Comunidad Valenciana  Varapalo del Defensor del Pueblo valenciano a Puig: le obliga a utilizar el español en las comunicaciones

La obsesión adoctrinadora del tripartito de izquierdas valenciano conformado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem ha recibido un sonoro varapalo por parte del Síndic de Greuges, la figura equivalente al Defensor del Pueblo en la región.

En un escrito del organismo, Ángel Luna insta al Ejecutivo liderado por Ximo Puig a utilizar el español en sus comunicaciones y dejar de hacerlo únicamente en valenciano como se viene produciendo hasta la fecha.

El Defensor, que fue portavoz socialista en las Cortes Valencianas de 2007 a 2011, argumenta que el Gobierno de la Generalitat ha de integrar el castellano en aras de «garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse y obtener respuesta de la Administración de la Comunidad Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales».

Asimismo, considera que se ha de preservar el derecho a «recibir respuesta en la misma lengua utilizada en aplicación del artículo 9 del Estatuto de Autonomía».

Desmonta al tripartito

El informe elaborado por Luna es de una contundencia reseñable y desmonta el argumento más utilizado por el tripartito y sus satélites independentistas para imponer el valenciano en todos los órdenes de la vida cotidiana.

Según el relato nacionalista, la lengua regional debe gozar de un papel predominante frente al castellano para fomentar su uso y de esa manera evitar una supuesta e hipotética desaparición.

Sobre ello, el Defensor del pueblo autonómico señala que responder a un ciudadano en español si este ha sido el idioma en que se ha dirigido a la Administración es «compatible con el fomento de la lengua valenciana».

Por tanto, el conjunto de eufemismos repetidos al respecto por socialistas, nacionalistas y comunistas «no justifica la eliminación del español en las comunicaciones».

El escrito de Luna es producto de una queja que presentó la coordinadora de Hablamos Español en Alicante, Asun Núñez. El motivo de la protesta fue que en un colegio público de la localidad de Elche la Memoria Final del centro se les facilitó a los padres de los alumnos tan solo en valenciano, por lo que solicitó que también la tuvieran en castellano.

Por ello, los reproches del Defensor se dirigen directamente a la Consejería de Educación, gestionada por Compromís bajo la batuta de Raquel Tamarit.

A su departamento Luna le pide que adopte «todas las medidas que sean necesarias, incluidas las presupuestarias y tecnológicas, para adaptar al régimen de cooficialidad lingüística vigente en la Comunidad Valenciana las Memorias finales de curso que se remiten a los centros docentes públicos».

Cabe destacar que el afán por adoctrinar e imponer el valenciano -para el tripartito es catalán- no es una intención propia solo de Tamarit. Su antecesor en el cargo, Vicent Marzà fue quien, desde que la izquierda subió al poder en junio de 2015, se puso al frente de elaborar un proyecto ideológico a largo plazo con dos claros objetivos.

Estos eran y siguen siendo orillar y marginar cualquier atisbo de uso del español e ir inoculando sutilmente la hoja de ruta importada desde Cataluña para naturalizar una futura anexión a los ‘Países Catalanes’.

Preguntada por El Debate, la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, califica el escrito del Defensor del Pueblo valenciano como una «excelente noticia», ya que supone un «espaldarazo» a todas las actuaciones que desde la asociación siguen llevando a cabo.

Según subraya, el informe está «muy bien explicado» y es «contundente y brillante» a la hora de denunciar que se está «vulnerando un derecho».

Tan es así que Lago asegura que el colectivo que representa va a utilizar el documento de Luna «en los recursos de alzada en otras comunidades autónomas». Por ello, cree que va «a tener repercusión» y advierte que Hablamos Español va a seguir haciendo frente al adoctrinamiento y la imposición lingüística porque están «hartos».