La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía se rebelan contra el recorte de Sánchez al trasvase Tajo-Segura

El cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica amenazan con reducir drásticamente los recursos hídricos destinados al regadío en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. El nuevo marco normativo supondrá un recorte medio del 50 % de los volúmenes trasvasados para riego a partir de 2027, poniendo en jaque la agricultura y el tejido económico de ambas regiones.

El salón de actos de la Cámara de Comercio de Murcia ha acogido este martes un acto de protesta convocado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). La convocatoria ha reunido a centenares de regantes, empresarios y responsables públicos para rechazar la reforma de las reglas de explotación del trasvase, que recortará drásticamente los caudales destinados al Levante español.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado tajante al reclamar «la unidad de todos los españoles para defender el agua que necesita nuestra tierra y garantizar el futuro que se merece». Asimismo, ha reiterado el apoyo «sin fisuras» del Consell y de los más de cinco millones de valencianos a las demandas de los regantes. Además, ha aprovechado el acto para anunciar que presentará alegaciones y movilizará «todos los medios a su alcance con toda la capacidad de respuesta social, política, institucional, técnica y jurídica» para frenar la medida.

«Ataque feroz» del Gobierno de España

A su lado, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido que la reforma supone «el ataque más feroz del Gobierno de España hacia nuestro modo de vida, hacia nuestra agricultura». En este sentido, ha reclamado la unidad de las regiones afectadas -Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía- porque juntas representan «a más de 15 millones de habitantes». El jefe del Ejecutivo murciano señala que «no tiene lógica: a los que mejor gestionamos el agua, cuando menos hay, nos la quitan».

El consejero de Agricultura andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado de «injusta» la propuesta ministerial y advierte del impacto sobre el empleo agrícola en Almería. «Hay agua para satisfacer a todos los territorios», subraya, denunciando que el reparto planteado crea «ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera».

«No va a haber paz para los causantes»

Una de las provincias más afectadas es la alicantina, por lo que un gran número de diputados provinciales se han unido a la protesta convocada en Murcia. En este contexto, la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha denunciado un nuevo acto de «alicantinofobia» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, advirtiendo que la modificación recortará el trasvase más de un 40 % en 2027. La institución provincial ha anunciado la convocatoria de una Comisión Técnica del Agua para evaluar los efectos de la reforma y estudiar posibles respuestas.

Durante el acto, Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, ha lamentado que en los dos últimos años haya sido «imposible» avanzar junto al Ministerio, que ha decidido recortar los envíos sin alternativas reales. «No va a haber paz para los causantes», ha advertido.

Tanto Mazón como López Miras han destacado la experiencia y la eficiencia en el uso del agua de sus regiones. El presidente valenciano recuerda que la Comunidad reutiliza el 40 % del agua reciclada en España y que solo Alicante maneja el 10 % de todo lo que se reutiliza en Europa. En este sentido, recuerda que «el agua no es gratis, se paga religiosamente» y exige que «nadie dé lecciones de solidaridad a la Comunitat Valenciana».

Por su parte, la patronal murciana y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) alertan del impacto económico que tendrá el recorte, tanto en la agricultura como en toda la industria agroalimentaria y el tejido productivo asociado.

El presidente de Fenacore, Juan Valero, insiste en que el agua es «de todos los españoles» y que su gestión debe hacerse con «criterios técnicos y científicos, no ideológicos». Finalmente, el alcalde de Murcia, José Ballesta, subraya que el objetivo «no es quitar el agua a nadie, sino usar la que sobra», y, en este sentido, ha asegurado que la pretensión del Miteco es «el mayor ataque que Murcia ha sufrido en las últimas décadas».

La movilización de este martes marca el inicio de una ofensiva jurídica, social y política de las regiones del sureste para frenar un recorte que amenaza con asfixiar su agricultura y su economía.