La Justicia ha condenado más de 100 veces a PSPV y Compromís mientras piden transparencia a Mazón

Las Cortes Valencianas, a diferencia de lo que venía sucediendo antes del pasado 29 de octubre, se están convirtiendo en un foco de atención mediático a nivel nacional mucho más allá de lo que la mera actualidad parlamentaria de forma ordinaria da de sí. Cuando las televisiones conectan con el Parlamento regional suele ser motivo de que algún líder de los partidos con representación en el Hemiciclo va a dar una noticia de interés supremo.

Sin embargo, eso no sucedió este mismo miércoles junto al mítico ficus del Palacio de los Borgia. La repercusión mediática tan ansiada quedó en eso, un simple deseo que no llegó a nada más allá de lo normal. Un viaje con muchas alforjas pero que no requería de tales.

La razón de ello quizás pudiera radicar en la falta de interés, ya que la puesta en escena por parte del PSPV-PSOE y Compromís ni mucho menos se quedó corta. 31 diputados socialistas y 15 nacionalistas. Todos y cada uno de ellos. Ahí no faltaba nadie. Tampoco faltaron las siempre recurrentes pancartas, aunque en este caso se vieran reducidas a un folio impreso en tamaño din a3 con el lema «no a la opacitat».

«Ninguna explicación»

En concreto, unos y otros clamaban frente a una supuesta «deriva antidemocrática» promovida por el Partido Popular y Vox y que ha derivado, según las tesis izquierdistas, una «asfixia permanente» y un «amordazamiento» de la Mesa del Hemiciclo regional. Al respecto, llaman la atención dos aspectos. Uno de ellos es el que resalta el portavoz del PP en las Cortes, Juanfran Pérez Llorca:

«Nos sorprende que planteen esto los partidos de la oposición, especialmente el Partido Socialista, cuando ellos de forma voluntaria abandonaron la Mesa de las Cortes, lugar donde se puede debatir y solucionar conflictos», señala el también secretario general del PPCV, quien a su vez recuerda que «la señora (Gabriela) Bravo dimitió sin dar ninguna explicación», apunta.

Pero, además, socialistas y nacionalistas callan respecto a sobre cómo actuaron ellos, siempre con el pertinente concurso de Unidas Podemos en dichas intervenciones parlamentarias. Por ejemplo, el alboroto de este miércoles contrasta con el silencio estruendoso que aliados mantenían mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) encadenaba a montones sentencias y sentencias contra los gobiernos presididos por Ximo Puig por esa misma opacidad que ahora reclaman.

No fue un caso. Tampoco dos. Ni siquiera tres o cuatro. Alguno más. De hecho, más de un centenar. Tan solo en el primer mandato de la izquierda, entre 2015 y 2019, fueron 17 las quejas que el PP llevó a los tribunales en busca de justicia y de transparencia. 16 ganadas. Buen balance. Pero es que en la segunda legislatura ese registró se disparó. Más de 90 varapalos judiciales se llevó el Consell del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos al respecto de lo señalado.

Más de un centenar, algo nada desdeñable, más aún cuando se tiene una Consejería llamada de Transparencia. Lo curioso, más allá de las cifras, es que buena parte de esa solicitud de información estaba relacionada con las subvenciones concedidas para el fomento del valenciano en general y, muy particularmente, a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, o en lo relativo a la compra de material sanitario durante la pandemia del covid en 2020. Fuetes consultadas por El Debate hablan de «opacidad .sistemática y continuada» por parte de Puig y sus socios