Anteproyecto de los macrodepósitos previstos en el Puerto de Alicante
La Justicia da el visto bueno a unos depósitos de combustible en el Puerto de Alicante con la ciudad en contra
El fallo judicial señala que no existen obstáculos urbanísticos, ya que el proyecto cumple la normativa vigente a pesar de la oposición de asociaciones vecinales y partidos políticos
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha emitido una sentencia trascendente para la zona portuaria de la ciudad de Alicante.
Esta resolución reconoce a la empresa promotora del proyecto, XC Business 90, la obtención de una licencia ambiental mediante el mecanismo del silencio administrativo positivo. La mercantil en cuestión había solicitado dicha licencia en febrero de 2013 para establecer un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante.
El fallo, comunicado a las partes este miércoles, marca un giro en la disputa legal que se ha prolongado durante 11 años. La sentencia revoca un dictamen previo de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, fechado en febrero de 2022.
El TSJCV, en su resolución, señala al Ayuntamiento de Alicante, demandado en el caso, por prolongar el proceso desde 2013. La Sala destaca que la normativa establece un procedimiento simple de subsanación que no justifica años de solicitudes de informes y correcciones por parte de la Administración.
Los magistrados respaldan el proyecto de la empresa, asegurando que cumple con la normativa vigente, lo que justifica la obtención de la licencia por silencio administrativo positivo. Asimismo, la sentencia refleja que no existen obstáculos urbanísticos ni en el ámbito del dominio público portuario.
La resolución, aunque relevante, no es definitiva, ya que permite la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Impacto visual
Por el momento, no se ha hecho público si el Ayuntamiento de Alicante recurrirá la resolución judicial, pero en caso de que el proyecto salga adelante podría romper la armonía estética de una zona emblemática como es el Puerto de Alicante.
De hecho, hace solo unos meses que finalizaron las obras del paseo portuario, por lo que una instalación de estas características podría causar un gran perjuicio a uno de los mayores iconos de la ciudad si este se implanta en una zona visible del recinto.
Anteproyecto de macrodepósitos en el Puerto de Alicante
Esta resolución coincide con el impulso que el Consistorio está dando a la llegada de cruceros a la ciudad, que este 2024 está alcanzando cifras récord de llegadas de turistas.
Oposición al proyecto
Mientras tanto, partidos políticos y asociaciones de vecinos de la ciudad se oponen frontalmente al proyecto. Tanto el equipo de gobierno como los grupos de la oposición de izquierdas han expresado su desacuerdo con la decisión del TSJCV.
Sin embargo, este jueves las cinco formaciones políticas con representación en el pleno municipal se han dividido, ya que si todas ellas comparten su rechazo al proyecto, difieren en la vía para paralizarlo.
EU-Podem ha llevado a pleno una propuesta de declaración institucional, que ha sido respaldada por PSOE y Compromís pero ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox. El texto pretendía instar a la Autoridad Portuaria a revocar la modificación de la concesión a la empresa XC Business 90 para la construcción de los 18 macrodepósitos de combustible en el muelle 17 del Puerto de Alicante.
Los argumentos en contra de la propuesta fueron expuestos por la representante de la Asociación de vecinos Gran Vía Sur, Sol Garcín, quien denunció el proyecto como «irracional e insostenible», además de criticar las supuestas «irregularidades del proceso». Garcín abogó por buscar la modificación de la concesión y reclamó al Consistorio que recurriera la sentencia del TSJ.
Por su parte, Manolo Copé, concejal de EU-Podem, instó a Ayuntamiento y Generalitat Valenciana a tomar medidas para paralizar la actividad, calificando el proyecto como «una barbaridad». Desde Compromís, Rafa Mas criticó al alcalde de Alicante, Luis Barcala, por «su pasividad y vecinofobia», instándolo a dialogar con la empresa y las autoridades pertinentes.
En contraste, Vox se abstuvo de pronunciarse directamente sobre el proyecto, alegando responsabilidad y prudencia, mientras que el PSOE instó al diálogo para buscar una solución y acusó al presidente del Consell, Carlos Mazón, de «ponerse de perfil».
Desde el equipo de gobierno del Partido Popular, la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, expresó que la sentencia del TSJ va en contra del criterio del Consistorio y anunció que están estudiando alternativas. En este sentido, se ha fijado una reunión a tres bandas entre Ayuntamiento, Generalitat Valenciana y Autoridad Portuaria para abordar el tema.
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