La Confederación del Júcar dilata hasta 2030 las obras del barranco del Poyo que podrían evitar futuras riadas

El barranco del Poyo se convirtió el pasado 29 de octubre en el epicentro de la catástrofe más significativa de la historia de la Comunidad Valenciana. El desborde de su cuenca provocó las inundaciones de múltiples localidades colindantes, una riada acabó con la vida de más de 200 personas. Un enclave con obras pendientes de ejecutar desde hace décadas, que podrían haber minimizado los estragos, y que todavía se retrasarán más y no estarán terminadas hasta el año 2030.

Así lo ha confirmado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras reunirse el pasado miércoles con la asociación de afectados por la dana, Tots a una Veu. La organización ha pedido «premura» en las obras de los barrancos dañados por la riada y también «un buen entendimiento entre administraciones para evitar posibles retrasos en tramitaciones».

En el encuentro, Polo ha confirmado que el nuevo encauzamiento del barranco de la Saleta será la primera obra que se pondrá en marcha el año que viene. También se ha hablado de los proyectos que la entidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, tiene planteados desde hace años y que no se han llevado a cabo en el barranco del Poyo, donde «dada la magnitud de la última barrancada, será necesario aumentar su envergadura o aportar nuevas soluciones para frenar o desviar el agua».

A pesar de la importancia de la adecuación de este enclave, según ha confirmado el presidente de la Confederación, el proceso se dilatará y finalizará como mínimo en 2030, «si no hay problemas con las tramitaciones». Según ha explicado Polo: «Uno de los desvíos saldría entre Picaña y Paiporta hacia el plan sur o hacia el mar para evitar que toda el agua pase por la zona más estrecha del barranco a su llegada a Catarroja».

Obras de más de 200 millones

Cabe recordar que, en la primera década de este siglo, la CHJ, dependiente del Gobierno de España, ya planteaba la conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia para aumentar su capacidad y disminuir el riesgo de inundaciones. La iniciativa quedó finalmente aparcada porque, según la confederación, chocó con la ley de protección de la Huerta aprobada en 2018 y que pretendía proteger el entorno rural de Valencia.

Las obras pendientes de ejecutar en enclaves como el Poyo o la Saleta están enmarcadas en un plan encargado en 2009 para la «adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera» y que en su momento el organismo cuantificó en un total de 221 millones de euros. Y es que, en toda la región valenciana, teniendo en cuenta las tres provincias, no se ha hecho ninguna obra hídrica relevante en los últimos 15 años.

No podemos esperar a que vuelva a producirse una catástrofe para actuarFrancisco José Gan PampolsVicepresidente segundo y consejero para la Recuperación

El vicepresidente segundo y consejero para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, también ha instado a la CHJ a ejecutar planes de seguridad para la cuenca afectada por la dana, atender al plan general de riesgo de inundaciones y establecer las medidas paliativas para reducir y minimizar el riesgo de inundaciones.

«Esto lleva muchos años proyectado. Es una cuestión ahora de voluntad, de oportunidad y de actualización», ha manifestado en una visita a Torrente junto a la alcaldesa, Amparo Folgado, quien ha insistido en que se atienda con celeridad la reconstrucción, especialmente en lo que respecta a la actuación en los barrancos del Poyo y de la Horteta: «Es imprescindible que la CHJ actúe con urgencia para consolidar las laderas y limpiar los cauces, evitando así futuros riesgos».

En esta línea, Gan Pampols ha subrayado la necesidad de llevar a cabo una planificación integral en la gestión de estos cauces: «No basta con actuar en tramos aislados. Se deben establecer medidas de prevención, como la construcción de azudes y zonas de recogida de aguas, para evitar desastres en el futuro».

El vicepresidente ha señalado que la gestión de los barrancos es una cuestión de seguridad y prevención que «no puede seguir postergándose»: «No podemos esperar a que vuelva a producirse una catástrofe para actuar. Necesitamos soluciones estructurales y una intervención inmediata por parte de las administraciones competentes».

Los proyectos olvidados

El proyecto de adecuación ambiental mencionado explica que los barrancos del Poyo, Pozalet y Saleta tienen «caudales muy elevados a la entrada a las zonas urbanas» debido a su morfología, desnivel y «a los fenómenos característicos de las cuencas mediterráneas con precipitaciones de elevada intensidad». Una problemática estudiada desde los años 90 y que se afrontó «parcialmente» con unas obras limitadas en 2004. Pero no eran suficientes porque no se actuó sobre toda la cuenca.

Entre las obras que se proyectaron está el encauzamiento de 41,8 kilómetros de longitud del cauce principal de la rambla del Poyo y de sus afluentes, de los cuales 10,8 kilómetros serían nuevos, incluyendo el tramo que trascurre por el término municipal de Catarroja, mientras que los 30 kilómetros restantes serían una reparación de los cauces existentes, ya que estos eran insuficientes en el 2007.

El barranco de la Saleta era otro de los proyectos pendiente, principalmente en el tramo entre Aldaya y el nuevo cauce del Turia, cuya redacción también se encargó en 2021 y que engloba no sólo el acondicionamiento del barranco entre la autovía A-3 y la CV-33, sino la construcción de una conducción cerrada de 3,5 kilómetros bajo el municipio de Aldaya y Alacuás.

Además de los enclaves como el Poyo y La Saleta, más destacados, la presa de Montesa es otro proyecto que se suma a la lista de los pendientes en la Comunidad Valenciana, que se encuentra dentro del Plan de Defensa del Júcar presentado en el año 2000. Se trata de una presa de laminación que estaría ubicada en el río Cáñoles, en los términos de Montesa y Vallada y que está presupuestada en 30 millones de euros.