El campo de Alicante se asfixia con el recorte del trasvase mientras el Tajo se encuentra en máximos históricos

La cuenca del Tajo está esta semana al 85,92 % de su capacidad. Se trata del mayor volumen registrado en los últimos veinte años. Mientras tanto, en el sureste español, los embalses de la cuenca del Segura -de la que dependen las provincias de Alicante, Murcia y Almería- apenas alcanzan el 31 %. Esta situación contrasta aún más si se analizan los datos por provincias: Alicante almacena solo el 31,11 % de su capacidad, Murcia el 36,49 % y Almería un crítico 12,05 %.

Pese a esta disparidad, el trasvase Tajo-Segura, del que dependen más de 2,5 millones de personas y más de 140.000 hectáreas de regadío, continúa recortado por las nuevas reglas de explotación y el aumento del caudal ecológico del Tajo, que serán plenamente efectivos en 2027.

«Decisiones políticas sin base técnica»

Durante una conversación con El Debate, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, la raíz del problema está en una decisión política tomada en 2018. «La promesa que hizo Pedro Sánchez para el electorado en Castilla-La Mancha en una plaza de toros en Albacete fue clara: acabar con el trasvase Tajo-Segura», recuerda. A partir de esa promesa, explica, se orquestó una planificación «a medida» del Plan Hidrológico del Tajo, que obliga a mantener caudales ecológicos más altos justo en el tramo donde se capta el agua para el trasvase, lo que lo hace prácticamente inviable.

«El 50 % del regadío del trasvase está en peligro», advierte Jiménez, apoyándose en datos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Además, señala que las obras alternativas propuestas, como la ampliación de la desaladora de Torrevieja, están paralizadas o sin presupuesto. «Desde el año 2005 estamos hablando de la desalación como solución, pero no hay conexiones, no hay proyectos ejecutados, no hay financiación, y mientras tanto las reglas del trasvase se endurecen».

«Abandono, incertidumbre y ruina»

La preocupación también es máxima entre las organizaciones agrarias. Alberto Travé, delegado territorial de La Unió Llauradora en Alicante, lo explica así: «Estamos totalmente en contra del aumento injustificado del caudal ecológico. No hay ningún argumento técnico por parte del Ministerio de Transición Ecológica que lo justifique. Todo parece político e ideológico».

Travé denuncia además que los regantes de Castilla-La Mancha «no tienen ninguna necesidad por cubrir», y que aun así el trasvase al sur de Alicante «va camino de quedar reducido a cuatro gotitas». Advierte de que los agricultores están frenando inversiones y planteándose abandonar explotaciones. «No se puede estar invirtiendo si no sabes si vas a poder regar o no».

Críticas desde la Diputación

La vicepresidenta de la Diputación de Alicante y secretaria general del Partido Popular en la provincia, Ana Serna, ha acusado directamente al presidente del Gobierno de «ensañarse con los alicantinos». «Sigue sin traer agua y sin hacer llegar un solo euro para las inversiones que necesitan», ha declarado en un comunicado. A su juicio, «el abandono del Ejecutivo central a la provincia es ya incuestionable e indefendible».

Serna también ha criticado con dureza el papel de los diputados del PSOE y de Compromís por Alicante: «Unos diputados que votan para que se reduzca el agua a los regantes de la Vega Baja no están defendiendo los intereses de su tierra». Se refiere al rechazo, en el Congreso, de una propuesta de la Asamblea de Murcia que buscaba frenar el plan del Gobierno que prevé recortar a la mitad el caudal trasvasado en 2027. «Se han puesto en contra de los intereses de la provincia y de los regantes del sur de Alicante», ha apostillado.

Sobre la nueva desaladora anunciada por el Ministerio para Torrevieja, Serna ha asegurado que «el municipio y su alcalde, Eduardo Dolón, han sido los últimos en enterarse» y ha denunciado «una nueva falta de transparencia y cero diálogo por parte del Gobierno de España». Según explica, el proyecto contempla elevar la producción hasta 120 hm³/año, lo que «duplicaría la actual producción de 80 hm³, pero no nos parece un proyecto ambientalmente asumible ni una solución viable ante la falta de agua para la comarca de la Vega Baja».

Una cuenca estructuralmente deficitaria

El Segura es una cuenca deficitaria desde hace décadas. Según Lucas Jiménez, «el Segura va a estar así siempre. Es una cuenca endémica que almacena poco más de 300 hectómetros cúbicos. Si estamos hablando de más de 45.000 a nivel nacional, esto es una ridiculez».

El presidente del Scrats recuerda que en España funcionan actualmente más de 40 trasvases entre cuencas. «Nunca se ha planteado que cada cuenca sea autosuficiente. Hasta ahora, este país se ha sostenido en la solidaridad hídrica», ha asegurado, afeando la política del Ejecutivo central en esta materia. Por eso, desde el sector se exige un Plan Hidrológico Nacional que articule la redistribución racional del agua a nivel estatal.

Travé coincide: «En toda España debe analizarse dónde hay excedentes y dónde hay déficit. No se trata de obras faraónicas, sino de hacer uso de las infraestructuras ya existentes, como el propio trasvase Tajo-Segura». Según el dirigente agrario, los agricultores aún arrastran deudas por las inversiones que hicieron en su día para adaptar sus explotaciones a esta infraestructura. «Si ahora nos quitan el agua, mucha gente quedará atrapada entre la ruina económica y la incertidumbre».

El riesgo inminente de 2027 (o antes)

El plan de escalonamiento del recorte estaba inicialmente previsto para aplicarse de forma gradual hasta 2027. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo podría permitir al Ministerio anticipar su entrada en vigor. «Espero que no lo hagan ya, porque estamos muy perjudicados», afirma Travé. El sector teme que, si se aplica el recorte de golpe, ni las desaladoras ni los proyectos de reutilización estén listos para suplir la pérdida.

La situación ha encendido todas las alarmas en la provincia, donde la Mesa del Agua de Alicante -impulsada por la Diputación- ha contado con el respaldo de todas las fuerzas políticas a nivel local, incluyendo concejales del PSOE. Pero, como denuncian los representantes agrarios, ese apoyo no se traduce en decisiones en Madrid.

Con el Tajo lleno y el Segura en mínimos, la fractura hídrica entre el centro y el sureste se ensancha. El campo de Alicante exige certezas, agua y un plan. Por ahora, solo tiene sed y silencio.