Salomé Pradas acusa a la jueza de la dana de «irregularidades» en la instrucción judicial y presenta una queja al CGPJ

La defensa de la exconsejera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Salomé Pradas, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por lo que considera graves irregularidades en la instrucción del procedimiento penal que investiga las responsabilidades por la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana. En el escrito, al que ha tenido acceso El Debate, se denuncia que el derecho de defensa de la exconsejera está siendo comprometido por la actuación de la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

La queja, firmada por Eduardo de Urbano, abogado de Kepler-Karst y representante legal de Pradas, advierte que el desarrollo de la causa se está llevando a cabo sin las debidas garantías procesales. El letrado afirma que «la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial». Sin embargo, añade que se han detectado irregularidades que a su juicio «vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento».

En el fondo de la denuncia subyace la preocupación de la defensa por el rumbo que está tomando un proceso de enorme repercusión pública. La catástrofe dejó 228 muertos y causó estragos en varias provincias, especialmente en la Comunidad Valenciana. Fue la mayor tragedia natural registrada en España en décadas y la segunda en Europa en cuanto a víctimas mortales.

Según el abogado, los hechos que investiga el juzgado -posibles omisiones o decisiones negligentes por parte de responsables públicos- deben analizarse desde un enfoque contencioso-administrativo y no penal. De Urbano sostiene que no puede establecerse una relación directa entre decisiones políticas o técnicas previas y el resultado trágico de la dana, debido a lo que califica como un evento «absolutamente imprevisible e inevitable». En este sentido, remite a los artículos 32 y 33 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que reconocen el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor.

A pesar de esta postura, el procedimiento penal sigue adelante. La defensa alerta de una serie de actuaciones por parte de la magistrada que, según su criterio, comprometen los principios fundamentales de un proceso justo. Señala que se han dictado resoluciones con afirmaciones categóricas sin base probatoria, que se ha predeterminado el objeto de la investigación y que se están rechazando de forma sistemática las diligencias propuestas por las defensas. Además, denuncia limitaciones al derecho de defensa durante las declaraciones y apunta a la posible intervención de personas externas al procedimiento judicial. Otro aspecto especialmente grave, según el escrito, es el uso de informaciones periodísticas no contrastadas como base para decisiones judiciales, así como la lentitud excesiva en la práctica de pruebas esenciales.

De Urbano sostiene que estas prácticas son contrarias a los estándares éticos fijados por el propio CGPJ en 2016, y por organismos internacionales como el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que aprobó los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial. «El respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de Ética judicial», afirma literalmente el abogado en su escrito, en el que pide al CGPJ que actúe para garantizar un proceso «justo y conforme a Derecho».