La exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en Ca Revolta en Valencia
Comunidad Valenciana
Un diputado denuncia a Mónica Oltra por cobrar el paro pese a haber dimitido voluntariamente
La denuncia se extiende también al presidente de la Generalitat Ximo Puig por supuestamente haber obrado para que su ex número dos pueda cobrar la prestación por desempleo
Lo anunció públicamente en televisión y ahora sus palabras se han convertido en motivo de posible delito. La exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, declaró en el programa Salvados de La Sexta que cobraba una prestación por desempleo de 1.300 euros tras su dimisión por la actual investigación en torno a si su exdepartamento de Igualdad y ella misma están involucrados en el encubrimiento de su exmarido por los abusos sexuales a una menor tutelada.
Unas declaraciones que han alertado al diputado valenciano Vicente Fernández quien considera que son motivo de denuncia. Fernández explica que si Oltra presentó su dimisión es ilegal que esté cobrando el paro porque su cese laboral fue voluntario. Por ello considera que el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, «de forma no solo irregular» sino «absolutamente contraria a derecho y a sabiendas de ello, muy posiblemente con la intención de beneficiar» a la exvicepresidenta para la obtención de prestación por desempleo, firmó un decreto de cese, «en lugar de aceptar su dimisión» con el fin de esta pudiese cobrar el paro.
Así las cosas, Fernández ha presentado este lunes una denuncia por posibles delitos de prevaricación y malversación contra Puig y Oltra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Fernández, abogado y actualmente diputado no adscrito tras haber dejado Ciudadanos, alerta en su denuncia, además, de que este cese «posiblemente haya comportado el cobro de una indemnización de tres meses de sueldo íntegro, a la que por su dimisión tampoco tendría derecho».
Para el denunciante, estos hechos constituyen, «además de una intolerable desviación de poder», un posible delito de malversación de caudales públicos y uno de prevaricación, por lo que deben ser investigados para su comprobación y averiguación de los responsables. «Es una vergüenza que desde el Consell los políticos se protejan siempre y se apañen asuntos para cobrar lo que a cualquier ciudadano de a pie se les negaría; nadie está por encima de la ley», ha manifestado el diputado.
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