Amenazas de cárcel, presiones y «deslealtades»: las crisis de la izquierda en las grandes ciudades valencianas

Los Gobiernos de izquierdas en la Comunidad Valenciana atraviesan una etapa de turbulencias internas en tres de sus principales bastiones municipales: Gandía, Paterna y Villarreal. No es secreto para nadie que, tanto el PSPV-PSOE como Compromís, perdieron multitud de ayuntamientos tras las últimas elecciones municipales en mayo de 2023. Sobre todo, las de las capitales de provincia como la ciudad de Valencia o Castellón de la Plana y otras grandes de la región como el caso de Elche.

Por número de habitantes y relevancia, apenas quedan ciudades valencianas bajo el poder de la izquierda. De hecho, podría decirse que Gandía y Paterna en la provincia de Valencia y Villarreal en la de Castellón es lo poco que les queda. Cualquiera podría pensar que, ya que gobiernan en menos localidades, al menos en estos municipios los Consistorios funcionarían a la perfección, pero nada más lejos de la realidad. En los tres casos, el equipo de Gobierno tiene fracturas internas y los partidos que las gobiernan enfrentan desafíos significativos que podrían comprometer su estabilidad política.

Presiones y amenazas en Villarreal

El caso más reciente y significativo es el de la ciudad castellonense de Villarreal. Tras años de mandato socialista en solitario, el PSPV-PSOE tuvo que formar equipo de Gobierno con Compromís para poder seguir al mando en la Administración local. El problema en este caso es que los dirigentes de ambos partidos nunca se han llevado especialmente bien, y buena prueba de ello han sido las múltiples discusiones en los plenos antes y después de formar alianza.

A pesar de las continuas tensiones, hasta el momento han sabido sobrellevar los vaivenes, pero el clima político en la ciudad castellonense se ha agravado recientemente por la falta de acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025, lo que ha derivado en un cruce de acusaciones públicas entre ambos socios. La tensión escaló cuando Dora Saura, concejala de Cultura por Compromís, denunció públicamente en un programa de radio la pasividad del anterior gobierno socialista ante el absentismo laboral de un funcionario, lo que ha llevado a la imputación de este y otra persona.

Días después, Saura declaró en otra entrevista que ha recibido presiones y amenazas personales tras hacer pública la denuncia, señalando que le advirtieron sobre la posible revelación de información comprometedora que podría «llevarla a prisión» y afectar a su patrimonio. Aunque no acusa directamente al PSOE, apunta a los «máximos responsables municipales» y a ciertos «lobbies culturales» por ejercer coacciones.

Esta situación ha tensado aún más la relación en el seno del gobierno municipal, dejando en evidencia la fragilidad de la coalición y la profunda desconfianza entre ambos partidos. Pese a ello, la semana anterior se reunieron ambos partidos y 'firmaron la paz'. Tras poner todos los asuntos sobre la mesa, se remitió un comunicado conjunto en el que los nacionalistas rebajan el tono e, incluso, se perfila una especie de rectificación a la concejala Saura, ya que «los valencianistas niegan taxativamente que se hayan producido acosos, y de ninguna de las maneras, acosos machistas, tal y como han afirmado desde el Partido Popular».

Conflicto judicial en Gandía

En el Ayuntamiento de Gandía, el gobierno municipal está encabezado por el alcalde José Manuel Prieto, del PSPV-PSOE, quien asumió el cargo el 17 de junio de 2023 tras alcanzar un acuerdo de investidura con Compromís-Més Gandia Unida. Sin embargo, las relaciones con su socio de coalición, Compromís, atraviesan un momento delicado. Miembros de Compromís han expresado públicamente su descontento por la falta de respeto a las decisiones internas del partido, especialmente en relación con la elección de candidatos

Uno de los desacuerdos más significativos fue sobre la prolongación de la autovía CV-60 desde Palma de Gandía hasta Gandía. Mientras que el PSPV-PSOE apoyaba el proyecto, considerándolo esencial para el desarrollo económico de la ciudad, Compromís se oponía debido a su impacto ambiental y paisajístico. Esta discrepancia se ha intensificado hasta convertirse en un conflicto judicial, con la Plataforma per l’Horta de la Safor demandando tanto a la Generalitat como al propio Ayuntamiento. Miembros de Compromís han apoyado públicamente la demanda, mientras que el PSPV-PSOE ha contratado abogados para defender el proyecto en los tribunales.

Ruptura en Paterna desde 2018

Por último, en Paterna, el PSPV también enfrenta desafíos internos. Aunque este caso es diferente al anterior, ya que los socialistas gobiernan en solitario y no tuvieron que formar pactos con Compromís ni otras agrupaciones de la ciudad, las tensiones entre ambos partidos provienen de antes, incluso de las elecciones municipales del 2023. Ya en 2018, Compromís rompió el pacto de gobierno con el PSPV-PSOE debido a la aprobación por parte del alcalde socialista de entonces y actual, Juan Antonio Sagredo, del inicio del proceso de recalificación de terrenos para el proyecto Puerto Mediterráneo. Los nacionalistas acusaron al alcalde de «usurpar» las competencias de Urbanismo y tramitar la recalificación sin el acuerdo del gobierno local, lo que consideraron una violación del acuerdo programático del «Pacto del Batà» y del espíritu del «Botànic».

Las tensiones entre ambos partidos han sido continuas desde 2018, incluso tras las elecciones de 2023. Los desacuerdos y las disputas han sido recurrentes en temas clave como el centro de menores de Alborgí, la modificación de un crédito de 18 millones de euros que Compromís criticó duramente porque el PSOE no consultó previamente con ningún otro partido y por la pérdida de una subvención de 697.000 euros.

Por lo que se refleja en los tres ejemplos, ninguna de las gestiones municipales de la izquierda en las grandes ciudades valencianas atraviesa un buen estado de forma. Algunos pactos con roces más fuertes que otros, pero ninguno de los Equipos de Gobierno mantiene una estabilidad constante entre compañeros de coalición, que amenazan con el buen funcionamiento de los consistorios.