El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el próximo de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se saludan.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y Carlos Mazón, se saludan.EFE

Comunidad Valenciana  La llegada de Mazón afianza la unión con Murcia y Andalucía en defensa del trasvase Tajo-Segura

Frente al aislamiento institucional autoimpuesto por Puig, el próximo presidente de la Generalitat reforzará su alianza con Juanma Moreno y López Miras para exigir la inmediata reversión del recorte

Carlos Mazón, que la semana que viene será investido como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, llegará al cargo con la intención de cumplir su promesa de «cambio» en la Comunidad que ha venido repitiendo no solo durante la campaña electoral, sino desde hace un par de años. Esa transformación la planteó para enmendar la gestión de Ximo Puig y su tripartito de izquierdas y consta varias patas.
Así, pretende dar un giro a una política lingüística basada en la imposición del valenciano y un fuerte adoctrinamiento en las aulas, del mismo modo que dará carpetazo a lo que él mismo denomina «infierno fiscal». Para ello aprobará una reforma que eliminará los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio y rebajará todos los tramos del de la Renta. Estos son algunos aspectos que Mazón quiere revertir, pero no los únicos.
Uno de los más significativos será la política hídrica. En la segunda mitad de 2022, el Gobierno central hizo pública su intención de reformar los caudales de los ríos, algo que afecta de manera directa a la cantidad de agua que se trasvasa y que, por tanto, en la práctica suponía la derogación en el corto plazo del Tajo-Segura. Como presidente de la Diputación de Alicante, el popular se opuso a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y reclamó la misma fuerza a la hora de protestar a otras administraciones.

La aportación de Puig, un eslogan

Sin embargo, no fue eso lo que encontró por parte de la Generalitat Valenciana presidida por Puig -hoy día en funciones-. En un primer momento, el socialista avaló al Ejecutivo de Pedro Sánchez absteniéndose en la votación que se produjo en el marco del Consejo Nacional del Agua (CNA). Al poco tiempo, cuando vio que se había puesto en contra a miles de agricultores a unos meses de las elecciones, viró su posición.
Lo hizo tarde, porque el daño estaba cerca de consumarse con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y mal, ya fue de forma ambigua, sin proponer algo concreto para no enfadar más -terminó por hacerlo- a su jefe de filas ni para que pareciese que estaba cerca del PP. Su única aportación al respecto, un eslogan: «Agua para Siempre». Esa actitud lo que provocó fue ahondar más en su aislamiento en relación al agua y a los intereses de los campesinos.
Viendo que no podía contar con el valenciano, Mazón decidió hacer frente común con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y con el de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Aunque desde la Diputación alicantina los recursos son infinitamente menores que desde el Gobierno autonómico, los tres se pusieron del lado de los regantes y exigieron a Pedro Sánchez y Teresa Ribera la paralización inmediata del recorte al Tajo-Segura.
Entre sus argumentos estaba y sigue estando la firme convicción de que la postura adoptada por el Ejecutivo en ningún caso obedece a criterios de índole medioambiental, técnica o científica, sino que es algo puramente político e ideológico.
El presidente murciano, Fernando López Miras, y el de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

El presidente murciano, Fernando López Miras, y Carlos Mazón.EFE

En algo más de una semana, con la llegada de Mazón al Palacio de la Generalitat, esa alianza a tres bandas no solo seguirá vigente, sino que cogerá un notable impulso porque se le suma el Gobierno regional valenciano, en el que el dirigente popular ha asegurado en diversas ocasiones que la defensa del agua en general y del trasvase Tajo-Segura en particular será una «prioridad».
Preguntado por El Debate por su parecer acerca de este fortalecimiento institucional, el presidente de la Asociación ASAJA en Alicante, José Vicente Andreu, muestra su «satisfacción» y va más allá: «A esa unión de tres se le podría sumar un cuarto que supusiese un cambio en el Gobierno de Madrid y al frente del Ministerio para la Transición Ecológica», en relación a la probable llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
De cumplirse lo que pronostica la mayoría de las encuestas, Andreu espera que el nuevo Gabinete «por fin y de una vez» promueva «políticas coherentes de agua, no solo para el Levante, sino para todo el país». Si al cambio en la Comunidad Valenciana le sigue el nacional, el dirigente de ASAJA cree que se «puede abrir una nueva época en la gestión del agua y en las directrices que van a determinar el futuro a corto y medio plazo tanto de la agricultura como de la economía».
Asimismo, considera que entre las tareas de un hipotético nuevo Gobierno tendrían que estar las de «impulsar un Pacto Nacional del Agua y un Plan Hidrológico nuevo». También «una revisión de forma inmediata de los caudales hidrológicos que se han establecido bajo una premisa política y no técnica». «Se deben cambiar muchos aspectos porque es un sector que depende del agua como ningún otro y que está en la cuerda floja», sentencia Andreu.
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