Playa de Torre la Sal y las viviendas del poblado marinero, Cabanes, Castellón
La Diputación de Castellón lucha contrarreloj para que el Gobierno de Sánchez no destruya un poblado marinero
Costas ha agotado la vía administrativa y los vecinos de Torre la Sal tienen dos meses de plazo para presentar un contencioso-administrativo y tratar de salvar el centenar de viviendas afectadas
Los vecinos de Torre la Sal, en la localidad castellonense de Cabanes, tienen dos meses para buscar amparo en la Justicia y tratar de salvar este poblado marinero que Costas amenaza con desahuciar y derribar. Y es que, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dependiente del Gobierno central, ha desestimado los recursos de alzada que presentaron los propietarios de las viviendas afectadas, por lo que los damnificados están recibiendo las notificaciones y tienen un nuevo plazo para presentar un recurso, la única vía disponible que les queda.
Este conflicto viene dado desde hace alrededor de tres años, cuando los propietarios presentaron las primeras alegaciones contra la resolución de Costas del 2021, que comunicó la recuperación posesoria de estas viviendas por encontrarse en dominio público-terrestre. Desde entonces los vecinos viven en una lucha legal constante contra el Ministerio para tratar de salvar sus casas.
Apoyo de las administraciones
El Ayuntamiento de Cabanes, la administración responsable del poblado afectado, ha confirmado que apoyará a los vecinos y acudirá a la vía judicial para intentar salvar Torre la Sal. La alcaldesa en funciones, Virginia Martí, que tomará posesión este sábado en cumplimiento del pacto de gobierno, ha confirmado que el Consistorio también ha recibido ya la notificación de Costas y ha anunciado que recurrirán a la vía contencioso-administrativa para revertir una situación que deja al poblado al borde del desahucio.
«Vamos a agotar todas las vías posibles para defender los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos y vecinas, vamos a recurrir», ha indicado. La alcaldesa, junto al vicealcalde y delegado de playas, David Casanova, se han reunido este viernes con los vecinos afectados y han confirmado que el servicio jurídico del Consistorio ya está trabajando en ello. Además, se destinará una parte de la partida presupuestaria de 2025 «para poder trabajar y poner en valor este entorno privilegiado y único, que hay que preservar», ha subrayado Casanova.
Reunión de los vecinos afectados de Torre la Sal con el Consistorio de Cabanes
El apoyo del Consistorio no es el único con el que cuentan los propietarios de Torre la Sal. La Diputación de Castellón también se ha posicionado a su favor y ha insistido al Ministerio a «retomar la vía del diálogo para buscar una solución consensuada que no perjudique a los vecinos». La presidenta de la institución, Marta Barrachina, ha anunciado una moción en el pleno de este mes de enero en defensa del poblado marinero.
«Es inaceptable que, tras años de incertidumbre, el Gobierno central cierre las puertas al diálogo y obligue a nuestros vecinos a enfrentarse a largos y costosos procesos judiciales para defender lo que legítimamente les pertenece», ha explicado Barrachina en un comunicado.
«Torre la Sal no es solo un conjunto de viviendas, es parte de nuestra identidad y de nuestra historia, su destrucción sería una pérdida irreparable para Castellón y para las generaciones futura», ha manifestado. Por ello ha anunciado que desde la Diputación continuarán «trabajando incansablemente para defender los intereses de los castellonenses y proteger nuestro patrimonio, utilizando todos los recursos legales y administrativos a nuestro alcance».
Fin de la vía administrativa
La notificación del rechazo de los recursos que fueron presentados en 2021 supone el fin de la vía administrativa y solo deja a los propietarios de las 99 construcciones de la zona la posibilidad de acudir a la vía judicial para impedir el desahucio. En total, son medio centenar las familias afectadas.
Playa de Torre la Sal, Cabanes, Castellón
Esta resolución llega casi tres años después de que los afectados presentaran dichos recursos de alzada, en verano de 2022, y casi cuatro desde que recibieron, en verano de 2021, la notificación de apertura del expediente de recuperación posesoria por parte del Gobierno. Ahora, agotado el diálogo con la Administración pública, los afectados lamentan la postura de Costas y ven por delante años de incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas.
La decisión de Costas ha desencadenado estos años una pesadilla que, para decenas de vecinos, vino justificada en aras de dos deslindes efectuados, según el Ministerio, en las décadas de 1970 y 1990 respectivamente. Dos trámites que los propietarios aseguran que no se llegaron a concluir y ahora, agotada la vía administrativa, se ven abocados a demostrar por vía judicial.
El argumento con el que se justifican los propietarios, que respaldan tanto el Ayuntamiento de Cabanes como la Diputación de Castellón, es que Costas se acoge a los deslindes desarrollados en los años 1974 y 1993, que nunca llegaron a aprobarse. «Los procedimientos administrativos no están hechos, no existen las órdenes ministeriales a ninguno y, por lo tanto, no tienen validez», explicaron desde la agrupación vecinal en diferentes declaraciones a los medios y redes sociales.
Y es que, es obligatorio que todo deslinde tiene que acabar con una orden ministerial firmada, y en este caso no existe para ninguno de los que se menciona. Además, no aparecen publicado en el Boletín Oficial del Estado, un tema por el que los vecinos han estado preguntando al Ministerio y no han obtenido respuesta. Desde la agrupación también aseguraron en su momento que nunca se llegó a hacer tampoco el cambio en el registro de la propiedad de todas las casas afectadas.
