La lucha judicial de dos pueblos contra el Gobierno de Sánchez para salvar el humedal más grande de Castellón

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, ha puesto en jaque a la provincia de Castellón dos veces en tan solo un mes. Tras zanjar el diálogo con los propietarios afectados de un poblado marinero en Cabanes que podrían perder sus viviendas y abrir la vía judicial, ahora es el turno de Torreblanca, donde pretende ampliar el actual deslinde que afecta a decenas de construcciones.

En este último caso se trata de la ampliación del actual deslinde ya existente en el parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, que ocupa más de diez kilómetros de costa de ambos municipios. Aunque en Cabanes solo abarca terreno de titularidad del Consistorio, en la zona de Torreblanca este nuevo término afectaría también a decenas de viviendas particulares. Además de que se vería perjudicado el humedal mejor conservado de la provincia y uno de los hábitats menos alterados de toda la Comunidad Valenciana.

El pasado martes 21 de enero la Dirección General de la Costa y el Mar oficializó este segundo deslinde en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto hizo reaccionar a ambos consistorios, que anunciaron un recurso contencioso-administrativo contra la resolución. El departamento del Ministerio para la Transición rechaza en su resolución todas las alegaciones presentadas anteriormente por los ayuntamientos, los grupos políticos del Partido Popular y Compromís, así como propietarios también afectados. Además del proceso legal que las administraciones van a abrir contra Costas, los particulares, por su parte, tienen la posibilidad de presentar un recurso de alzada.

La publicación del deslinde en el BOE conlleva también «rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado», es decir, revertir la propiedad, lo que, según el expediente, afectaría a alrededor de 30 viviendas.

«Patrimonio valenciano»

Desde la Generalitat Valenciana también se han pronunciado sobre el movimiento de Costas. El consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, señala que «afecta incluso al propio patrimonio de los valencianos, porque lo que hace es modificar el deslinde de forma que un parque que es gestión del Consell pase a ser de dominio público estatal».

El tramo que afecta al Parque Natural de Cabanes-Torreblanca tiene una franja de unos 1,5 kilómetros de anchura y una longitud de 10,5 kilómetros. El deslinde se remonta décadas atrás y fue retomado en 2022 por el Servicio de Costas en Castellón al considerar que el aprobado en 1993, que todavía seguía en vigor hasta ese momento, no estaba completo. Tan solo incluía los terrenos que formaban parte de las playas del municipio de Cabanes, «dejando fuera marjales y saladares marítimo-terrestres que debían incorporarse al dominio público», según apunta el Ayuntamiento de la localidad.

Siguiendo los registros del Consell, este parque natural constituye un ejemplo singular de humedal en avanzado estado de colmatación natural. Sus especiales características paisajísticas, geológicas y ecológicas le confieren un gran valor en el contexto del patrimonio natural valenciano. En particular, su importancia está reconocida a escala mundial con la inclusión del espacio en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. El espacio destaca como ejemplo relevante de uso sostenible de los recursos naturales.

Unión de administraciones

Tras la publicación en el BOE, ambos municipios de Castellón han unido fuerzas para batallar judicialmente contra Costas: «Presentaremos un contencioso por vía judicial y trabajaremos para frenar una nueva afección que va en contra de los intereses del conjunto del vecindario de Cabanes y La Ribera», remarca la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí.

«Estamos en conversaciones con la alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, para actuar de forma conjunta contra el deslinde» indica la regidora: «Ya nos hemos puesto a trabajar para frenar la decisión que el Ministerio de Transición Ecológica ha tomado de forma unilateral y sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por los Ayuntamientos. Trabajaremos para evitar que el deslinde se haga afectivo afectando de forma negativa, perdiendo una vez más el poder de soberanía para poder decidir en todo aquello que nos afecta directamente», subraya.

Por su parte, la alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha anunciado el recurso judicial y ha señalado que la decisión del Ministerio «pone en grave riesgo los planes de futuro de Torreblanca en torno al Prat, que incluye tanto iniciativas de desarrollo de actividades e inversiones medioambientales, así como iniciativas turísticas que reden redundar en la mejora de las oportunidades económicas y de futuro de muchísimos habitantes del municipio».

Agut señala que el deslinde afecta prácticamente a la totalidad del Prat. «Ni los vecinos ni el Ayuntamiento estamos conformes con las argumentaciones del Ministerio y acudiremos a la vía judicial para pelear esta decisión hasta las últimas consecuencias, porque nuestra obligación es defender al Ayuntamiento y a todos los vecinos que se hayan visto perjudicados», ha indicado en el comunicado del Consistorio.

Poblado marinero de Torre la Sal

Este no es el único conflicto que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica con la provincia de Castellón en marcha. Hace apenas un mes, a finales de 2024, tanto los vecinos como el Ayuntamiento de Cabanes fueron notificados con la desestimación de los recursos de alzada que presentaron para salvar el poblado marinero de Torre la Sal. Lo que ponía fin al diálogo y empezaba un único camino para proteger las viviendas afectadas en ese deslinde, la vía judicial.

Este proceso viene dado desde hace alrededor de tres años, cuando los propietarios presentaron las primeras alegaciones contra la resolución de Costas del 2021, que comunicó la recuperación posesoria de estas viviendas por encontrarse en dominio público-terrestre. Desde entonces los vecinos viven en una lucha legal constante contra el Ministerio para tratar de salvar sus casas.

Al igual que con el parque natural del Prat Cabanes-Torreblanca, el Consistorio ha confirmado que apoyará a los vecinos y acudirá a la vía judicial para intentar salvar las viviendas. La alcaldesa, Virginia Martí, confirmó que el Ayuntamiento también había recibido ya la notificación de Costas y anunicó que recurrirán a la vía contencioso-administrativa para revertir una situación que deja al poblado al borde del desahucio. «Vamos a agotar todas las vías posibles para defender los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos y vecinas, vamos a recurrir», ha indicado.