El futuro presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Elecciones 28-M La sociedad civil valenciana, ante el pacto PP-Vox: esperanza en el turismo, confianza de empresarios y cautela sindical
La dureza y el tono elevado de dirigentes socialistas contrastan con cómo los principales sectores económicos y sociales valoran el acuerdo para el próximo Gobierno valenciano
Desde que se conoció en el mediodía del martes que el Partido Popular y Vox habían llegado a un principio de acuerdo para formar un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, las reacciones fueron casi instantáneas y se sucedieron en cascada, algo que todavía continua pasando.
En el ámbito político, los firmantes mostraron su satisfacción por el consenso alcanzado, mientras que las formaciones de izquierdas –que en unos días dejarán sus responsabilidades en el Ejecutivo de la Generalitat– expresaron su absoluto rechazo al pacto. Curiosamente, el PSOE está siendo más beligerante que Compromís, que se encuentra en posiciones ideológicas más alejadas de PP y Vox.
Los socialistas para ello siguen haciendo uso tanto de las propias siglas de la formación como de la mesa del Consejo de Ministros. Así, la titular de Educación, Pilar Alegría, tildó el pacto de «vergonzante» y «bochornoso» y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, utilizó términos similares desde el mismo palacio de la Moncloa. En esta línea, ayer mismo la número uno por Valencia en las elecciones generales y ministra de Ciencia, Diana Morant, llegó a asegurar que las mujeres vieron la reunión entre PP y Vox «con terror».
La retórica en política suele apoyarse en la hipérbole para reforzar –o al menos intentar– una postura determinada, aspecto que a día de hoy se ve incrementado por estar recién salidos de unas elecciones, con otras en 38 días y, por tanto, de pleno en la campaña de las generales.
«Racionalizar el gasto público»
Sin embargo, ese desasosiego ante el acuerdo para configurar el futuro Gabinete de la Generalitat contrasta con cómo lo valoran los principales sectores de la sociedad civil. En el ámbito de la empresa, por ejemplo, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha expresado su confianza en que tanto Mazón como sus consejeros «respeten y fomenten el clima de diálogo social» para «alcanzar acuerdos que favorezcan la prosperidad económica y social».
No solo eso, sino que al próximo Gobierno le pide que sea «valiente» y que «no dude en defender» los intereses de la región «en Madrid». Concretamente, Navarro reclama firmeza a la hora de exigir la reforma del modelo de financiación autonómica, el apoyo a la ampliación del puerto de Valencia, así como a una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche.
Asimismo, los tres decanos provinciales del Consejo General de Economistas de la Comunidad Valenciana ven «positivo» el acuerdo alcanzado. Sostienen su postura en que una vez se configure el nuevo Ejecutivo habrá una «estabilidad que siempre es buena para la economía» y se comenzarán a aplicar políticas orientadas a «racionalizar el gasto público y evitar la espiral de recaudación».
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También lo respaldan porque, según las promesas lanzadas durante la campaña electoral, habrá una «reducción de algunos impuestos, como Patrimonio y Sucesiones» y no se crearán «nuevas figuras impositivas», puesto que los valencianos tienen «la carga tributaria más elevada, por lo menos en Renta, Patrimonio y otros impuestos».
En lo concerniente al sector turístico, la patronal hotelera HOSBEC coincide en que se trata de un paso «positivo». Así lo subraya su presidente, Fede Fuster, que además espera que los nuevos gestores autonómicos puedan empezar a trabajar «cuanto antes» para así «no empantanar cosas» que hay pendientes.
Carlos Flores, de Vox, sirve agua a Carlos Mazón en los momentos previos a la reunión con los populares.
Aparte de en qué departamento estará Turismo –si compartido con Deporte y Cultura como hasta ahora o por separado–, la asociación centra le da vital importancia a la tasa turística. Tanto en todas las fases de la tramitación parlamentaria como tras su aprobación definitiva, HOSBEC se ha mostrado en contra de que las administraciones cobren una cantidad por persona y día a los visitantes que optan por la Comunidad para pasar unos días.
De hecho, esta polémica iniciativa salió adelante con la pública oposición del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, aunque no dimitió tal como había anunciado, y de un Ximo Puig que votó a favor de ella pese a reconocer que no era «el momento» para aprobarla.
Opinión de los sindicatos
Ahora, la patronal turística confía en que Carlos Mazón cumpla su compromiso y derogue la tasa turística, cuya aplicación en los ayuntamientos que quieran acogerse a ella está todavía prevista a partir de diciembre de este mismo año.
El acuerdo también ha sido objeto de valoración por parte de los principales sindicatos en la región, instalándose en una postura común de cautela y espera hasta que se dé a conocer el plan de Gobierno y se planteen las primeras acciones. El secretario general de UGT-País Valencià, Ismael Pérez, indica que aunque vaya a ser un Ejecutivo «de derechas», espera que sea «constitucionalista» como el PP «siempre lo ha sido» y se muestre proclive al «diálogo social».
Esta senda la comparte Ana García, responsable de Comisiones Obreras a nivel valenciano, que le reclama a Mazón que tenga «la inteligencia política suficiente» y no haga «una enmienda a la totalidad» a las políticas sociales aprobadas por el tripartito y que considera «de avance».
CSIF, por su parte, cree que la celeridad con que las posturas se han acercado es sinónimo de que PP y Vox tienen «interés por afrontar la situación» que tiene el mayor ejemplo de caos en que «a estas alturas todavía» no se sabe cómo la Consejería de Sanidad «piensa reforzar en verano» las plantillas de hospitales y centros de salud «para cubrir turnos de vacaciones».
Finalmente, en el ámbito de la Educación, el portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA), Vicente Morro, valora «muy positivamente» el anuncio del acuerdo debido a que en el sector hay «especial urgencia» por lo «mucho a hacer, deshacer y rehacer para vencer las inercias de los últimos años».
Para que se pueda «superar la etapa de imposición lingüística y adoctrinamiento ideológico», Morro exige que se aprueben medidas en pro de la «libertad de educación, la libertad de las familias y los derechos de los titulares y los docentes».
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