El complejo escenario en Cataluña complica el debate sobre la reforma de la financiación autonómica

Con el escrutinio de las elecciones autonómicas de Cataluña finalizado y a la espera del recuento de un voto CERA que salvo sorpresa no hará cambiar el complejo escenario que ha resultado del 12-M, es el turno de las reacciones y las fechas. Respecto al primer aspecto, la más contundente ha sido la del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés, anunciando que no recogerá su acta de diputado en el Parlament y, por tanto, que da un paso atrás y deja la primera línea de la política.

En cuanto a las fechas, el reparto de escaños endiablado que tendrá la Cámara catalana hace que las miradas se posen en el calendario. Hay varias que ya están estipuladas. Así, el Hemiciclo tendrá que estar constituido como muy tarde el próximo 10 de junio, el 25 del mismo mes habría un primer debate de investidura, el 25 de agosto sería el último día para formar Govern y, si no se lograse, los catalanes volverían a las urnas entre el 3 y el 10 de octubre

Sin embargo, hay otros hitos o asuntos que carecen de una fecha más o menos previsible para ser abordados y que, por si su dilación en el tiempo no fuera suficiente, los resultados en Cataluña hacen que ésta todavía se vaya a alargar más tiempo si cabe. La principal materia que se puede ver afectada ante un eventual contexto de bloqueo tiene muchos números de ser la financiación autonómica. Su reforma urgente para paliar desigualdades entre territorios está encabezada por la Comunidad Valenciana, actualmente la peor parada, pero también cuenta con otros apoyos como Andalucía, la Región de Murcia o Cantabria.

'Cupo vasco' a la catalana

Lejos de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya querido plantear a los presidentes de las distintas comunidades este tema y poner sobre la mesa una hoja de ruta para solucionar un problema que se ha cronificado, el temor radica en que, si se terminara por entrar a él, se haga en base a las peticiones de los grupos independentistas catalanes para cuadrar el modelo de apoyos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto a nivel regional como en el Congreso de los Diputados y no para atender las reivindicaciones de los territorios.

Durante la campaña electoral, el ahora dimitido Aragonès ya avanzó que en caso de ser clave para la gobernabilidad exigiría la aprobación de una «financiación singular» que iría aparejada a una quita de la deuda ya pactada que alcanza los 15.000 millones de euros. De cumplirse ese deseo, que es el principal recelo de los mandatarios autonómicos encabezados por el valenciano Carlos Mazón, Cataluña pasaría a tener una suerte de 'cupo vasco' propio, pero sin la necesidad de un reconocimiento institucional como sucede en el País Vasco o en Navarra con su foralidad.

Con un pacto entre el PSC y Junts per Catalunya, las posibilidades tras las elecciones se reducen principalmente a dos. Por un lado está la formación de un tripartito de izquierdas entre los de Illa, Esquerra y Sumar, que consiguieron el escaño clave sobre la bocina. Si esta opción triunfase, la gran incógnita radicaría en el precio que piden los independentistas, más aún cuando estarán en un repentino cambio de liderazgo y sumando dos batacazos en las urnas más que notables en menos de un año a la espera de los comicios europeos.

Acumulación de retrasos

Es conocido que entre las preferencias de la formación secesionista no entra apostar por un nuevo sistema de financiación que sirva para paliar la asimetría actual y que colabore a vertebrar mejor España. No obstante, la política de pactos practicada por Sánchez y que puede tener su extensión en Cataluña les otorga a los rupturistas un papel primordial a la hora de decir cuándo y cómo se toman las decisiones legislativas. Esa circunstancia en ningún caso sería buena para la Comunidad Valenciana, pero la de la repetición electoral tampoco apunta al optimismo.

Las regiones que abogan por una modificación del reparto de fondos entre los territorios quieren hacerlo pronto, sin más demoras y atendiendo a criterios de igualdad, equidad y de población y no de influencia en Madrid. La hipotética vuelta de los catalanes a las urnas en ningún caso garantiza que la influencia del independentismo vaya a ser cero y que los socialistas tengan vía libre, pero sí asegura un retraso más para tratar el tema, dado que el Govern que se pudiera votar no se pondría a trabajar a pleno rendimiento hasta entrado 2025 y de ahí a que cuajase la financiación pasarían varios meses en el mejor de los casos.

Por tanto, a Mazón y a otros homólogos unidos en esta causa no les queda más remedio que no resignarse y continuar pidiendo que el Gobierno central se decida a abordar una materia que resulta indispensable para ofrecer unos servicios públicos de calidad tanto a sus residentes como a los turistas. La experiencia de la presente legislatura lleva a pensar que para iniciar el proceso de conversaciones entre los mandatarios tendrían que ser Junts o Esquerra los que insten a ello. De nuevo, la política catalana marcará el calendario a seguir.