El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez
Comunidad Valenciana Sánchez sigue con el agravio a Valencia: reducción de obra pública y sin noticias de las reivindicaciones
La construcción de viviendas de titularidad estatal se ha reducido un 71 % hasta agosto y las cesiones a Esquerra y Junts hacen peligrar la reforma de la financiación y la ampliación del puerto levantino
A pesar de que se trataba de unas elecciones municipales y autonómicas, la campaña del 28 de mayo estuvo marcada, entre otros aspectos como la inclusión en listas de condenados por terrorismo por parte de EH-Bildu, por el toque personalista que imprimió el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Las semanas previas a la apertura de las urnas las dedicó a lanzar promesas en diferentes ámbitos, lo que provocó que los candidatos socialistas quedasen eclipsados ante la opinión pública y el natural enfado cuando muchos de ellos terminaron perdiendo el poder.
El compromiso que más impacto tuvo fue el que afectaba al sector de la vivienda. Prácticamente, en cada mitin al que asistía el líder del PSOE anunciaba la construcción de miles de inmuebles de protección oficial. Tan fue así, que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, definió jocosamente la actitud de Sánchez como «el milagro de los panes y los pisos» y los periodistas perdían la cuenta de cuántas casas se iban a construir. Tras las elecciones, todo ello se esfumó por ensalmo y nada más se supo.
En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, esa obsesión del jefe del Ejecutivo por levantar pisos es algo que, al menos en lo que va de 2023, mengua de manera más que significativa. Según un informe de la Cámara de Contratistas de la región, la licitación de obra pública por parte del Estado entre las tres provincias se ha reducido un 71 % en los primeros ocho meses de año en comparación con el mismo periodo de 2022. Este dato es ya de por sí contundente, pero todavía lo es más si se amplía el foco y se contrasta con la inversión realizada en el conjunto de España, donde dichas construcciones han aumentado un 55 %.
«Desprecio» a la Comunidad
Según el portavoz de Obras Públicas del PP autonómico, Joserra González de Zárate, esta llamativa diferencia es sinónimo de que el Gobierno de Sánchez «sigue despreciando» a la Comunidad por dejar la mencionada licitación «en mínimos históricos». Esa responsabilidad no se le achaca al secretario general del PSOE en exclusiva, sino que también apunta hacia la pasividad que, a su juicio, ha mostrado el expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ante su jefe de filas: «Estos datos constatan dos hechos muy importantes, y es que Sánchez no cree en esta tierra y que durante ocho años hemos tenido un Gobierno presidido por Puig que no ha sido capaz de reivindicar y de pedir las inversiones necesarias para esta tierra», afirma el 'popular'.
Frente a ese contexto poco halagüeño, González de Zárate apuesta por no perder «ni un minuto más» porque las inversiones «tienen que llegar» para así no dejar pasar «el tren de la competitividad». Al respecto, cabe recordar que el agravio de Sánchez hacia la región no queda circunscrito a la materia de la vivienda. De hecho, los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) sitúan a la provincia de Alicante como farolillo rojo en cuanto a inversiones por parte del Estado. Por si fuera poco, no se descarta que las cuentas públicas tengan que ser prorrogadas para 2024, ya que las negociaciones para una investidura del presidente del Gobierno en funciones parecen encalladas y elaborarlas es una tarea más que compleja.
Pedro Sánchez y Ximo Puig, en un acto del PSOE en Alicante
Precisamente, la búsqueda de Sánchez de los votos necesarios para ser reelegido provoca dos situaciones más de perjuicio a los intereses de la Comunidad. Uno es la reforma del modelo de financiación autonómica, algo urgente también para territorios como Murcia o Andalucía. Aunque en la pasada legislatura no fue una materia prioritaria en Moncloa, si en la que pudiera comenzar en noviembre se decidiera abordarla, las expectativas de resolución efectiva del problema no estarían demasiado altas. El motivo no es otro que se da por hecho que los independentistas catalanes nunca aceptarían un reparto de los fondos públicos más justos y equitativos entre toda España y que, por consiguiente, Sánchez no se arriesgaría a perder en el Congreso de los Diputados unos apoyos vitales para su supervivencia política.
Valencia no será «moneda de cambio»
El segundo gran tema que la investidura del socialista amenaza con hacer saltar por los aires es la ampliación de la terminal norte del Puerto de Valencia. Las negociaciones del PSOE con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana pivotan sobre una ley de amnistía en la que ya trabaja el Gobierno. Sin embargo, hay otros asuntos por debajo y que escapan a la atención mediática y a la luz y los taquígrafos a los que el propio Sánchez se comprometió, como es el que afecta al recinto valenciano.
A pesar de que los secesionistas habitualmente recurren a eufemismos para enmascarar la realidad, los cierto es que la verdadera razón es que la ampliación supondría un empujón económico y de reputación internacional al puerto, a la marca Valencia y a la Comunidad frente a la terminal de Barcelona, a la que ya supera en tráfico y, por ende, se ampliaría esa brecha. Algo totalmente inconcebible en el marco mental independentista.
Por tanto, al igual que con la financiación autonómica, los augurios se decantan hacia que Sánchez bloqueará por petición de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Aún así, tanto el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como la alcaldesa levantina, María José Catalá, ya han advertido al jefe del Ejecutivo de que la ciudad no va a ser «moneda de cambio» para que el socialista siga en la Moncloa.
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