La Generalitat de Cataluña y el Gobierno inyectan medio millón de euros a una entidad que promueve las protestas contra Mazón

Una de las grandes promesas que hizo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuando era candidato a ocupar el cargo fue la de desterrar cualquier ayuda pública, por mínima que fuera, a cualquier asociación independentista que defendiera la mitológica idea de los 'países catalanes' o, lo que es lo mismo, que fuera en contra del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y de la propia Constitución Española de 1978. Esa idea no fue un capricho, sino que fue en aras de dejar a un lado la política de su antecesor en el Palau.

476.000 euros en tres partidas de subvenciones es lo que ha recibido por parte del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña el secesionismo en la Comunidad. Nada más y nada menos. Y los destinatarios no es que resulten: Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que, y no es casualidad, está hermanada con Òmnium Cultural y Obra Cultural Balear. O, lo que es lo mismo, parte de esa amalgama cuyos fines no son otros que la unión lingüística y territorial de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y, ya puestos a exigir, algunas partes de Aragón y el sur de Francia.

Y es que el socialista Ximo Puig y sus socios nacionalistas de Compromís y comunistas de Unidas Podemos mantuvieron un más que notable y estable compadreo con las tesis anexionistas y con todos sus tentáculos, bien fueran estos de ámbito político, institucional, social o de otro sector. No es casual, por tanto, que al menos fueran 13 millones de euros los que un nutrido grupo de colectivos secesionistas recibió pero que, al mismo tiempo, todos y cada uno de los más de cinco millones de valencianos pagaron con sus impuestos.

Tan solo 14 meses después de que Mazón tomara posesión como jefe del Consell lo hizo Salvador Illa como máximo mandatario de Cataluña. Eso sí, con una esperpéntica fuga de Carles Puigdemont como aperitivo. El verbo que utilizaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la práctica totalidad de sus ministros fue el de «normalizar» la situación que se vivía en la región, queriendo hacer creer que una investidura podría ser el bálsamo de Fierabrás que, por ensalmo, todo lo fuera a curar.

El Gobierno apelaba a «normalizar»

Sin embargo, el líder de los socialistas y el exministro de Cataluña podrían tener a bien explicar en qué consiste esa supuesta «normalización» y cuáles son los pasos para que ese proceso se pueda terminar de llevar a cabo. El caso es que el independentismo catalán sigue plenamente vivo y activo. Pero no solo en Gerona, Lérida, Barcelona y Tarragona, sino también en sus anhelados y legalmente imposibles 'países catalanes'. Y en ese particular procés, Sánchez e Illa son parte más que activa.

Al igual que Puig, se valen de recursos del conjunto de la ciudadanía para no hacer temblar ese cargo público que con tanto ahínco y promesas con los enemigos de España han ido construyendo pero que, en términos prácticos, no pasa de ser un castillo de naipes a merced de que las urgencias de los rupturistas provoquen repentinamente su derrumbe.

Como dato mata relato, y según ha comprobado El Debate, ACPV, que es una de las asociaciones más combativas contra Mazón, esta organización recibió en 2024 cerca de medio millón de euros para desarrollar sus actividades en contra de las normas básicas de la Comunidad y de la misma nación.

En concreto, el 20 de junio de 2024 fue beneficiaria en concepto de «subvenciones» de 265.000 euros por parte de la Generalitat de Cataluña en aras de «contribuir a la financiación de la realización de diversas actividades del programa de actividades del proyecto Una Cultura Compartida». Igualmente, ya el 24 de octubre pero del mismo año, se le ingresaron 11.094 euros para «contribuir a la financiación de la organización y la celebración del Premio Ricard Roso».

El Gobierno, como se ha dicho, no queda atrás. Bajo la tutela de Ernest Urtasun, que pertenece al ala de Sumar del Ejecutivo aportó el 25 de septiembre de 2024 la nunca desdeñable cifra de 200.000 euros. Su misión estaba más que clara: «Financiación del proyecto para fomentar la lectura de diversos géneros literarios y el cómic en valenciano». Normalización.