Ximo Puig, líder del PSPV-PSOE, y Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana
Comunidad Valenciana La bajada de impuestos y los Presupuestos reavivan la tensión entre el PSPV-PSOE y el Gobierno de Mazón
Los socialistas valencianos critican al presidente de la Generalitat por hacer «regalos fiscales a las rentas altas» a pesar de que las ayudas tienen como objetivo beneficiar a las clases medias y bajas
A medida que la legislatura va cogiendo cuerpo y ritmo en la Comunidad Valenciana, los diferentes partidos con representación en las Cortes autonómicas construyen y perfilan su relato político, bien estén en el Gobierno de la Generalitat o en la oposición. Así, en el Ejecutivo, el Partido Popular y Vox valoran positivamente sus medidas adoptadas, que en mayor medida han tenido como objetivo comenzar a reducir la estructura proclive al independentismo catalán tejida por el tripartito, así como la bajada de impuestos. Por contra, Compromís ha cogido la educación como herramienta política con la que criticar a Carlos Mazón y el PSPV-PSOE ha optado por centrarse en lo económico.
De ese modo, los socialistas valencianos llevan días cargando contra el presidente de la Generalitat por la rebaja de impuestos emprendida, un gesto que cobra especial relevancia cuando el Gabinete se encuentra ya elaborando los Presupuestos regionales para 2024. Con ese contexto, el que fuera responsable de Hacienda con Ximo Puig y actual portavoz adjunto de la formación en el Parlamento valenciano, Arcadi España, cree que los ciudadanos de la Comunidad «perderán» a lo largo de la legislatura 920 millones de euros por lo que considera «el regalo fiscal del Gobierno de Mazón a las rentas altas».
Su postura se basa en que se producirá una «merma» en la «calidad de los servicios públicos», por lo que censura sin paliativos a PP y Vox: «La agenda oculta de la derecha y la ultraderecha está poniendo en riesgo los servicios públicos en la Comunidad Valenciana», insiste España. Aunque la reforma de impuestos iniciada por Mazón tiene como destinatarios a las declaraciones del IRPF de hasta 32.000 euros si es individual o hasta 48.000 si esta es conjunta, el exconsejero y su partido siguen empeñados en hablar de los «ricos». Obviando a ese enorme tramo con salarios medios y bajos, el dirigente del PSPV-PSOE no se sale de las líneas estratégicas marcadas en su argumentario, reiterando que la bajada «masiva de impuestos a las rentas altas pone en riesgo la viabilidad de los servicios públicos y la sostenibilidad financiera» de la región.
Madrid y Andalucía, ejemplos
En cambio, a Mazón le asisten dos ejemplos de colegas suyos para desmontar las tesis catastrofistas de los socialistas. Uno es el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sigue avanzando en un modelo de política fiscal de corte liberal basada en aliviar la carga impositiva de las familias y el respeto a la propiedad privada. El segundo, el de su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno. Tras casi cuatro décadas con el PSOE al frente de la Junta y con numerosos escándalos de corrupción como gran mácula, el popular también ha bajado tributos y ha eliminado los impuestos de Sucesiones y Donaciones, algo que también culminará el valenciano en cuestión de semanas. En ambos casos, los resultados son más que positivos y los datos lo confirman.
Esa confrontación de modelos económicos también está adquiriendo una derivada nacional. A cuenta del debate acerca de la reforma del modelo de financiación autonómica y de cómo llevarlo a término, el Gobierno central ha deslizado la idea de que esta modificación podría incluir una «armonización fiscal» entre todas las autonomías de España, lo que en la práctica supondría homogeneizar –al alza– la carga impositiva entre los territorios. Con ello, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, busca evitar que en las regiones donde gobierna el PP se sigan reduciendo tributos e, incluso, suprimiendo gravámenes.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, junto a la consejera de Hacienda, Ruth Merino.
Esta iniciativa es rechazada de plano por la Generalitat. Según la portavoz del Ejecutivo valenciano, Ruth Merino, la «competencia fiscal» entre las autonomías «es sana», por lo que defiende la libertad de cada Gobierno a la hora de diseñar su propia hoja de ruta en sus comunidades: «Hay que hacerlas más atractivas, no penalizar a quienes bajen impuestos», opina. Asimismo, la también responsable de Hacienda, manda un mensaje a Sánchez y a María Jesús Montero, a quienes recuerda que dicha competencia «debe existir» porque se trata de una «prerrogativa» que tienen los territorios «para poder legislar sus propios tributos».
Devolución de fondos europeos
Volviendo a los Presupuestos de la Generalitat, fuentes de la dirección del PP de la Comunidad Valenciana aseguran a El Debate que las cuentas públicas estarán tramitadas y aprobadas «en tiempo y forma». «Ya se está hablando con todos los consejeros y vamos bien», apuntan, subrayando que el último Pleno en las Cortes de este año se celebrará el 20 de diciembre. Sin embargo, ese mismo mes preocupa de manera especial a Mazón porque la región podría verse obligada a devolver hasta 1.687 millones de euros procedentes de fondos europeos y que tendrían que ejecutarse antes de final de 2023. Por si no fuera lo suficientemente grave, esa cantidad podría ascender hasta los 3.239 millones durante los próximos tres años.
Es el director general de Fondos Europeos y Sector Público, Jesús Gual, quien informa sobre ese «alto riesgo», achacándolo a la «infraejecución» que dejó el tripartito del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos. El dirigente reconoce que «no es nada fácil» revertir esta compleja situación, pero a la par asegura que van a poner «todo el empeño» para ello. En cifras concretas, Ximo Puig y sus socios tan solo ejecutaron el 45 % de las partidas que la Comunidad recibió de la Unión Europea para hacer frente a los estragos económicos provocados por la pandemia del Covid, o lo que es lo mismo, únicamente 1.378 millones de los 3.062 adjudicados en total.
Como consecuencia, y si se quiere evitar estar en la obligación de reintegrar fondos al organismo comunitario, Mazón debe ejecutar en algo más de dos meses y medio un montante de 1.684 millones de euros, una tarea que el propio Gual define como «titánica».
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