Fachada de la vivienda de José Luis Ábalos en Chimbote (Perú)
La propiedad peruana del exministro
Los ayuntamientos valencianos que financiaron el inmueble de Ábalos esperan a la Justicia para reclamar el dinero
El Consistorio de Liria ha asegurado que si una sentencia judicial muestra que hubo malversación de fondos reclamarán el dinero que pusieron hace 28 años
El Ayuntamiento de Liria en Valencia y Santa Pola en Alicante, son dos de las administraciones públicas que aparece que dieron dinero para el chalé del exministro José Luís Ábalos en Chimbote (Perú), según los documentos oficiales de la Embajada de España en el país andino. Los Consistorios no eran conocedores de esta información y se enteraron, al igual que otras de las entidades, a través de la prensa.
El Debate ha contactado con ambos ayuntamientos, que han compartido sus versiones y han confirmado que desconocían esta subvención a la fundación de Ábalos y que no tienen ningún tipo de registro de este proyecto. «Nos ha pillado de nuevas», han señalado desde la administración de Liria.
Según ha desvelado en exclusiva este periódico, Ábalos aparece como el propietario de una casa-centro social en Perú. En los documentos oficiales publicados por El Debate, se acreditan las dos partidas públicas que se utilizaron para su construcción. Se trata de dos documentos que llevan el logo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, en las que aparecen instituciones que pusieron fondos, entre ellas, la Diputación de Valencia, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, el Fons Valencià per la Solidaritat y ambos Ayuntamientos valencianos.
Presupuesto de la AECID con el que se construyó la vivienda de Perú que está a nonbre de Ábalos
«Si en un momento dado hay una sentencia judicial que demuestra que se ha malversado el dinero, el ayuntamiento reclamaría». Así han confirmado el procedimiento que seguirá el Consistorio de Liria a este periódico una vez exista el procedimiento en los juzgados.
Este camino es el mismo que seguirá la Diputación de Valencia, otra de las administraciones públicas que aparece como financiadora del chalé en los documentos oficiales. «Una vez exista dicha resolución, desde el área de Igualdad se reclamará el dinero pertinente», confirmó la entidad a este periódico hace unos días.
El dinero pasaba por el Fons Valencià
Tanto el dinero de la Diputación de Valencia como de ambos ayuntamientos pasó por las manos del Fons Valencià de Solidaritat. Se trata de una asociación formada por consistorios y mancomunidades de la Comunidad Valenciana, que se unen para sumar recursos para proyectos contra la pobreza y trabajan por la igualdad de oportunidades mediante la cooperación internacional.
El Fons se nutre con dinero de administraciones públicas y de ahí financia diferentes proyectos, como el caso de la casa-centro social de Ábalos hace unos 28 años. La asociación funciona como canalizador de este dinero, por lo que las entidades públicas no eran conocedoras de en qué se estaba empleando esta partida presupuestaria.
El Debate también ha contactado con el Fons Valencià per la Solidaritat, quien ha confirmado que al igual que las otras administraciones, conoció el caso de Ábalos y su implicación a través de lo publicado por la prensa y no sabían «nada del proyecto». Según han explicado a este periódico, los archivos «legalmente se guardan durante cuatro años, pero nosotros los guardamos un poco más, seis o siete años por si acaso».
«Hemos estado buscando el archivo, pero nada, no sale cantidad ni nadie ha solicitado la información hasta ahora, 28 años después», han confirmado desde el Fons. Y es que ha pasado tanto tiempo que no queda rastro de ese movimiento, ni en formato digital ni en físico.
Por el momento, ninguna de las administraciones públicas implicadas tiene registros de la subvención, peor todas parecen encaminadas en la misma línea a seguir, cuando haya un proceso judicial abierto, comenzarán a actuar y reclamar el dinero. «Si se judicializara el tema, si supiésemos más acerca del proyecto y tuviésemos constancia, valoraríamos ir a la vía judicial», han señalado desde el Fons a este periódico.