Embalse de La Pedrera (Orihuela), en una imagen de archivo
Los embalses del Tajo que nutren el trasvase al Segura, a rebosar mientras Alicante agoniza
La política hídrica del Gobierno de España reaviva el conflicto entre territorios tras aplicar recortes en plena abundancia y amenaza el futuro agrícola de más de 140.000 hectáreas de regadío
El Tajo rebosa; el Segura se seca. Y Alicante agoniza. Según los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, los embalses de la cuenca del Tajo almacenan actualmente 9.502 hectómetros cúbicos de agua, un 85,94 % de su capacidad total. En cambio, la cuenca del Segura, de la que depende buena parte del abastecimiento del sureste español a través del trasvase Tajo-Segura, apenas alcanza el 31,67 % (361 hm³). En la provincia de Alicante, los niveles son alarmantes: solo hay 96 hm³ embalsados, un 30,48 % del total. Pese a ello, el plan del Gobierno de España de recortar el trasvase Tajo-Segura sigue adelante. Y lo hace en un momento crítico, en el que cada hectómetro cuenta.
La paradoja no ha tardado en encender la respuesta de las instituciones valencianas. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha cargado duramente contra el Gobierno central, al que acusa de ejecutar «un apagón hídrico programado» sin base técnica. «A diferencia de otros apagones, en este caso hay voluntad por parte del Ejecutivo central de realizar un apagón hídrico programado, con determinación política y sin rigor técnico», ha afirmado durante una jornada técnica en Elche sobre el futuro del trasvase.
Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura, que elevan de 1.300 a 1.600 hectómetros cúbicos el umbral necesario para autorizar el trasvase máximo (60 hm³ al mes), han sido calificadas como una «cacicada» por el consejero valenciano de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. «Es incomprensible que, en lugar de apostar por el diálogo y el consenso, el Gobierno central imponga restricciones unilaterales que afectan directamente al presente y al futuro de nuestra agricultura», denuncia.
Estado de los embalses por Cuencas Hidrográficas
La Generalitat Valenciana subraya que con la entrada en vigor de estas reglas, incluso en un escenario de abundancia hídrica como el actual, el trasvase se limitaría a 24 hm³ mensuales. En sequía nivel tres, se reduciría a 9 hm³, de los cuales 7,5 se destinan a consumo humano. El resultado real: solo 1,5 hm³ al mes para riego. «Una reducción de casi el 90 % que hace inviable, por los costes de mantenimiento, el trasvase», recalca el consejero.
Pese a que el Pacto de Albufeira obliga a España a garantizar un caudal anual de 2.700 hm³ al río Tajo en su salida hacia Portugal, actualmente se están enviando 6.616 hm³, casi 4.000 por encima del mínimo exigido. Mientras tanto, se niegan 180 hm³ a la Comunidad Valenciana que «son los que, por ley, justicia y solidaridad hídrica, nos corresponden», critica Barrachina.
Un recorte que «afectará a toda España»
La respuesta de las instituciones valencianas al recorte del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido unánime. Ana Serna, vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, señala que «esta difícil situación solo se podrá revertir con un cambio político y un cambio en las personas que, con sus decisiones, están provocando un déficit hídrico que no solo afecta al Levante español sino que afectará al conjunto de los españoles».
Pablo Ruz, alcalde de Elche, también insta a la unidad institucional: «El apagón de este trasvase supondría la muerte de la agricultura, la vida y el futuro de esta tierra, del Levante español, de la ciudad de Elche y de sus municipios hermanos». Ruz apela a «actuar como un muro de justicia y de verdad frente a un ataque que no tiene justificación ni explicación ninguna».
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en que el Consell seguirá defendiendo el trasvase «para proteger 44 millones de árboles y 70.000 hectáreas de huerta que dependen de esta infraestructura». Mazón ha destacado la inversión de casi 200 millones de euros para modernizar las infraestructuras de depuración de aguas, como parte del esfuerzo autonómico para liderar la reutilización de recursos hídricos en España. «Nos acredita para seguir reivindicando el agua que nos merecemos», asegura.
La situación se resume con claridad en los datos: mientras el Tajo se encuentra a niveles de máximos históricos, la provincia de Alicante agoniza bajo mínimos. Y mientras las decisiones se justifican desde Madrid sin respaldo técnico, en el sureste español se viven como una condena política.
