Carlos Mazón, durante el pleno de su investidura.
Comunidad Valenciana Así revertirá Mazón el sistema educativo de Puig marcado por la ideología y la imposición lingüística
El presidente de la Generalitat se ha comprometido a garantizar la libertad de elección de centro y a «alejar la ideología de las aulas» frente al modelo catalanista del tripartito
Cuando el Partido Popular perdió la presidencia de la Generalitat Valenciana en 2015 y la izquierda subió al poder, una de las condiciones que Compromís puso para conformar el tripartito fue hacerse cargo de la Consejería de Educación. Sin ese aspecto no había pacto y, naturalmente, Ximo Puig no solo cedió a ello, sino que a los nacionalistas les dejó vía libre para implementar su hoja de ruta.
Para ser justos, se debe decir que esta propuesta no era original, sino que copiaba de arriba a abajo el programa establecido y puesto en marcha en Cataluña. Así, las líneas fundamentales que durante ocho años se han venido llevando a cabo en la Comunidad Valenciana han estado trazadas por una imposición lingüística y por el fomento de un catalanismo atroz, dejando a un lado no solo la libertad de las familias, sino también los intereses de los alumnos y su futuro.
Sin embargo, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado en numerosas ocasiones que su intención es la de revertir esa política. Así lo dijo durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 28 de mayo y lo repitió este jueves, cuando tuvo lugar en las Cortes autonómicas el debate de investidura. Frente al flirteo de su antecesor, Ximo Puig, con los independentistas catalanes, el popular se ha comprometido a hacer todo lo contrario.
De este modo, anunció durante su discurso que una de las primeras medidas sería la de garantizar que las familias podrán elegir el centro educativo donde quieran que sus hijos estudien. Se eliminará, por tanto, el sistema de elección por código postal que puso el tripartito y se sustituirá por el distrito único. Como consecuencia, al igual que sucederá en el ámbito sanitario, podrán escoger colegio más allá de donde estén empadronadas. «Imperará la libertad», se encargó su subrayar Mazón.
Derogar la imposición lingüística
En esta línea, el nuevo presidente de la Generalitat se comprometió a no seguir con la imposición lingüística marcada por Puig y sus socios. Durante ocho años, el valenciano ha tomado un papel preponderante en el día a día académico en detrimento de un castellano que se ha ido orillando progresivamente hasta tener un papel residual en las escuelas. Frente a ese contexto, el popular propone volver al modelo anterior, con dos líneas de idioma vehicular, pero siempre protegiendo la lengua común.
Por tanto, lo que hará Mazón será cumplir lo que el Tribunal Constitucional dictó en su día, según lo cual al menos el 25% de las horas lectivas han de ser en español. Esta sentencia los independentistas -tanto en Cataluña como en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana- la intentaron burlar, reduciendo al castellano a materias poco relevantes. No obstante, la Justicia actuó y le dijo al tripartito que el español tenía que estar presente en asignaturas troncales.
En lo referente a los colegios, Mazón también afirmó que sacará «la ideología de las aulas». Esto implica de manera directa a numerosas asociaciones catalanistas que desde 2015 han venido recibiendo ingentes cantidades de fondos públicos para apuntalar sus objetivos. Sirva como ejemplo los casos de Plataforma per la Llengua -autodenominada «ONG del catalán» y de Escola Valenciana.
La metodología de la primera era y es realmente simple: espiar a los estudiantes durante los recreos, ratos libres y actividades extraescolares. Los datos recabados los mandan a determinados organismos de la Generalitat de Cataluña para, con todo ello, poder formar y reformular su proyecto. Lo hace con Pere Aragonés y lo ha hecho con Puig. No hay diferencia alguna.
Sobre Escola Valenciana, con las subvenciones se dedica a imponer el valenciano. No lo hace únicamente para que los estudiantes aprendan la lengua regional, sino que les dicen, contraviniendo la historia, que proviene del catalán. Dicho con otros términos, lo que hace es promover la unidad lingüística, que deriva en cultural en todos sus ámbitos para, en último término, acabar defendiendo los ‘Países Catalanes, una mitológica anexión de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana a Cataluña, la matriz de todo.
El expresidente valenciano, Ximo Puig, con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, en 2016.
Para revertirlo, Mazón en su investidura fue claro: «El Gobierno del cambio eliminará todo el apoyo a los que nos quieren imponer los ‘Países Catalanes’. Somos valencianos y seguiremos siendo valencianos siempre». Por ende, ni Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua ni ninguna otra asociación con tintes secesionistas recibirán ni un euro público por parte de la Generalitat Valenciana.
Más allá de lo que concierne a la lengua, el presidente valenciano aprobará tan pronto su nuevo Gabinete tome posesión -está previsto que sea entre el lunes y el martes- la gratuidad de la educación desde los cero hasta los tres años. Este fue un compromiso electoral que Mazón asumió durante la campaña y antes de ella y lo va a llevar a cabo en la primera reunión de su Gobierno.
Por último, la Generalitat tendrá que diseñar un plan educativo que no contemple la docencia durante la ESO de la enseñanza por ámbitos. Esta medida, tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) preveía que los alumnos recibieran varias materias juntas. Así, por ejemplo, un mismo profesor y en la misma hora lectiva podía enseñar Matemáticas, Historia y Lengua Castellana. Eso sí, valenciano, no, ya que debía darse por separado e independientemente.
Por tanto, Mazón quiere dar la vuelta al sistema educativo valenciano como si de un calcetín se tratara. No quiere ningún tipo de imposición lingüística, a la par que rechaza cualquier atisbo de falta de libertad. Según su compromiso, serán ahora las familias las que elijan centro y la lengua en las que sus hijos estudien. Es lo que estipula el Tribunal Constitucional, durante ocho años ignorado por Puig.
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