Estas serán las consecuencias de los resultados de la consulta de la lengua base en la educación valenciana

La consulta sobre la lengua base en los colegios de la Comunidad Valenciana ha concluido con resultados dispares según la provincia. Mientras en Castellón y Valencia ha predominado la elección del valenciano, en Alicante la mayoría de las familias se han decantado por el español. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Educación, ha estado marcada por la polémica, con críticas tanto desde asociaciones en defensa del español como de entidades nacionalistas.

Los datos reflejan una división territorial en la preferencia lingüística. En Castellón, un 70 % de las familias han votado a favor del valenciano como lengua base; en Valencia, un 57 %, mientras que en Alicante, el 65 % ha optado por el español. En el conjunto de la comunidad, la lengua autonómica ha obtenido el 50,53 % de los votos frente al 49,47 % del castellano.

Desde la asociación Hablamos Español, denuncian que el proceso ha estado condicionado por una información deficiente y sesgada. «La Consejería se negó a utilizar los recursos a su alcance para informar correctamente a las familias», aseguran. Señalan que en muchas escuelas se promovieron mensajes engañosos para que los padres optaran por el valenciano, como el miedo a la separación de los niños de sus amigos o la posible pérdida de beneficios en el banco de libros.

Por otro lado, Escola Valenciana y otras entidades nacionalistas han calificado el resultado como «una victoria para el valenciano», aunque han criticado duramente la consulta. «Este proceso ha generado división y tensión innecesaria en la sociedad», han manifestado, solicitando la dimisión del consejero de Educación, José Antonio Rovira. También acusan al Gobierno autonómico de haber promovido una consulta «sin garantías democráticas».

Consecuencias educativas

Uno de los aspectos más controvertidos del proceso es su aplicación práctica. Según la Ley de Libertad Educativa, en las zonas castellanohablantes solo se ofrecerá valenciano como lengua base si hay una «demanda suficiente», sin especificar cuánto alumnado es necesario para ello. Esto ha suscitado críticas desde el sector nacionalista, que considera que no se garantiza la enseñanza en valenciano en ciertas áreas.

Por el contrario, en las zonas valencianohablantes, los resultados de la consulta determinarán la distribución de las aulas en cada centro educativo. No obstante, desde asociaciones hispanohablantes advierten que en muchos casos los centros podrán decidir qué asignaturas se imparten en cada lengua, lo que podría afectar a la elección de las familias.

La organización de los grupos también supone un reto para la Administración educativa. Los alumnos cuyos padres no participaron en la votación serán distribuidos por los centros, lo que podría generar situaciones en las que no estudien en la lengua preferida por sus familias. Además, los alumnos repetidores podrán ser adscritos a la lengua base escogida, siempre que haya plazas disponibles en su centro.

Debate político

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido la consulta como un ejercicio de participación democrática y ha destacado que la elevada implicación de las familias valida el proceso. Ha señalado que este modelo de consulta «garantiza la libertad educativa» y supone un cambio respecto a «la imposición lingüística de etapas anteriores».

Mazón ha subrayado que más de 340.000 familias han participado en la votación, lo que considera «un éxito muy importante». Asimismo, ha insistido en que su Gobierno trabaja para que sean los padres quienes tengan la última palabra en la educación de sus hijos y que la libertad educativa no solo es un derecho, sino algo que «debe ejercerse».

El presidente también ha recalcado que la nueva norma educativa es un compromiso firme de su Ejecutivo y que su aplicación permitirá que ningún alumno vea restringida su enseñanza por cuestiones ideológicas. Según el jefe del Consell, este modelo «pone fin a una etapa de imposiciones lingüísticas desde los despachos políticos».

En la misma línea, el consejero valenciano ha defendido la consulta, destacando que se ha permitido que «las familias votaran en libertad». Sin embargo, tanto la oposición como diversos sectores educativos critican la «tardanza» en la publicación de los resultados.

Desde Vox, su diputado José María Llanos ha celebrado el proceso, asegurando que «gracias a Vox, los padres han podido elegir libremente la lengua base de la educación de sus hijos». No obstante, sectores de la comunidad educativa han advertido que el modelo no garantiza que todos los alumnos puedan estudiar en su lengua elegida, lo que podría derivar en una situación de desigualdad según la zona geográfica.

Por otra parte, la continuidad del banco de libros ha sido otro de los puntos de discusión. La Consejería ha asegurado que el programa seguirá funcionando y que se proporcionarán materiales en ambas lenguas. Sin embargo, desde asociaciones hispanohablantes temen que haya desigualdades en la dotación de recursos según el centro y la lengua vehicular elegida.

El proceso de consulta ha puesto en evidencia la fractura existente en la Comunidad Valenciana en torno a la Educación y el uso de las lenguas cooficiales. Mientras los defensores del valenciano celebran su pírrica victoria, a pesar de cuestionar la legitimidad del proceso, las asociaciones en defensa del español denuncian manipulaciones y falta de garantías.

Con la aplicación de los resultados a partir del curso 2025-2026, queda por ver cómo se implementarán las decisiones adoptadas por las familias y cuáles serán sus efectos reales en el sistema educativo valenciano. La gestión de este modelo, así como las posibles repercusiones sociales y políticas, seguirán marcando el debate lingüístico en la región.