Un campo de cultivo dos meses después de la dana en Utiel, Valencia
Colectivos agrarios denuncian exclusiones masivas en las ayudas tras la dana por parte de las administraciones
AVA-Asaja y La Unió Llauradora denuncian que tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno central dejan fuera a miles de agricultores
La gestión de las ayudas públicas tras la dana ha causado indignación entre buena parte del sector agrario valenciano. Las principales organizaciones del sector, AVA-Asaja y La Unió Llauradora, han denunciado en los últimos días que tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana están excluyendo a numerosos agricultores que sufrieron importantes daños en sus explotaciones tras la riada del pasado 29 de octubre, basándose en requisitos administrativos que, según los afectados, no reflejan la realidad del campo valenciano.
En el centro de la polémica se encuentra el Real Decreto-ley 6/2024, aprobado para articular las ayudas a damnificados por el temporal. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha comenzado a enviar notificaciones bajo el título «Propuesta de denegación de la solicitud de la ayuda para los afectados por la dana», alegando que los solicitantes no cumplen con lo dispuesto en el artículo 11 del citado decreto.
Uno de los principales motivos de exclusión es no figurar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores a fecha 28 de octubre de 2024, requisito que, según AVA-Asaja, ya dejó fuera al 80 % de los agricultores afectados por tratarse de personas jubiladas o con actividad agraria a tiempo parcial.
«Es incomprensible que agricultores que figuran en los registros de la propia Administración, que hacen la declaración de la renta agraria, que tienen explotaciones prioritarias o perciben ayudas del seguro, ahora queden desamparados por no cumplir una formalidad burocrática», ha afirmado Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja. La organización exige a las administraciones que «eliminen las trampas de la letra pequeña» y garanticen que nadie quede excluido injustamente de las compensaciones.
Campo de naranjos arrasado por la DANA, a 21 de noviembre de 2024, en Algamesí, Valencia
Otro punto conflictivo es el Registro de Explotaciones Agrarias (REA). Muchos agricultores no pudieron acceder a las ayudas por no figurar inscritos en este registro en la fecha señalada, aunque sí lo estuvieron en años anteriores. Este es el caso de Vicente Almancio, agricultor de Chiva y Quart de Poblet, cuya explotación sufrió la pérdida de 1.500 plantones de cítricos, daños en el vallado y en infraestructuras de riego. «Nunca me di de baja del REA, pero me dicen que no tengo derecho a nada. Hemos intentado justificar nuestros ingresos agrarios de los últimos diez años, pero nadie nos escucha», lamenta.
La Generalitat Valenciana también ha recibido duras críticas. A través de una resolución publicada el 7 de abril en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, se establecieron ayudas adicionales para explotaciones de cultivos herbáceos, forrajeros, hortícolas, aromáticos y viveristas, pero limitando su aplicación a un listado de 63 municipios. Según La Unió, se han dejado fuera a 34 localidades que sí estaban reconocidas como afectadas en normativas anteriores tanto del Gobierno como del propio Consejo.
La organización agraria ha elaborado un listado de estas poblaciones, que incluye municipios como Carcagente, Masalavés, Chelva o Chirivella, entre muchos otros. Algunas de estas localidades estaban recogidas en decretos previos de la Generalitat y del Gobierno central, por lo que su exclusión de la última resolución resulta, según denuncian, «injustificable». Además, la delimitación de las zonas afectadas en función de polígonos ha generado aún más confusión, dejando fuera explotaciones que, aun ubicadas en municipios incluidos, no aparecen en los polígonos detallados.
La Unió ha solicitado una rectificación inmediata a la Consejería de Agricultura para subsanar lo que considera un «olvido imperdonable». Según la organización, la omisión de estas localidades pone en riesgo el acceso a los 5,3 millones de euros presupuestados para estas ayudas directas, en un contexto en el que muchas explotaciones apenas pueden hacer frente a los cuantiosos daños sufridos por la dana.
La indignación del campo valenciano no solo reside en los criterios administrativos, sino en la percepción de falta de voluntad política para dar una respuesta ágil y justa a quienes, tras una catástrofe natural, esperaban apoyo institucional. Las organizaciones agrarias reclaman coherencia en la aplicación de las normativas y sensibilidad hacia un sector que, pese a su fragilidad económica, sostiene buena parte del tejido rural y alimentario de la Comunidad Valenciana.
