndose con poder sobre los recursos públicos y derechos, decide ejercerlo para aprovecharse particularmente y su entorno, sea su familia, su partido o su banda criminal. Intenta capturar cualquier forma de poder porque desde ahí es cómo se beneficia. Pese a eso, España no tiene una Oficina contra la corrupción a nivel nacional como Francia o Italia.
–¿Y eso qué consecuencias tiene?
–Que España trate únicamente la corrupción desde lo penal, cuando el mal ya está hecho. Faltan estructuras especializadas en prevenir e impedir que esto ocurra dentro de las administraciones y el cálculo es que se vienen a perder cerca de 47.000 millones de euros al año por falta de presión de concurrencia. Lo fiamos todo al Código Penal y eso provoca que hayas procesos que tardan diez años en resolverse, periodos cortísimos de prescripción que hacen que haya delitos que queden impunes.
–¿Cómo se ha sofisticado el fraude?
–El mundo de la corrupción evoluciona por delante de la lucha contra ella. Ocurre en todos los delitos. Antes se adjudicaban contratos multimillonarios sin necesidad de ningún trámite porque se hacían por trámite de urgencia. Ahora ya está más controlado. Ahora burlan la ley yendo hacia los contratos menores, multiplicándolos y troceándolos. Es surrealista desde un punto de vista técnico, pero van adaptándose porque la tentación de adjudicar algo a amigos es muy fuerte. También estamos notando un aumento de casos vinculados al acceso a la Función Pública como filtraciones de respuestas en los exámenes. Esto es gravísimo quien utiliza la ilegalidad va a ser de por vida un mal funcionario al servicio de quien le ha filtrado.
–¿Cómo definiría el papel de los corruptores?
–Viví el caso Palau. Se consiguieron condenas considerables y donde el principal responsable, Félix Millet, lleva varios años en la cárcel. Sin embargo, Ferrovial utilizaba el Palau de la Música para canalizar hacia Convergencia y Unión las comisiones, que en realidad son sobornos, se libró de la condena porque para ellos había prescito al ser una entidad jurídica privada.
–¿Cómo vivió esa etapa?
–Eso es muy frustrante porque hay una parte que es absuelta a la que nadie le ha reprochado el pago de millones y millones a un partido político para utilizarlo en sus campañas electorales. Tenemos un cierto grado de conciencia social hacia los corruptos, pero los corruptores se siguen yendo de rositas y es una asignatura pendiente.
–Usted habló de comportamientos mafiosos…
–Sí, sus actuaciones son similares: actúan como grupo, utilizan circuitos informales, ocultos y secretos para planificar y para acometer contra aquello que les molesta. Funcionan como una mafia y les obsesiona controlarlo todo y ver de qué forma se elimina lo que se pone por delante.
El malversador no necesita llevarse dinero a su bolsillo. Puede estar obteniendo beneficios de otro tipo
–¿El corrupto lo es solo si se ha llevado el dinero a su bolsillo?
–La condición de corrupto es mucho más amplia. No conozco por dónde va a ir la modificación, pero ya le adelanto que la malversación de fondos públicos no es la del que se aprovecha solo para él: también es la del que beneficia a terceros sabiendo de la ilegalidad de lo que está haciendo porque hay muchas formas de beneficiarse.
–¿Cuáles serían?
–Por ejemplo, cautivar personas. Si tú canalizas fondos públicos en beneficio de personas para su lucro privado, sean subvenciones o subsidios de los ERE como en Andalucía, tú puedes no haberte lucrado personalmente, pero has estado cautivando a gente que van a estar a tu servicio para lo que haga falta. El malversador no necesita llevarse dinero a su bolsillo, puede estar obteniendo beneficios de otro tipo. Pero la pérdida económica del erario público sí se produce, que es lo esencial.
–Gastar fondos públicos para que un partido se perpetúe en el poder…
–Es una forma de financiación ilegal de los partidos. En España se ha llegado a diferenciar que si el dinero se lo quedaba el partido era corrupción buena y si iba al bolsillo del político era mala. No, todo es corrupción porque va dirigido a lo mismo: destinar los impuestos que pagamos destinados a objetivos perversos que no tienen nada que ver con el interés general, y esa tendría que ser la guía del político. Quien sirve al interés particular no es una persona íntegra y si lo hace de forma torticera, vulnerando la ley, es un corrupto.
–¿Usted es partidario de que la Abogacía de la Generalitat se persone en la causa que atañe al hermano del presidente Puig?
–En ese caso, cuando vimos la derivada judicial, se trasladó al Juzgado. A partir de ahí, no tenemos opinión. Estamos sometidos a lo que decidan el juez instructor y la Fiscalía.
–¿Qué ocurrió con determinados contratos de emergencia durante el confinamiento?
–Se detectaron unos costes que se habrían podido ahorrar en un 25 %. Fue mejorable, pero también se podría aplicar lo de 'a toro pasado todos somos Manolete' porque no sabíamos cómo se contagiaba ni había vacuna. Dicho esto, cuando desaparece la emergencia hay que volver a la normalidad y tenemos que revisar lo que se ha hecho porque nadie nos asegura que no vayamos a tener un covid-23 y la falta de planificación es muy grave. La gestión es mejorable.
–Ha hablado de trocear contratos y la Agencia ha advertido al Ayuntamiento de Valencia sobre ello. ¿Qué respuesta han tenido?
–Mayoritariamente, ha aceptado las recomendaciones que hemos hecho en los casos que tenemos publicados.
Joan Llinares (Alzira, Valencia, 1953) es el actual director de la Agencia Valenciana Antifraude desde 2017. Antes fue gerente de Recursos en el Ayuntamiento de Barcelona, donde puso en marcha la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas.
Además de director Ejecutivo del Palau de la Música Catalana, ha desempeñado multitud de cargos relacionados con la gestión cultural y es experto en prevención de blanqueo de capitales.
Además de director Ejecutivo del Palau de la Música Catalana, ha desempeñado multitud de cargos relacionados con la gestión cultural y es experto en prevención de blanqueo de capitales.
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