Carlos Mazón y María José Catalá, en Valencia.
Comunidad Valenciana Mazón y los ayuntamientos de centro-derecha se posicionan como dique ante otro posible Gobierno Frankenstein
Frente a una subida de impuestos a nivel nacional y cesiones a los independentistas, la Generalitat y los principales consistorios aliviarán la presión fiscal y defenderán las señas de identidad de la Comunidad
A la espera de que a partir de esta semana el panorama de la investidura del próximo presidente del Gobierno se vaya despejando tanto en tiempos como en formas, la actividad política en la Comunidad Valenciana ya está poniendo sobre la mesa una constante. Se trata de que tanto la Generalitat bajo la presidencia del popular Carlos Mazón como los principales ayuntamientos en los que gobierna el centro-derecha se han erigido como un contrapoder a Pedro Sánchez, un dique de contención ante una gestión que se ha caracterizado por numerosos agravios a la región.
Esta postura se da y se seguirá dando en todos los ámbitos de actuación, aunque hay tres principales que destacan sobre el resto. Uno de ellos es el que concierne al independentismo catalán. En los últimos años, desde 2018 con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy, hasta hace escasamente un mes, se ha dado la circunstancia en la Comunidad de que las más relevantes instituciones han estado gobernadas por el PSOE, pero dependiendo de partidos nacionalistas e independentistas. A nivel nacional, el líder socialista se valió de los apoyos de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y EH Bildu, mientras en Valencia Ximo Puig en 2015 formó una coalición gubernamental con Compromís y Unidas Podemos, algo que también se dio en consistorios como el de la capital levantina o el de Castellón.
Con ese contexto de tener una posición de fuerza a la hora de negociar y conseguir cesiones por parte de Sánchez, las formaciones secesionistas y sus satélites han visto aumentado su protagonismo político, lo que, a su vez, les ha permitido incrementar en cantidad e intensidad su programa ideológico. Con ello, han conseguido una influencia sin precedentes en la Comunidad Valenciana, siempre con la complacencia de un Puig que no ha dudado en subvencionar esta clase de movimientos con hasta trece millones de euros públicos en ocho años.
Injerencias anexionistas
Con base en lo descrito, el independentismo ha cobrado fuerza en la región, especialmente en los ámbitos de la sanidad, la Función Pública y la educación, en los que se ha importado el modelo catalán, aplicándole mayor velocidad en su implementación. Frente a ello, Mazón ha reiterado que su Gobierno aprobará a la mayor brevedad posible una Ley de Señas de Identidad orientada a proteger y defender las tradiciones, las costumbres y la cultura valencianas. También permitirá blindarse y tener amparo y protección legal ante los continuos ataques de los rupturistas que abogan por la creación de los ‘Países Catalanes’.
Este compromiso fue una promesa electoral del nuevo presidente de la Generalitat, viendo cómo su antecesor en el cargo no solo es que no hiciera nada para combatir las injerencias anexionistas, sino que las apoyaba activa, económica y explícitamente desde la práctica totalidad de sus consejerías. No obstante, Mazón no es el único dirigente de relieve en la Comunidad que plantará cara a estos postulados. Alcaldesas como la valenciana María José Catalá o la castellonense Begoña Carrasco ya han tomado sus primeras medidas destinadas a frenar la fortaleza adquirida por asociaciones secesionistas. Todos ellos, con iniciativas como reivindicar los símbolos autonómicos, están mandando un inequívoco mensaje a Sánchez, diciéndole que sus ejecutivos se mantendrán firmes a pesar de la política de favores y cesiones a las formaciones nacionalistas y sus ramificaciones culturales y sociales.
Pere Aragonés y Ximo Puig.
En el terreno económico, estas instituciones también jugarán un papel importante con cuantiosas y significativas bajadas de impuestos en contraposición a la línea marcada por el Gobierno central de incremento de la presión fiscal. Así, a la par que Sánchez subirá tributos -el cobro por el uso de las autovías a partir de 2024 fue uno de los temas que marcaron la agenda de la campaña de las elecciones generales- el presidente regional eliminará los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, una decisión que estará enmarcada dentro de una «ambiciosa» reforma fiscal que, en su conjunto, tendrá un impacto para el bolsillo de los valencianos de 1.750 millones de euros.
Recorte en el trasvase Tajo-Segura
Igualmente, Catalá ya anunciado que bajará el IBI a todos los residentes en la capital del Turia junto a otras actuaciones en este sentido, del mismo modo que el alcalde de Elche (Alicante), el popular Pablo Ruz, también se comprometió a una «bajada progresiva» de los gravámenes en la ciudad, que irá acompañada de un plan integral «para ayudar a empresarios, autónomos y emprendedores».
En cuanto al aspecto social, como presidente de la Diputación de Alicante, Mazón en todo momento se opuso al recorte en el trasvase Tajo-Segura llevado a cabo por el Consejo de Ministros a comienzos de este año. A diferencia de un Puig ausente de dar la batalla hasta casi el último momento por no ahondar en sus diferencias con su jefe de filas, el dirigente popular armó un frente institucional junto a los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para intentar frenar un Real Decreto que, según explican los regantes del Levante, tendría unas desastrosas consecuencias económicas y medioambientales.
El caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo, pero los tiempos de la política y los de la Justicia suelen ir desacompasados. Es por eso que el líder de los populares valencianos ha garantizado en numerosas ocasiones que no va a cejar en reclamarle a Sánchez soluciones urgentes para que la Comunidad tenga «el agua que merece» y no se le limite con una iniciativa que carece, así lo denuncia, de justificación científica y técnica.
Por tanto, el cambio de color político que se dio a raíz de las elecciones del 28 de mayo, más allá de significar una modificación al frente de la Generalitat y de decenas de ayuntamientos, también supone un refuerzo del relato valenciano de cara a exigir determinadas reivindicaciones, poner en marcha una política económica de corte liberal o protegerse del independentismo. Si Alberto Núñez Feijóo habló de «derogar el sanchismo», se podría decir que esta sería la particular manera de combatir el sanchismo.
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