Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana El caso Azud acorrala a un Ximo Puig que se juega la presidencia en cinco meses
La supuesta financiación ilegal de los socialistas valencianos pone en jaque que el PSOE mantenga una plaza clave de cara a las elecciones generales
Está siendo un fin de año horrible para el PSPV-PSOE. La catarata de informaciones acerca de la 'caja B' confesada por su propio exgerente, Francisco Martínez Rico, ante la Guardia Civil en calidad de testigo ha supuesto todo un tsunami en el seno de los socialistas valencianos.
Bien es cierto que tras los registros y declaraciones realizados meses atrás, el PSPV-PSOE pudiera haber intuido que algo malo le sobrevenía, pero en ningún caso sospechaban en la formación que sería de tal magnitud y sucediéndose una información tras otra y a cuál peor.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, termina un año francamente inestable a pesar de lo dicho en su tradicional discurso de fin de año. Sin embargo, las infinitas luchas intestinas en el seno del Gobierno autonómico son una anécdota en comparación con las acusaciones que apuntan a una presunta financiación ilegal de su partido.
El Debate viene desvelando diversas informaciones que comprometen al presidente de la Comunidad y desmotan el relato según el cual su partido estaría libre de toda presunta corruptela.
Lo que se inició bajo la investigación de unos contratos en el Ayuntamiento de Valencia ha derivado en una macrocausa, con varias piezas de sumario separadas, en la que se pone en entredicho que el Partido Socialista en la Región se haya financiado de manera legal.
Campañas electorales investigadas
Para comenzar, las campañas electorales de 2007 y 2008 están siendo investigadas. En la primera, concurrió la ya fallecida Carmen Alborch para optar a la alcaldía de Valencia. Un año más tarde fue la otrora vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega quien se presentaba a las elecciones generales como número uno por la capital levantina.
En ambos casos, la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que gastos en material publicitario fueron sufragados por empresas constructoras a cambio de la concesión de obras públicas.
En el centro de todo ello, según los investigadores, está el que fuera tesorero de los socialistas valencianos, José María Cataluña. Su papel no era, supuestamente, anecdótico ni estaba de paso.
Según testimonio del propio exgerente Martínez Rico, era el propio Cataluña el encargado de la 'caja B' y de tratar con las sociedades pagadoras. Muestra de ello es que, tal como explicitó en su declaración, era él quien decía «cómo, cuándo y de qué forma se cobraba».
Lotes del contrato de la obra en Valencia.
Fueron, precisamente, las anotaciones de Cataluña las que dieron origen a la investigación. Así, una de las obras clave fue la de uno de los tramos del trasvase Júcar-Vinalopó, concretamente el E, la que disparó las alarmas de los agentes.
En su libreta, tal como reveló en su día El Debate, el exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE apuntaba las comisiones que, según el juez y la Fiscalía, iba recibiendo. En lo concerniente a esta infraestructura, las mordidas habrían superado el millón de euros.
Asimismo, y tal como viene publicando este medio, el instructor sospecha que el actual Ejecutivo autonómico liderado por Puig podría haber concedido «favores» a los empresarios de la trama.
En el foco, además de a Cataluña, la investigación se centra en Manolo Mata. Este ha sido durante años la 'mano derecha' del presidente valenciano y ejerció como portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas hasta que, curiosamente, dejó el cargo para ser el abogado defensor de uno de los cabecillas de la causa.
A pesar de todo ello, la relación entre la Generalitat y algunos de los empresarios investigados en el caso 'Azud' no ha cesado. Buena muestra es que, tal como publicó en exclusiva El Debate, Puig ha concedido hasta 15,4 millones de euros a la mercantil Facsa, una constructora implicada en la trama propiedad del imputado Enrique Gimeno.
Además de ello, y por si lo anterior no fuera suficiente, diversas entidades gobernadas por el PSPV-PSOE han otorgado un montante de 30,4 millones de euros en diversas adjudicaciones.
Con todo lo anterior, Puig se enfrenta a sus momentos más difíciles desde que asumió la presidencia de la Comunidad en junio de 2015.
Quizás, y ya es decir, lo que menos le preocupe es que las encuestas –salvo el CIS, claro está– coincidan en un empate técnico con el bloque de centro-derecha. Sus esfuerzos a día de hoy se centran en resolver el berenjenal que tiene en clave interna.
Por una parte, las acusaciones de financiación ilegal son tan contundentes como nocivas para su candidatura, germinada en la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Por otra parte, y no menos importante, es la forma de cohabitar con sus socios de coalición, Compromís y Unides Podem. Por mucho que compartan Consejo de Gobierno, Puig sabe que, de cara a las elecciones del 28 de mayo, sus todavía aliados van a intentar hacer sangre de un presidente de la Comunidad Valenciana que con el caso 'Azud' se puede dejar demasiados pelos en la gatera.
Comentarios
