El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, hablando por teléfono
Comunidad Valenciana La estrategia de Puig en su semana más difícil: parches con el Tajo-Segura y callar con Azud
El recorte en el trasvase y las informaciones que le involucran en la trama han hecho que el presidente valenciano esté visiblemente incómodo
Gran parte del mes de enero suele ser inhábil parlamentariamente hablando. Muy probablemente, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, habría deseado que esa circunstancia hubiese seguido así.
De esa manera, no se tendría que haber enfrentado a una de sus semanas más complicadas, si no la que más, desde que está en el poder.
A cuatro meses escasos de las elecciones autonómicas en las que se juega el puesto, Puig ha vuelto a las Cortes autonómicas para responder, entre otros, a dos temas de especial trascendencia como son el trasvase Tajo-Segura y el carrusel de informaciones que le involucran en el caso Azud.
Respecto a la trama que investiga una presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE, el presidente valenciano no se puede decir que haya tenido una buena semana. Esta comenzó con la información de que en la agenda que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino al extesorero socialista y considerado cabecilla de la trama, José María Cataluña, aparecía la anotación «X. Puig».
Contrató al yerno del cabecilla
Asimismo, El Debate publicó este jueves en exclusiva que el propio Puig contrató a dedo en diversas ocasiones a las empresas del yerno de Cataluña, Vicent Vergara, a pesar de que el caso ya había saltado a los medios de comunicación y el antiguo responsables de las finanzas del PSPV-PSOE ya se encontraba imputado.
Durante la sesión de control, especialmente Partido Popular y Vox se mostraron contundentes a la hora de pedir explicaciones a un Puig que, era evidente, se encontraba visiblemente incómodo.
De este modo, María José Catalá le preguntó directamente si él era «el jefe de la trama» y la portavoz de Vox, Ana Vega, le recordó que las 'X' «persiguen a los socialistas», en relación a los GAL y al caso de los ERE en Andalucía.
Sin embargo, a pesar de estar en la casa de todos los valencianos y de la contundencia de las informaciones e investigaciones, Puig no dio ningún tipo de explicaciones al respecto, sino la callada por respuesta.
Lo hizo prácticamente así, porque las únicas y breves palabras que el presidente regional dedicó a algo tan sensible y grave como la corrupción fue para atizar al Partido Popular por los casos que actualmente se están juzgando en la Audiencia Nacional y en la Provincial de Valencia.
Esa misma estrategia es la que tienen grabada a fuego los dirigentes socialistas valencianos, sabedores de que un escándalo de este tipo puede ser el punto de no retorno para volver ocho años después a la oposición.
Prueba de ello es que, preguntada de manera expresa por las informaciones publicadas por este periódico, la portavoz del PSPV-PSOE en el parlamento autonómico, Ana Barceló, no ha hecho alusión a las mismas y ha cargado contra el PP por, a su juicio, «utilizar la técnica del pulpo» para «expulsar tinta» y «diluir» otros asuntos.
Sin embargo, Puig es plenamente consciente de que exclusivas como las publicadas por El Debate suponen un salto cualitativo en la investigación del caso Azud porque ahora ya es el propio presidente el que contrató con familiares del líder de la trama. Por ello, la incertidumbre y la alarma en las filas socialistas es tan notable como creciente.
El otro gran asunto que centró la sesión de control al presidente en el hemiciclo regional fue el recorte en el trasvase Tajo-Segura que el Gobierno central consumó el martes en el Consejo de Ministros.
Finalmente, Pedro Sánchez y Teresa Ribera prefirieron los postulados de Emiliano García-Page frente a la demanda desesperada de los regantes del Levante.
Varios colectivos del sector se concentraron a las puertas del Palacio de La Moncloa mientras se celebraba la reunión, esperando que pudiera ocurrir un milagro de última hora que impidiese la defunción en diferido de sus cultivos.
No obstante, la cerrazón del Ejecutivo impidió tal cosa y los agricultores contemplaron casi en directo este duro mazazo a su presente y a su futuro.
Contrato público al yerno del tesorero del PSOE de Valencia (II)
En este contexto, tras unas semanas de aparente firmeza, volvió a aparecer el Puig más equidistante. Intentando reconquistar la lealtad y confianza del presidente del Gobierno y, a la par, pretendiendo unirse a las reivindicaciones de los campesinos, el presidente valenciano informó esta semana de unas medidas.
Viendo cómo podía hacer la cuadratura del círculo, el barón socialista anunció una bonificación en la compra de agua desalada, así como que el sector estará presente en la comisión de seguimiento del trasvase.
Para rematar la faena, por si la situación no fuese ya lo suficientemente comprometida para Puig, Ribera quiso hacer en la rueda de prensa en la que anunciaba el recorte en la infraestructura un «reconocimiento expreso» al valenciano.
La respuesta de los regantes, como de seguro Puig se esperaba, no fue precisamente la de acoger esas medidas con entusiasmo. Todo lo contrario.
La Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en la provincia de Alicante califica la decisión de «imponer» el agua desalada frente a la trasvasada como «autoritaria» por no garantizar «una seguridad mínima al campo», explica su presidente, José Vicente Andreu.
Asimismo, el colectivo reprocha al Gobierno central su postura de recortar el trasvase porque a los agricultores les «resta independencia y competitividad».
Andreu señala que la razón por la que rechazan el agua desalada no obedece a una única razón, sino a varias: «Ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico, ni por impacto ambiental el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada».
Desde días atrás, el argumentario de Puig y Ribera indicaba que se debía repetir hasta la saciedad la palabra «diálogo». Por ello, tanto el uno como la otra se encargaron de llevarlo a práctica.
Sin embargo, los colectivos de regantes desmontan ese pretendido «clima de confusión en la sociedad» para desviar la atención sobre unos «argumentos y promesas que carecen de legitimidad».
«ASAJA Alicante lamenta que ese afán de conversación por parte de la ministra no haya existido durante estos últimos años, cuando los agricultores y regantes hemos insistido para que se nos tenga en cuenta en la planificación que se ha aprobado tras una actitud déspota y dictatorial», afirma la asociación agraria.
La semana para Puig comenzó con la polémica del trasvase Tajo-Segura y, por aquello de que todo puede ir a peor, está terminando acorralado y señalado directamente por el caso Azud.
Dos estrategias para dos asuntos que son de especial sensibilidad en la Comunidad Valenciana. El tripartito sabe que puede estar sufriendo un goteo incesante en la pérdida de voto. Por ello, la preocupación es evidente porque una de esas puede ser la gota malaya.
Comentarios
