El PSOE recupera como delegado para su congreso de Alicante al exalcalde condenado por prevaricación

El PSOE de Alicante ha decidido reincorporar como delegado a Gabriel Echávarri, exalcalde de la ciudad entre 2015 y 2018, condenado en firme por dos delitos de prevaricación. Su nombre figura en la lista de 44 delegados que participarán en el congreso comarcal del partido en L' Alacantí, previsto para el próximo 7 de junio en San Juan de Alicante. La decisión no es menor: supone recuperar políticamente a quien tuvo que dimitir tras provocar el colapso del Gobierno tripartito y facilitar la vuelta del PP al poder municipal.

La inclusión de Echávarri, lejos de pasar desapercibida, supone un paso más en la desconexión entre los discursos de regeneración del partido y su práctica orgánica. El exalcalde no fue condenado por errores administrativos o tecnicismos: los tribunales consideraron que actuó con abuso de poder y de forma arbitraria.

Condenas graves

Gabriel Echávarri fue condenado por dos casos distintos. En el primero, el Supremo ratificó en 2022 una sentencia de ocho años y medio de inhabilitación por fraccionar contratos públicos de forma deliberada desde la Concejalía de Comercio. Entre noviembre y diciembre de 2016, bajo su responsabilidad, se realizaron 25 contratos menores con distintas empresas por un total de 189.762 euros. Al menos nueve de esos contratos, según el tribunal, debieron tramitarse mediante concurso público, ya que compartían objeto y finalidad. La sentencia fue clara: el fraccionamiento se hizo para «eludir la normativa vigente en materia de contratación», burlando los principios de publicidad y concurrencia.

El segundo caso es incluso más grave en términos éticos. Echávarri fue condenado a otros cuatro años y medio de inhabilitación por despedir de forma arbitraria a una funcionaria interina, Catalina Rodríguez, cuñada del entonces portavoz del PP y actual alcalde, Luis Barcala. La trabajadora había ocupado distintos puestos en el área de Cultura. La sentencia dejó sin margen de interpretación: el cese fue una represalia política por una denuncia contra Echávarri. El Supremo calificó la actuación como una «arbitrariedad burda y patente», ejecutada sin respetar «las más elementales normas de procedimiento».

Estas actuaciones no solo rompieron la imagen de limpieza que el PSOE pretendía proyectar entonces, sino que provocaron un terremoto político: la dimisión de Echávarri, el bloqueo interno del tripartito y, finalmente, la recuperación del poder municipal por parte del PP, la fuerza más votada en las elecciones.

Una lista con dudoso filtro ético

Pese a todo esto, la agrupación socialista de Alicante ha reincorporado a Echávarri a una lista que, según la dirección provincial, se ha elaborado con «criterios objetivos» y orden alfabético, en un intento por evitar disputas entre familias internas. La justificación formal no borra el hecho político: su regreso se produce en un momento clave, con la agrupación local descabezada tras la dimisión del secretario general, Miguel Millana, y a las puertas de una renovación comarcal que debería marcar un nuevo rumbo.

Junto a Echávarri figuran nombres de peso como Ana Barceló, actual portavoz municipal y exconsejera de Sanidad de Ximo Puig; Josefina Bueno, exconsejera de Innovación del mismo Gobierno y senadora; Eva Montesinos, exvicealcaldesa; y dirigentes históricos como Ángel Franco o Juana Serna. Todos ellos integran una lista que proclamará a Esther Donate como nueva secretaria general en L' Alacantí. Sin embargo, la presencia del exalcalde condenado introduce una sombra que difícilmente se puede ignorar.

Mientras el partido proclama su intención de cerrar heridas y construir una nueva etapa de unidad, decide rehabilitar sin explicación pública a quien encarna -por hechos probados y sentenciados- uno de los episodios más dañinos para la credibilidad del socialismo alicantino. Un regreso que no parece parte de la solución, sino más bien síntoma de que aún queda mucho por limpiar.