La «inacción» de Ribó obliga a Catalá a implantar mano dura con los apartamentos turísticos en Valencia

Desde prácticamente Fallas, la ciudad de Valencia vive en temporada alta en cuanto a turismo se refiere. Tras los días grandes que culminan con la Cremà de los monumentos el 19 de marzo, cuesta bastante no empezar a pensar, pese al cansancio acumulado, en la Semana Santa y, una vez pasada ésta, en los planes de cara al verano, ya a la vuelta de la esquina. Acera de los visitantes tanto nacionales como internacionales, se cuentan por decenas miles los que, a modo de goteo, acuden a la ciudad del Turia, especialmente movidos por el buen tiempo que, en estas fechas del mes de mayo, ya se ha instalado.

Muchos de estos viajeros se quedan hospedados en apartamentos turísticos. Este tipo de establecimientos, de hecho, protagoniza uno de los temas que mayor fricción está generando entre el equipo de gobierno municipal, conformado por el Partido Popular y Vox, y los partidos de la oposición y que, a su vez, eran los que gobernaban la capital regional entre 2015 y 2023, es decir, el PSPV-PSOE y Compromís.

Así, los partidos de izquierdas le reprochan a la alcaldesa levantina, María José Catalá, su gestión al respecto. Sin embargo, ella misma hace un recordatorio directamente a socialistas y nacionalistas apuntando a una «inacción» de «ocho años» del Gabinete liderado entonces por Joan Ribó y que «ha derivado en esta situación». «Ellos posibilitaron en 2018 que los bajos comerciales se pudieran dedicar a apartamentos turísticos», remarca.

La regidora lleva dos años al frente del Consistorio, por lo que, según indica, no tiene «la varita mágica» para revertir el contexto heredado. Aun así, destaca que desde que el centro-derecha volvió a gobernar Valencia se han interpuesto «600 denuncias» y se ha «reforzado la inspección». Todo ello, explica, ha permitido que la ciudad a día de hoy cuente con «1.500 apartamentos turísticos menos» que hace un año.

Igualmente, reconoce que el panorama es «preocupante», por lo que insta a que vecinos y asociaciones que tengan constancia de que negocios como estos no cumplen con la normativa vigente «denuncien» para que, como consecuencia, «se active la inspección y se inicie el procedimiento legal» una vez la autoridad local haya comprobado si las obras cumplen con la ley.

En relación a los reproches tanto de Compromís como de sus otrora aliados del PSPV-PSOE, Catalá se reafirma en que ambos estuvieron «casi diez años sin hacer nada». «La izquierda tiene mucho que callar. No han querido mirar lo que estaba pasando. No han tomado medidas y cuando las han tomado han sido para beneficiar que hubiera apartamentos turísticos».

Como contrapunto, la alcaldesa expone su trabajo realizado y el de sus concejales con competencias en el tema como ejemplo: «En menos de dos años me ha tocado restablecer el equilibrio, tomar medidas, reforzar la inspección y suspender licencias. Todo lo positivo en esta materia es porque el equipo de gobierno municipal se ha puesto en marcha y vamos a seguir haciéndolo», zanja.